El empresario argentino Lázaro Báez, considerado como un cercano del matrimonio de los expresidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández e, incluso, señalado por algunos como como presunto testaferro de la familia, fue condenado este miércoles a 12 años de prisión por el lavado de US$ 55 millones de dólares entre 2010 y 2013, mientras la duda persigue a la actual vicepresidenta transandina, a quien se le acusa de haber favorecido a Báez con contratos públicos.
Báez fue hallado culpable junto a otra veintena de personas de haber blanqueado ese monto en Panamá y Suiza, paraísos fiscales, y luego repatriar ese dinero a través de la compra de bonos del tesoro argentino, el que fue depositado en las cuentas de la empresa Austral Construcciones, propiedad del empresario. La principal acusación contra el dueño del Grupo Austral fue la de organizar una “banda dedicada a lavar dinero entre 2010 y 2013 agravado por la habitualidad”, señaló el diario Clarín.
Junto con el empresario también fueron condenados en esta causa, que se conoce como “la ruta del dinero K”, sus hijos Martín Báez, a una pena de nueve años de cárcel (como coautor); Leandro Báez, a cinco, y Luciana y Melina Báez, a tres en suspenso, de acuerdo con la lectura de la sentencia. En total, se condenó a 22 personas y se absolvió a tres.
El dinero que lavó Báez le permitió también la adquisición de 1.412 propiedades y vehículos, avaluados en US$ 205 millones. Esa fortuna quedó ahora confiscada por orden del Tribunal Oral Federal N° 4. En 2003, cuando Néstor Kirchner llegó al poder, sólo tenía una casa humilde en Río Gallegos, destacó Clarín.
Además, el TOF 4 ordenó decomisar US$ 61.130.860 y 4.174.697 pesos argentinos en total, que es el producto del delito del lavado de dinero en que incurrieron Lázaro Báez y el resto de los condenados por la justicia. Los decomisos se ejecutarán cuando quede firme la sentencia, precisó el diario La Nación. De toda la plata que involucró la maniobra, la justicia congeló unos US$ 5 millones en Bahamas, unos US$ 800.000 en Suiza y otros US$ 150.000.
Un golpe para la vicepresidenta
Báez, de 64 años, está con prisión preventiva desde abril de 2016, un tiempo que se le descontará a la condena. En septiembre pasado obtuvo el beneficio del arresto domiciliario, con tobillera electrónica. Con la puesta en vigencia de un conjunto de articulados del nuevo Código Procesal Penal, la sentencia no se considerará firme hasta que se pronuncie la Corte Suprema.
Excajero de un banco, Báez creó un imperio de negocios en la sureña provincia de Santa Cruz, donde ganó licitaciones petroleras y de obras públicas durante las presidencias del fallecido Néstor Kirchner (2003-2007) y de Cristina Fernández (2007-2015), según consigna France Presse. El empresario siempre ha negado estas acusaciones y ha asegurado ser “víctima de una campaña atroz” para “atacar el modelo de país inclusivo, justo y soberano que soñó Néstor Kirchner”.
La condena, destaca Europa Press, podría repercutir en las investigaciones a las que está haciendo frente Cristina Fernández. A la actual vicepresidenta se le acusa de haber favorecido a Báez con la adjudicación de 51 obras viales en la provincia de Santa Cruz, de donde vendría, según han apuntado los jueces de esta sentencia, ese dinero ilícito. Se debate, además, sobre presuntos sobreprecios e incumplimientos de contrato en esas concesiones
“La condena contra Lázaro Báez, a la pena máxima que el tribunal podía imponerle, es un golpe indudable para ella”, escribió Paz Rodríguez Niell, editora de La Nación. “Nunca antes la justicia argentina había dictado una sentencia semejante, condenando lavado de dinero de la corrupción al más alto nivel (…). El impacto jurídico que tendrá sobre la vicepresidenta esta sentencia todavía se desconoce, pero se trata, de mínima, de un muy mal augurio, ‘una pésima señal’ de lo que puede venir, tal como lo definió esta mañana un funcionario kirchnerista”, agregó.
“En Argentina existen jueces valientes. Lázaro Báez fue condenado a la pena de 12 años de prisión por lavar dinero de la corrupción. ¿Saben todas las escuelas que se podrían construir con la plata que se robaron? ¿Esto también es una payasada, Presidente?”, dijo Patricia Bullrich en su cuenta de Twitter.
La presidenta del opositor PRO se refería a la reacción del mandatario argentino, Alberto Fernández, quien el martes hizo un llamado a terminar con “la payasada” tras el escándalo de la “vacunación VIP”, que involucró a diversas figuras vinculadas al oficialismo, obligando a la remoción del propio ministro de Salud, Ginés González García. “Yo le pido a los fiscales y jueces que hagan lo que deben”, sentenció Fernández.
