A poco más de un mes de las elecciones presidenciales, la violencia en Colombia no da tregua. El miércoles seis soldados murieron después de un ataque con explosivos lanzado por integrantes del Clan del Golfo, una banda de narcotráfico, cuyo jefe, Dairo Antonio Úsuga, fue capturado en 2021. El atentado ocurrió en zona rural de Frontino, un municipio ubicado al oeste de Antioquia, cuando los militares se desplazaban en un vehículo al salir de un operativo. Otros cinco efectivos resultaron heridos y uno más seguía desaparecido.
Se trató del cuarto hecho de violencia en Colombia solo durante esta semana, que comenzó con una masacre en Arauca, en la frontera con Venezuela, que dejó cuatro muertos, entre ellos dos niños. Los cuerpos estuvieron más de 24 horas sin ser recogidos por la Fiscalía, que señaló que había “difíciles condiciones meteorológicas” para llegar al lugar, indicó el diario El País.
Con este hecho violento, ya se han registrado 33 masacres en el país en los primeros cuatro meses de 2022, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz). Y da cuenta de la situación que se vive desde hace meses en diferentes localidades del país, producto de la ola de violencia que también ha llegado a las calles de la capital, Bogotá, donde a fines de marzo dos niños murieron y más de 30 personas resultaron heridas tras la detonación de una carga explosiva oculta dentro de una maleta en una comisaría.
El acuerdo de paz de Colombia, firmado en 2016 por el gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), se suponía que daría paso a una etapa en el país que soportó más de cinco décadas de guerra. El acuerdo consistía en que los rebeldes dejarían las armas, mientras que el gobierno llenaría las zonas de conflicto con oportunidades de trabajo, aliviando así la pobreza y la desigualdad que dieron origen a la guerra.
Miles de combatientes de las Farc abandonaron las armas. Sin embargo, la presencia del gobierno no se hizo efectiva en muchas localidades. Y, en cambio, regresaron los asesinatos, desplazamientos y la violencia en varias zonas rurales, a niveles que en algunos sectores han llegado a ser peores que antes del acuerdo.
Las masacres y los asesinatos de defensores de derechos humanos se han disparado desde 2016, según Naciones Unidas. Y el desplazamiento sigue siendo sorprendentemente alto, con 147.000 personas obligadas a huir de sus hogares solo el año pasado, según datos del gobierno.
En toda Colombia, los enfrentamientos entre grupos armados están en el nivel más alto que se ha alcanzado desde que se firmó el acuerdo de paz, según la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), un tribunal creado por el acuerdo para investigar la guerra. El año pasado murieron más de 13.000 personas, el mayor número desde 2014.
Ahora hay seis conflictos distintos en el país, según el Comité Internacional de la Cruz Roja, tres de los cuales involucran a exgrupos de las Farc. Se estima que tras el acuerdo de paz muchos grupos quedaron activos. La ONG Indepaz estima que dichas colectividades suman hoy unos 5.000 combatientes.
Un reportaje realizado por el diario The New York Times explica que la razón de este aumento de los actos de violencia se encuentra en el vacío territorial que dejó la antigua insurgencia y la ausencia de muchas de las reformas gubernamentales prometidas. Esto ha desencadenado gran criminalidad a medida que se forman nuevos grupos, y los antiguos mutan, en una batalla por controlar las florecientes economías ilícitas.
Es el caso, señala el Times, de los miembros de la milicia Comandos de la Frontera, que ahora se enfrentan con el Frente Carolina Ramírez, otro grupo encabezado por antiguos líderes guerrilleros, por el control del Putumayo y el Caquetá, dos departamentos de la Amazonía colombiana, cerca de la frontera con Ecuador y Perú, que tienen un papel fundamental en el tráfico de drogas.
El periódico estadounidense explica que aunque muchos colombianos llaman a estos nuevos grupos “los disidentes”, en referencia a los combatientes de las Farc que rechazaron el acuerdo de paz, su composición es más compleja. En algunos se han unido antiguos enemigos -rebeldes, soldados y paramilitares-, así como nuevos reclutas y miembros del crimen organizado, todos en torno al atractivo de un sueldo.
Según el gobierno colombiano, los grupos luchan por las rutas de contrabando de drogas de Colombia a Venezuela, una puerta de entrada a los lucrativos mercados de Norteamérica y Europa.
La lucha en la frontera se detuvo en 2010, después de que las facciones en guerra firmaran una tregua que llamaron “no más confrontación entre revolucionarios”. Para ese momento, al menos 868 civiles habían muerto y 58.000 personas habían sido desplazadas, según un informe de Human Rights Watch (HRW). Sin embargo, las tensiones continuaron creciendo hasta que estalló la violencia de este año.
Según Angelika Rettberg, politóloga de la Universidad de los Andes e investigadora del Instituto Alemán de Estudios Globales y Regionales (GIGA), uno de los principales factores del auge actual de la violencia en Colombia está relacionado con el narcotráfico, los cultivos ilícitos y las actividades que organizaciones criminales llevan a cabo para hacerse del control territorial. “Ese es un factor que se agravó por los vacíos que dejó la salida de las Farc de algunos territorios y por la llegada de otras organizaciones al país, como carteles mexicanos que operan en zonas del Cauca”, indicó Rettberg a la cadena Deutshe Welle.
La experta indica que existe una compleja situación en las fronteras del país, tanto en el sur como en el norte, donde no solamente hay contrabando y narcotráfico, sino también un problema de gobernanza local que contribuye a la inseguridad de la zona. Y otro factor tendría que ver con las polarizadas elecciones presidenciales del próximo 29 de mayo. Entre los ocho candidatos, los que más repuntan son el izquierdista Gustavo Petro y el derechista Federico Gutiérrez.
“Los disidentes de las Farc o el ELN, por ejemplo, son grupos que están tratando de llamar la atención, recordándonos que están activos y que quieren ser tomados en cuenta”, sostiene Rettberg.
Algunos expertos en seguridad consultados por The New York Times advierten que si el gobierno no asume un papel más crucial en el combate a estas milicias y en el cumplimiento de las promesas del acuerdo, el país podría dirigirse hacia un Estado más parecido a México, asolado por las bandas de narcotraficantes que se disputan el territorio, que a la Colombia de principios de este siglo.
“Hay un largo camino por recorrer para volver a 2002″, dijo al diario estadounidense Adam Isacson, director de supervisión de defensa en la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), refiriéndose al recuento de víctimas durante uno de los peores años de la guerra. “Pero ahora mismo estamos en ese camino”, agrega.
Para el politólogo Saruy Tolosa, coordinador en Bogotá de la fundación alemana Friedrich Ebert (FES), cercana al Partido Socialdemócrata alemán (SPD), la escalada de la violencia muestra también las deficiencias en políticas de seguridad del gobierno del conservador Iván Duque. “La política de seguridad ha sido un fracaso. Durante este período hemos visto un aumento de masacres, de violencia contra la población civil, de asesinatos a líderes sociales en territorios que fueron incluidos en el acuerdo de paz para que reciban no solo apoyo militar, sino también de carácter social, con escuelas, jueces y centros de salud”, comentó el experto en entrevista con la Deutsche Welle.
