El viernes 12 de marzo, a las 23.59, dejó de funcionar en Carabineros el sistema de control de Simcard. Los dispositivos eran usados por la policía para realizar controles de identidad, verificación en línea de antecedentes, órdenes de detención pendientes y hasta -en algunos casos- se consulta a través de ella el registro de personas contagiadas por Covid-19.
La resolución que impide el uso de estos aparatos, tuvo inmediatos efectos en la práctica. “Volvimos a la vieja escuela”, dice una fuente policial, pues desde entonces los controles se están haciendo vía radio, a través de contactos con la Central de Comunicaciones (Cenco), lo que demora la fiscalización y comprobación de datos. “No se dejan de hacer, de ninguna manera”, advierte la misma fuente consultada.
Lo que impacta en el trabajo policial en terreno, sin embargo, tuvo su origen en lo administrativo. Ese viernes 12 de marzo terminó el contrato de Carabineros con GTD Intesis-Servicios, empresa que les proveía de los dispositivos, pero el comienzo de esta historia se remonta al 2019. El 25 de septiembre de ese año, el Departamento de Tecnologías de la Información de Carabineros (TIC-L7) envió los requerimientos técnicos para dar inicio al nuevo proceso Simcar y cinco días después la Dirección de Compras Públicas de Carabineros, a través del Decreto Nº 250, sostuvo que “es de carácter obligatorio realizar un análisis técnico y económico, el cual se confecciona a través del portal Mercado Público mediante consultas al mercado, con la finalidad de obtener cotizaciones de distintos proveedores del rubro y así comparar precios de mercado y características técnicas de los distintos oferentes”.
El llamado, publicado en octubre de ese año, era para contratar una plataforma tecnológica completa, compuesta por: servidores centrales, cuatro mil dispositivos móviles, conectividad (planes de datos), desarrollo evolutivo multiplataforma de funcionalidades operativas, soporte y mantención. Todo por $ 24 mil millones.
Con eso andando, comenzó el proceso de consultas de las bases administrativas, de legalidad en la Contraloría y la posterior toma de razón. Finalmente, cuatro empresas llegaron a la etapa decisiva: Servicios Informáticos Santiago spam UTP (unión temporal de proveedores), The Pegasus Group - GTD Intesis - Servicios Informáticos Santiago spa (SIS), Idemia Identity y Motorola.
Según explican desde Carabineros, el 22 de diciembre de 2020 ingresó el control de legalidad a la Contraloría. En paralelo, la empresa Servicios Informáticos Santiago spam UTP (unión temporal de proveedores) fue rechazada, pues, de acuerdo a la versión de la institución policial, no presentaron el documento de garantía “de seriedad de la oferta exigido en las bases de licitación, según consta en el sitio web de Mercado Público”.
Ahí comenzó una soterrada pelea por la adjudicación del proceso. Cuando una de las empresas ya había sido escogida por Carabineros, las que habían perdido la licitación comenzaron a presionar para, señala una alta fuente policial, “echar abajo todo”.
En paralelo, el diputado UDI Sergio Bobadilla ofició a Contraloría acusando de irregular el proceso abierto por la policía uniformada. En la institución policial defienden la licitación y niegan algún actuar ilegal o irregular, atribuyendo a que siempre las empresas que pierden “levantan sospechas” respecto de la que gana.
Toma de razón y aplicación móvil
Desde Carabineros explicaron que están a la espera de la toma de razón de Contraloría para el control de legalidad, y que con eso destrabado se contaría con el servicio dentro de cuatro meses más, aproximadamente. Asimismo, no descartan, eventualmente, que el proceso sea retirado de Contraloría para realizar un replanteamiento de ciertos aspectos técnicos y/o administrativos.
Es más, la policía ya comenzó a trabajar en la creación de una aplicación para celulares, donde se pueda hacer lo mismo que se hace con la Simcar. Pero, dicen desde la institución, esto tomará su tiempo, pues el proceso de creación está en curso y resta resolver de dónde se sacarán los teléfonos móviles para instalar la plataforma tecnológica que les permita seguir realizando en terreno de forma expedita las fiscalizaciones. Esto, en todo caso, sería momentáneo, pues los dineros que otorga la Dirección de Presupuestos (Dipres) para estas compras ya estaba aprobado, y no pueden ser no utilizados. Todo deberá ser conversado, dicen, entre Carabineros y las autoridades de gobierno.
