A través de una resolución de seis páginas, el fiscal nacional, Jorge Abbott, informó a sus fiscales regionales y asesores de una importante decisión: el cambio de investigador en la causa por eventuales delitos de lesa humanidad tras el estallido social que desde 2019 tramitaba la fiscal de Valparaíso, Claudia Perivancich.

La decisión de la autoridad se funda en que, hasta ahora, la investigación por violaciones a los derechos humanos ocurridas en manifestaciones que tuvieron lugar entre el 18 de octubre de 2019 y el 31 de diciembre de 2020 estaban acumuladas en dos regiones distintas. Por un lado, Perivancich indagaba aquellas querellas acogidas a trámite y que decían relación con eventuales responsabilidades penales de las autoridades de la época, como el Presidente Sebastián Piñera, sus ministros y el general director de Carabineros, Mario Rozas. En tanto, en una hebra paralela, la Fiscalía Centro Norte indagaba eventuales responsabilidades de mando en la policía uniformada, al momento de decretar los procedimientos policiales durante las manifestaciones.

Como ambas causas se instruían de manera independiente una de la otra -aunque había comunicación para coordinar diligencias en particular-, Abbott decidió agruparlas y que estas queden solo en manos del fiscal regional Centro Norte, Xavier Armendáriz.

En su resolución del 22 de febrero, Abbott señaló que “a pesar de que las investigaciones penales citadas tratan de delitos distintos, unos sancionados bajo la Ley 20.357 (tipifica crímenes de lesa humanidad) y los otros sancionados en las normas del Código Penal, su tramitación ha dado cuenta de la identidad base de los hechos indagados”, por lo que decidió establecer que un mismo fiscal “dirija las investigaciones presentes o futuras sobre tales hechos, con miras a asegurar la unidad de acción y la coherencia en las decisiones que se adopten por parte del Ministerio Público en estas causas”.

El fiscal nacional agregó que Perivancich ha estado trabajando ”colaborativamente y en coordinación con las las fiscalías regionales metropolitanas”, en un proceso articulado por la Unidad Especializada en DD.HH. de la Fiscalía Nacional. En ese contexto, consignó Abbott, estaba trabajando en el análisis de un universo aproximado de 200 investigaciones penales, a cargo de diversas fiscalías territoriales.

Como Perivancich y su equipo dirigen la investigación desde Valparaíso, Abbott consideró que, dado el volumen del caso, era más adecuado concentrar las pesquisas en Santiago. “La actual etapa investigativa demanda la realización de múltiples diligencias que necesariamente deben desarrollarse en territorios distintos de dicha fiscalía y, particularmente, de la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte, en los que tuvieron lugar la mayoría de los hechos, lo que para la Fiscalía de Valparaíso implicaría un despliegue muy importante que podría implicar desatender casos importantes y propios de la competencia de esa fiscalía regional”, se lee en la resolución.

Además, el fiscal nacional ordenó que todas las fiscalías regionales reporten a Armendáriz toda la información que tengan sobre causas asociadas al estallido social, “como también aquellas que se puedan generar a partir de la entrada en vigencia de la presente resolución, en las que se pida perseguir responsabilidades de mando o que ésta pueda desprenderse de los hechos investigados, remitiendo los antecedentes que les sean requeridos en virtud de esta información”.

Desde la defensa del general director, el abogado Jorge Martínez, señaló que “lamentamos el alejamiento de la fiscal Perivancich, quien mantuvo e hizo cumplir a cabalidad el principio de objetividad e imparcialidad que establece la Ley Orgánica del Ministerio Público. Esperamos que esos mismos principios se lleven adelante en la investigación del fiscal Armendáriz, junto con la fiscal Ximena Chong, porque, de no ser así, ejerceremos todas las acciones legales en defensa de tanto la institución y los generales, activos o en retiro”.

En concreto, la Fiscalía Centro Norte deberá tener a su cargo la investigación por eventuales crímenes de lesa humanidad y las eventuales responsabilidades de mando de Carabineros, donde ya hay una pesquisa en curso a cargo de la fiscal de Alta Complejidad Ximena Chong. Por tal motivo, pese a que la titularidad de la acción penal está bajo el mando de lo que decida Armendáriz, será la investigadora quien coordine las pesquisas, ya que en la unidad que dirige están radicados desde hace dos años los casos.

Por ahora, Chong mantenía dos investigaciones que tenían que ver con la responsabilidad de mando, tras acogerse dos querellas por presuntos abusos policiales en Maipú y Plaza Italia. En esa causa, la investigadora ha decretado una serie de diligencias para identificar las líneas de mando de la policía uniformada.

La fiscal Chong es una “antigua conocida” en Carabineros. En octubre, la persecutora asumió las pesquisas por el adolescente de 16 años que fue impulsado por un policía desde el puente Pío Nono hacia el río Mapocho.

Sus diligencias activaron tensiones entre el Ministerio Público y Carabineros, donde, incluso, el propio fiscal Abbott ofició al Ministerio del Interior por supuestas amenazas contra la fiscal, mencionando a un teniente coronel de Carabineros. El caso, luego, derivó en que un grupo de ocho personas (ningún policía) fuera detenido por hostigamientos a la persecutora.

Con la decisión de la máxima autoridad del Ministerio Público, la fiscal Chong volverá a protagonizar las pesquisas de una causa que exautoridades civiles y policiales observan con especial atención.