Las advertencias ya estaban instaladas en el debate público. Si el crecimiento del gasto público no se comienza a moderar el próximo año, retirando el impulso transitorio que se utilizó para enfrentar la crisis económica derivada de la pandemia, la situación hacia adelante será compleja, afectando a la economía del país como un todo, pero también directamente a las familias. Y este martes, el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) lo volvió a plantear, con números en mano, al entregar su informe anual ante la Comisión Especial Mixta de Presupuestos.

A juicio del Consejo “resulta imprescindible iniciar un plan de convergencia fiscal exigente y creíble, que resguarde la sostenibilidad de las finanzas públicas y corrija su reciente prociclicidad. En caso de que ello no ocurra, se corren serios riesgos de retrocesos adicionales en calificación crediticia y eventualmente nuevos aumentos en el costo de financiamiento para las familias, empresas y el Estado”.

Agregó que “los resultados del modelo para el análisis de sostenibilidad fiscal del CFA muestran que, si no se realiza la consolidación requerida en el futuro cercano, en pocos años la deuda neta podría llegar a niveles incompatibles con la sostenibilidad de las finanzas públicas”.

Teatinos 120, la sede del Ministerio de Hacienda

Así, en su informe entregó distintos escenarios de deuda pública y déficit fiscal estructural hacia el mediano y largo plazo. Este ejercicio es definido como uno en que la política fiscal resulta compatible con las metas y proyecciones anunciadas por el Ejecutivo hasta la fecha.

Para el mediano plazo, la trayectoria para el balance estructural deriva de los supuestos presentados por el gobierno en el Informe de Finanzas Públicas del segundo trimestre. Este contempla un déficit fiscal estructural de 3,9% del PIB para 2022 y hacia adelante fija una reducción de dicho déficit a un ritmo de 1% del PIB por año, hasta llegar en 2025 a -0,9% del PIB y una deuda pública de 37,6% del PIB a ese mismo año. A partir de 2026, se asume un balance estructural de -0,5% del PIB.

El CFA entrega tres escenarios distintos para la consolidación fiscal de corto plazo (bajo, medio y alto), y se fijan tres trayectorias de convergencia para el mediano y largo plazo (lenta, intermedia y rápida). Para cada escenario de corto plazo descrito, se trazan tres trayectorias de convergencia de mediano y largo plazo (desde 2023 en adelante), que corresponden a una convergencia de 0,25% del PIB por año en el caso lento, 0,5% del PIB en el caso intermedio y 1% del PIB en el caso rápido.

Respecto al 2021, todos los marcos de análisis parten asumiendo que se cumple el escenario base, donde el déficit estructural es de 10,7% del PIB. Y en el corto plazo se asume un retiro de las medidas transitorias de la pandemia en tres escenarios, que resultan en variaciones reales del gasto público en 2022 de -4,3%, -11,8% y -19,2%, respectivamente, para una consolidación baja, media y alta.

La Directora de Presupuestos, Critina Torres y el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda

Los escenarios en cuestión

En el escenario que combina una baja consolidación fiscal de corto plazo (déficit estructural de 8,4% en 2022) y una convergencia lenta del balance estructural (0,25% del PIB por año desde 2023 en adelante), la deuda neta sube hasta 59% del PIB al 2025. Mientras que si combina una consolidación media en el corto plazo partiendo en -6,2% en 2022 y se reduce 0,25% por año, la deuda llegaría a 50,4% del PIB en 2025. Ahora, si el punto de partida es como lo proyecta Hacienda, es decir, con un déficit de 3,9%, la deuda llega a 42% del PIB en 2025.

Para el caso que combina una consolidación media en el corto plazo de 0,5% por año, partiendo con un déficit estructural de 8,4%, se llegaría a 57,5% del PIB en 2025; si se parte en -6,2%, la deuda terminaría en 2025 en 49% del PIB y si se iniciara el proceso de consolidación en 3,9%, la deuda se ubicaría en 41% del PIB en 2025.

En el caso de una consolidación fiscal alta en el corto plazo, es decir, de 1% por año y partiendo con un déficit de 8,4% del PIB, la deuda pública sería de 54,6% del PIB en 2025, mientras que, si se parte con un déficit de 6,2% la deuda bajaría a 46% del PIB y si se logra el escenario previsto por Hacienda de comenzar con un déficit de 3,9% en 2022, la deuda sería de 37,6% del PIB en 2025-

Interantes del CFA

De acuerdo al CFA, el análisis de sostenibilidad muestra que, “de no realizarse los ajustes requeridos en un futuro cercano, en pocos años la deuda neta podría llegar a un nivel incompatible con la sostenibilidad fiscal”. Por ello, enfatiza que “sin una reversión significativa de las medidas transitorias de la pandemia en 2022 y de efectuarse una reducción lenta del déficit estructural para los años posteriores (0,25% del PIB por año), la deuda neta podría alcanzar niveles en torno a 100% del PIB en un horizonte de 15 años”.

En estos casos, menciona que “los gastos en intereses se ubicarían sobre 3% del PIB en un horizonte de 10 años, llegando incluso sobre 5% del PIB en las próximas dos décadas, lo que contrasta con el 1% del PIB que representaban en 2020, quitando espacio de gasto a prioridades de política pública”.

Por todo aquello, el Consejo insiste “en la necesidad de que se generen consensos políticos transversales sobre la consolidación fiscal y el fortalecimiento de la institucionalidad, de forma tal de darles estabilidad y credibilidad en el tiempo”.