A dos días de que se retome el debate del cuarto retiro en el Congreso, el Presidente Sebastián Piñera firmó la ley corta de pensiones para que inicie su tramitación en la Cámara de Diputados, aunque al cierre de esta edición aún no había ingresado al Parlamento.

El proyecto contempla tres pilares que ya habían sido anunciados. Aumentar la Pensión Básica Solidaria (PBS) a $178.950 mensuales, subir la cobertura del Pilar Solidario desde el 60% al 80% de la población y la creación de un seguro de lagunas previsionales. Estas modificaciones beneficiarán a 545 mil pensionados. De ellos, 101.000 personas serían por PBS; y otros 444.000 pensionados que reciben pensiones inferiores a $520.366, y que ahora podrán acceder al Aporte Previsional Solidario (APS).

Pero las novedades estuvieron por el lado del financiamiento. El Ejecutivo dijo que la iniciativa ingresará con discusión inmediata y especificó cuáles son las exenciones tributarias a las que se les pondrá fin o se reducirán para el financiamiento del proyecto. Además, desde el gobierno ajustaron el cálculo del costo fiscal de la iniciativa, que ahora lo estimaron en US$1.100 millones en régimen, aproximadamente un 0,32% del PIB.

Esto está por debajo de lo proyectado por la autoridad hace algunos días, cuando se estimaba que serían entre US$1.500 millones y US$1.600 millones. Fuentes del gobierno explicaron que cuando hablaban de US$1.600 millones era una cifra que usaron como referencia según el costo que se estimó cuando ingresaron las indicaciones de la reforma previsional en marzo de este año, por lo que el monto se redujo producto de que ya no se considera el seguro de dependencia. Además, en marzo se calculó la PBS según el valor en que estaba en ese momento, pero como la PBS ha venido subiendo, se redujo el margen a cubrir.

Y el Presidente Piñera comunicó que serán cinco las exenciones que se proponen, con las que se recaudarían al menos US$1.105 millones en régimen, según cálculos que hizo la Dipres contenidos en una minuta del gobierno.

Así, el Mandatario detalló este lunes que el proyecto “incorpora un financiamiento permanente a través de la eliminación o reducción de un conjunto de exenciones tributarias que no se justifican, y que están relacionadas con las ganancias de capital en el mercado bursátil, los créditos de IVA a empresas constructoras, los beneficios de vivienda DFL2 a aquellos que tienen más de dos viviendas, las exenciones a los servicios, y los impuestos a la herencia y donaciones relacionadas con los seguros de vida”.

La minuta del gobierno explica que con el impuesto a las ganancias de capital se recaudarían unos US$56 millones en régimen, pues se aplicará una tasa de impuesto único de 5% a las ganancias de capital para el artículo 107 de la Ley de Impuesto a la Renta, es decir, en acciones y derechos sociales, por lo que no se incluye venta de bonos por ejemplo. Allí se explica que esto comenzará a regir seis meses después de la publicación de la ley.

En este punto, seguirán exentos los inversionistas institucionales locales y no residentes, en línea con la recomendación que hizo la Comisión Tributaria. “Para los no institucionales, algunos recomendaron aplicar un impuesto único entre 5% y 15%”, dice la minuta. Así, el gobierno optó por el piso, para que sea de menor impacto.

“Un impuesto a las ganancias de capital tiene impacto en el mercado financiero. Sin embargo, una tasa acotada como la que se propone, atenúa los impactos en el mediano plazo, y mantiene un mercado financiero profundo y líquido”, dice la minuta.

Es en la eliminación del crédito IVA en la construcción (CEEC) donde el Ejecutivo espera recaudar el monto más alto entre estas cinco excenciones, puesto que lo estima en US$605 millones en régimen.

Allí se propone una “reducción transitoria del beneficio para construcción de viviendas cuyo costo de construcción sea de hasta UF 2.000, a la mitad (32,5%) del débito IVA para aquellos contratos a contar del 1 de enero de 2022. Este beneficio se eliminará para aquellos contratos celebrados desde el 1 de enero de 2024 en adelante”.

Justamente la Comisión Tributaria recomendó eliminar este beneficio, “pues sus objetivos pueden lograrse mediante otros instrumentos de política pública más efectivos y equitativos”, dice la minuta.

Y agrega que “la disminución de este beneficio podría presionar los precios de las viviendas menores a UF 2.000 al alza. Sin embargo, parte importante de la disminución del CEEC podría ser absorbida por las empresas constructoras”.

Lo que ven desde el gobierno es que la construcción sigue con dinamismo, la demanda continúa alta, por lo que el traspaso a precios que podría tener este cambio estiman que sería mínimo, señalan fuentes del gobierno.

El segundo ítem donde el Ejecutivo espera recaudar más recursos es con la modificación a las exenciones a servicios, pues lo estiman en US$431 millones en régimen.

