Los disturbios en Sudáfrica provocados por el encarcelamiento del exmandatario Jacob Zuma se intensificaron este martes, a pesar de los pedidos de calma y el despliegue de miles de soldados en las calles para reforzar a la policía. El Presidente Cyril Ramaphosa describió la violencia mortal y las protestas como sin precedentes en los 27 años transcurridos desde el fin del régimen del apartheid. El número de muertos en estos días de disturbios ha aumentado a 72, algunos por heridas de bala, mientras que 1.300 personas han sido arrestadas, según informa el diario The Guardian.

Dirigiéndose al país el lunes por segunda noche consecutiva, Ramaphosa condenó los disturbios como “actos oportunistas de criminalidad”, y dijo que se estaba desplegando el Ejército para restaurar la calma.

“Algunas partes del país se están recuperando de días y noches de violencia pública, destrucción de propiedades y saqueos de un tipo raramente visto antes en la historia de nuestra democracia”, añadió.

Las protestas estallaron después de que Zuma se entregara a las autoridades penitenciarias el 7 de julio por orden de la Corte Constitucional, que lo declaró en desacato por negarse en varias ocasiones a comparecer ante una comisión que investigaba denuncias de corrupción durante sus nueve años como Presidente, cuyo mandato terminó en 2018. Zuma, que deberá pasar 15 meses en prisión, ha negado la corrupción generalizada durante su administración.

La violencia comenzó el viernes con carreteras bloqueadas y la quema de camiones en la provincia de KwaZulu-Natal, centro tribal zulú, después de que Zuma fuera a prisión. Los disturbios se extendieron luego a Johannesburgo, la ciudad y centro industrial más grande del país, donde los centros comerciales fueron saqueados e incendiados y las carreteras bloqueadas.

“Al comienzo de estos disturbios, es posible que algunas personas buscaran hacer campaña por la violencia y el desorden por motivos étnicos”, dijo Ramaphosa, refiriéndose a las protestas iniciales de los partidarios de Zuma, quien fue el primer presidente zulú del país. “Sin embargo, lo que estamos presenciando ahora son actos oportunistas de criminalidad con grupos de personas que instigan el caos simplemente como una pantalla para saqueos y robos”.

La investigación de corrupción contra Zuma se conoce como la Captura del Estado y está dirigida por el juez Raymond Zondo. Esa investigación analiza si, durante sus años de gobierno (2009-2018), el aparato estatal sudafricano funcionó como un engranaje para beneficiar de forma fraudulenta al poder y a empresarios afines, que presuntamente definían incluso la entrada y salida de los ministros en función de sus intereses.

En la investigación judicial sobre la corrupción durante su mandato se han escuchado testimonios condenatorios de exministros del gabinete y altos ejecutivos de corporaciones estatales. Ellos aseguran que Zuma permitió que sus asociados, miembros de la familia Gupta, influyeran en los nombramientos de su gabinete y en los lucrativos contratos.

Como Zuma alega que todas las acusaciones responden a una persecución política, el expresidente se negó repetidamente a declarar ante la comisión. Emitió varios comunicados asegurando que iría a la cárcel antes que a declarar y cuestionando la imparcialidad e independencia de los jueces. “Estoy listo para convertirme en prisionero del Tribunal Constitucional”, afirmó el 14 de abril.

El encarcelamiento de Zuma marca una caída significativa de una figura destacada del Congreso Nacional Africano (ANC). La colectividad, que se encuentra en el poder por 27 años desde las primeras elecciones plenamente democráticas de Sudáfrica en 1994, está dividida sobre el legado de Zuma y sobre si debería ser encarcelado a los 79 años. Las protestas iniciales en apoyo de Zuma después de su encarcelamiento fueron de zulúes simpatizantes reunidos por familiares y funcionarios del ANC leales al expresidente.

Es la primera vez que un expresidente ha sido encarcelado en la Sudáfrica posterior al apartheid y ha sido visto como un hito para el Estado de derecho en el país, así como una victoria para el Presidente Ramaphosa. Pero la violencia posterior ha empañado este logro, dicen los analistas consultados por el diario The Guardian.

La decisión de encarcelarlo fue el resultado de procedimientos legales considerados una prueba de la capacidad de Sudáfrica posterior al apartheid para hacer cumplir el Estado de derecho, incluso contra políticos poderosos.

En una audiencia virtual el lunes, el abogado de Zuma pidió a la Corte Constitucional que rescindiera su pena de cárcel, citando una regla según la cual la sentencia puede reconsiderarse si se hace en ausencia de la persona afectada o si contiene un error de procedimiento. Pero los expertos legales dicen que las posibilidades de éxito de Zuma son escasas.

Los principales partidarios de Zuma, haciéndose eco de la línea del expresidente, dicen que es víctima de una caza de brujas orquestada por opositores políticos. El excombatiente anti-apartheid sigue siendo popular entre muchos sudafricanos pobres.

Analistas consultados por The Guardian señalan que el encarcelamiento de Zuma fortalecerá aún más la facción moderada y pragmática del partido gobernante y socavará significativamente las redes arraigadas dentro del gobierno y la burocracia de Sudáfrica leal al exlíder.

El expresidente está siendo juzgado por cargos de corrupción relacionados con un negocio de armas en 1999, cuando era vicepresidente. Las denuncias señalan que el político supuestamente recibió sobornos del fabricante de armas francés Thales. Su asesor financiero ya fue condenado y encarcelado por ese caso.

En 2005, Zuma fue acusado de violación, pero fue absuelto al año siguiente después de que el tribunal determinara que las relaciones sexuales fueron consensuadas.

En 2009 ganó las elecciones presidenciales del país, pero en 2018, la creciente evidencia de corrupción desenfrenada en su administración hizo que su partido, el gobernante Congreso Nacional Africano, lo obligara a dimitir.

Los disturbios se producen cuando Sudáfrica lucha contra una severa tercera ola de la pandemia de coronavirus impulsada por la variante delta altamente contagiosa. Más de un año de restricciones ha exacerbado la pobreza y el desempleo en todo el país, que durante mucho tiempo ha sufrido de niveles extremadamente altos de desempleo y desigualdades que persisten casi tres décadas después del fin del apartheid en 1994.

El gobierno provincial de Gauteng, que ha sido el más afectado por la tercera ola, dijo que los sitios de vacunación estaban cerrados debido a las protestas y que los servicios de emergencia estaban luchando por responder a las llamadas de socorro debido al acceso limitado.

Según el sitio Our World in Data, de los 60 millones de habitantes de Sudáfrica solo el 6,5% ha recibido una dosis de la vacuna, mientras que el 2,4% completó su esquema de inoculación. Con 2,2 millones de casos de Covid-19, además es el país africano con más muertos por la enfermedad, con 64.509.