“¿Nuestros espías jugaron un papel en el golpe de Pinochet? Pronto lo averiguaremos”. Bajo ese título, la revista política Crikey se refirió al caso que desde este miércoles y hasta el viernes verá el Tribunal de Apelaciones Administrativas (AAT) de Australia en la ciudad de Sídney y que enfrenta al exoficial de inteligencia militar australiano Clinton Fernandes y al director general de los Archivos Nacionales de Australia, David Fricker.
Fernandes, quien actualmente es profesor de estudios políticos e internacionales en la Universidad de Nueva Gales del Sur, en Canberra, que forma parte de la Academia de la Fuerza de Defensa de Australia, intenta que el tribunal ordene la desclasificación de “todos o la mayoría” de los documentos referidos a la presunta participación de Australia en el golpe de Estado en Chile perpetrado por Augusto Pinochet en 1973.
Según Crikey, la campaña de Fernandes para lograr la desclasificación de estos documentos ya se prolonga por cuatro años. El experto en operaciones de inteligencia y política exterior ya intentó sin éxito en 2017 que los Nacionales de Australia desclasifiquen estos documentos sobre el trabajo de los Servicios Secretos Australianos de Inteligencia (ASIS) en Chile, pero ahora también ha puesto en su mira otras agencias secretas del país oceánico.
Esta vez Fernandes presentó una acción legal para que los Archivos Nacionales de Australia pongan a disposición del público los documentos secretos que abarcan desde finales de 1960 hasta mediados de 1970 y que aclararían qué cometido tenían los servicios secretos en Chile.
“Creo que Australia estuvo implicada en el derrocamiento del gobierno democrático de Salvador Allende y bajo la Ley de Archivos los australianos tienen derecho a tener esa información”, dijo a Fernandes a la agencia EFE.
A pesar de que Estados Unidos desclasificó hace dos décadas documentos secretos sobre cómo encubrió y apoyó al régimen de Pinochet, aún quedan muchas interrogantes sobre la actuación de su socio, Australia, en la antesala del golpe, destaca la cadena Deutsche Welle.
“La participación de Australia sigue siendo mucho más opaca y todo lo que sabemos se basa en informes de la comisión real y declaraciones públicas realizadas hace décadas”, apuntó Crikey, que agrega: “Sabemos que los espías australianos estaban apostados en Santiago en ese momento. No sabemos qué estaban haciendo exactamente allí”.
Según el medio australiano, la participación de ASIS se remonta a 1971, cuando el primer ministro liberal Billy McMahon (1971-1972) colocó agentes en Santiago “a pedido de los estadounidenses”. “La mayoría de los australianos, incluso aquellos en altos niveles de gobierno, ni siquiera sabían sobre la existencia de los ASIS, creados por el premier Robert Menzies dos décadas antes”, recuerda Crikey.
Meses después de su mandato, el premier laborista Gough Whitlam (1972-1975) descubrió la presencia de oficiales de ASIS en Chile y ordenó su retirada a principios de 1973. Más tarde confirmaría ante el Parlamento de Canberra, en 1977, que los agentes habían estado en el país.
Pero, según Crikey, se sabe que al menos un agente de ASIS permaneció en Chile hasta octubre de 1973, un mes después del golpe. También se conoce que los oficiales de la ASIO (la agencia australiana que normalmente maneja los asuntos de seguridad interna) permanecieron en el país, haciéndose pasar por agentes de migración y ayudando a la CIA hasta después del golpe.
“No hay forma de que podamos decir que no estuvimos involucrados”, dijo Fernandes. “Puede ser que no se trate de una participación tangencial menor. Bien puede ser precisamente por nuestra lejanía que fuimos útiles para la CIA”.
Dos años después de presentar su primera solicitud a los Archivos Nacionales para que publicaran documentos sobre el papel de ASIS en Chile, la agencia lo rechazó, citando una exención en la Ley de Archivos que prohíbe la liberación de material que pueda dañar la “seguridad, defensa o relaciones internacionales” de la Commonwealth. Casualmente, los archivos están encabezados por David Fricker, exsubdirector general de la ASIO.
Y la situación parece no haber cambiado en la actualidad. Según Crikey, el gobierno y las agencias de inteligencia australianas están luchando para mantener esa información en secreto. De hecho, este miércoles, en el inicio de la vista del caso ante el Tribunal de Apelaciones Administrativas, el Ejecutivo de Australia rechazó desclasificar los documentos.
El abogado del gobierno australiano, Andrew Berger, remarcó durante la vista que la divulgación de “asuntos altamente especializados” pueden poner en peligro a Australia, aun medio siglo después de ocurridos esos hechos. Asimismo, consideró que la desclasificación de los documentos podría contener, frases, nombres, registros u otros elementos que pueden caer en manos de “adversarios extranjeros” o atentar contra la seguridad del país.
En tanto, Anthony Sheehan, subsecretario de Seguridad Internacional del Ministerio de Exteriores de Australia y primer testigo del caso, señaló que existen “aspectos (en los documentos) que necesitan ser protegidos”, al considerar que la desclasificación supone “un riesgo real” para las “relaciones internacionales y la seguridad” del país.
En la vista a la que tuvo acceso virtual la agencia EFE, el abogado de Fernandes, Ian Latham, dijo que la desclasificación de estos documentos es “de interés público”, porque “llenarán algunos de los vacíos históricos” en Australia. Latham también remarcó que su cliente no desea revelar el nombre de los agentes implicados, incluso después de muertos, ni tampoco “revelar detalles de las técnicas de vigilancia”.
“Muchos australianos tendrían derecho a expresar su legítima preocupación si se descubriera que ASIS o ASIO cooperaron con Estados Unidos, Reino Unido o los servicios de inteligencia chilenos durante el régimen de Pinochet”, argumentó Fernandes en un documento presentado ante el AAT.
Fernandes considera que la colaboración pudo darse, “por ejemplo, ayudando a crear lo que la CIA llamaba un ‘clima golpista’ para destruir la economía y animar a los militares chilenos bajo el mando del general Augusto Pinochet a dar el golpe de Estado”.
Las vistas del caso serán en su mayor parte a puertas cerradas, debido a que la fiscal general, Michaelia Cash, señaló en una orden emitida el 25 de mayo que los testimonios de asuntos “confidenciales” en el caso “perjudican la seguridad, defensa y relaciones internacionales” de su país. Por esta razón, Fernandes solo podrá comparecer y presenciar la primera media jornada del proceso.