Hoy la ley estipula que algunos servicios pagan IVA, en cambio, ahora se señalará que por regla general todos los servicios estarán afectos con IVA, con excepción de algunas áreas que quedarán estipuladas de forma expresa, “como los servicios personales prestados por personas naturales mediante la emisión de boletas de honorarios, los servicios de educación y transporte de pasajeros, y se incorpora una exención a los servicios de salud”.

La minuta agrega que “la Comisión Tributaria recomendó gravar con IVA todos los servicios, sin distinción, y mantener o establecer exenciones para casos justificados de acuerdo con criterios preestablecidos. La práctica generalizada en la OCDE es de gravar con IVA los servicios, excepto los que tienen que ver con necesidades básicas, como salud, educación y transporte, por ejemplo. Esto empareja la cancha respecto a la tributación de IVA que han tenido los servicios en nuestro país, y reduce espacios de elusión”.

De esta manera, si surgen nuevos servicios a futuro, tendrían que pagar IVA de forma automática.

Son US$13 millones los que el gobierno proyecta recaudar en régimen con la eliminación de beneficios DFL2 para quienes las adquirieron antes del año 2010. La minuta señala que “se aplicará el límite de 2 viviendas con beneficios (ingresos por arriendo no califican como renta y rebajas en impuestos a la herencia y territoriales) sólo para personas naturales, independiente de su fecha de adquisición”.

Allí recuerdan que “la Comisión Tributaria recomendó eliminar los beneficios asociados a las viviendas DFL 2, ya que no se justifica mantener beneficios para las viviendas adquiridas con anterioridad al 2010″. También señalan que “sigue vigente el beneficio para las dos primeras viviendas para facilitar el acceso a la vivienda para la clase media”.

También se menciona que “el mercado inmobiliario ha mostrado un dinamismo sostenido en los últimos años, por lo que el impacto de esta medida será acotado”.

Hay un ítem en que el gobierno no pudo estimar cuánto es lo que se recaudará: la eliminación de beneficios de los impuestos a la herencia en seguros de vida. Es por esto que la recaudación debería ser mayor a los US$1.105 millones, ya que en ese cálculo solo se consideran las exenciones anteriores.

En este ítem, la minuta señala que “se eliminará la exención del pago de impuesto a la herencia de las sumas percibidas en cumplimiento de contratos de seguros de vida firmados después de la entrada en vigencia de la ley”.

También recuerdan que la Comisión Tributaria recomendó eliminar este beneficio, ya que reduce espacios de elusión.

Fuentes del gobierno señalan que no se puede estimar el impacto de esta medida porque no existe información para hacer el cálculo. Eso sí, el proyecto también vendría con un cambio que entregaría más facultades legales al SII para que pueda pedir mayor información, y así poder tener más datos para esta y otras medidas.

Tras el anuncio del envío del proyecto de ley corta de pensiones, el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, comentó: “Como Gobierno estamos disponibles para avanzar rápido y esperamos tener una muy buena discusión en el Congreso en los días que vienen, para que podamos pagar mejores pensiones lo antes posible. Los recursos financieros están para poder hacer este aumento de pensiones y pagarlas en octubre o noviembre próximo. Para eso pedimos ayuda al Congreso, para despachar rápidamente este proyecto”.

El Presidente Piñera también hizo un llamado a los parlamentarios, para que tramiten con celeridad la ley corta. El ministro del Trabajo, Patricio Melero, se sumó a esta petición: “Quiero pedirle en forma muy especial, con humildad, pero también con sentido social, al Congreso, a la Cámara de Diputados y al Senado, que ojalá hagamos de esto un trámite rápido, expedito”, señaló el secretario de Estado.

Desde el Congreso no hubo muchas reacciones, pues varios parlamentarios están a la espera de ver el proyecto antes de emitir comentarios. De todas maneras, la senadora Carolina Goic (DC) dijo que “tenemos que revisar el detalle del proyecto con detención para garantizar su financiamiento. Sobre los beneficios a los adultos mayores, solo recordar que esto podría haber sido una realidad hace más de un año, cuando le pedimos al gobierno que separar el proyecto”.

La senadora agregó que “son beneficios que por supuesto respaldamos, pero está claro que con esto el gobierno no quiere hacer ningún cambio al actual sistema de AFP, es el Estado el que hace cargo del fracaso del sistema”.

Por su parte, la senadora Ximena Rincón señaló sobre las exenciones que “tenemos que avanzar. De hecho, en los acuerdos de mínimos comunes esto era un tema. Nosotros hemos hablado, por ejemplo, poner fin al tema del no pago en las ganancias de capital. Y eso nos parece, sin lugar a dudas, un tremendo avance. En ese sentido no hay dos lecturas, pero sí queremos conocer el detalle porque en el detalle pueden estar las complicaciones”.