La jugada judicial de Karim Chahuán para sacar del caso al gobierno en investigación por saqueo y tráfico de drogas
Juan Carlos Manríquez, abogado del exconcejal, presentó un requerimiento al tribunal para excluir la querella presentada por la Intendencia de Valparaíso, dado que, según el penalista, esta figura ya no existe desde el 14 de julio, cuando comenzaron a funcionar los delegados presidenciales y las gobernaciones regionales. De prosperar la solicitud, sentaría un importante precedente para todas las causas donde las intendencias actuaron como querellantes, como en las investigaciones de atentados incendiarios en la Macrozona Sur o en las causas vinculadas a desórdenes y ataques a la policía durante el estallido social.
“En virtud de la Ley Nº 21.073 y 21.074, la Intendencia Regional ha dejado de existir como organismo de gobierno y administración regional. Suprimido el cargo de intendente, pierde su calidad de jefe regional y de encargado de administración interior. No existiendo norma expresa que permita su supervivencia para efectos judiciales, decae el presupuesto que se tuvo a la vista al permitir su intervención en este proceso”.
De esta manera, la defensa del exconcejal RN Karim Chahuán, Juan Carlos Manríquez, activó una jugada judicial que busca sacar a la Intendencia de Valparaíso como parte querellante en la causa por robo y tráfico ilícito de drogas, en que se investiga la participación del primo del presidente de RN, Francisco Chahuán. El escrito fue presentado ayer en el Tribunal Oral en Lo Penal de Quillota.
El exconcejal fue formalizado el 3 de diciembre de 2019, tras ser acusado de participar en los saqueos registrados en el mall “Open Plaza” de La Calera, el pasado 29 de octubre de ese año. El caso provocó que el propio senador RN, Francisco Chahuán, pidiera su suspensión inmediata del partido.
Además, el Ministerio Público le imputó al exconcejal los delitos de tráfico de drogas, tráfico de influencias y falsificación de documento público. Este último por una supuesta adulteración de patentes de vehículos, los cuales habrían sido facilitados por Chahuán a una banda de narcotraficantes.
El abogado Juan Carlos Manríquez, quien representa a Chahuán, indicó que “los procesos penales orales deben realizarse válidamente entre aquellos que tienen legitimación activa para actuar e intervenir en ellos, como fiscales, defensores, víctimas y querellantes. Desde el 14 de julio, dos leyes derogaron las facultades del intendente, creando un gobernador temporal y un gobernador regional permanente. Ni uno ni otro son continuadores legales para los efectos penales de las acciones sostenidas por las exintendencias, de manera tal que la calidad de querellante ha desaparecido. La ley no ha contemplado de manera precisa la competencia para que ni los delegados ni los gobernadores regionales tengan la facultad de continuar acciones iniciadas”.
Actualmente, las intendencias ya no operan como tales, sino que fueron reemplazadas, tal como dice Manríquez, por los delegados presidenciales y los gobernadores regionales. Estos últimos fueron electos, a través de elecciones populares, en tanto, el delegado es un representante nombrado por el gobierno de turno.
De prosperar la solicitud de Manríquez al tribunal, esto sentaría un importante precedente para todas las causas donde las intendencias actuaron como querellantes. Por ejemplo, en las investigaciones de atentados incendiarios en la Macrozona Sur, este tipo de querellas son permanentes; lo mismo en las causas vinculadas a desórdenes y ataques a la policía durante el estallido social.
La solicitud será discutida mañana, cuando se reanude la audiencia de juicio oral, instancia en la que, además, se revisará la viabilidad de su realización, debido a que tres de los cuatro acusados en la causa están a la espera de los resultados médicos por contacto estrecho con casos de tuberculosis al interior del penal en el que se encuentran recluidos.
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