A fines de abril pasado la Dirección de Presupuestos (Dipres) ofició al Ministerio de Salud para informar que, financieramente, no sería posible promulgar el quinto decreto de la Ley Ricarte Soto proyectado para la inclusión de nuevas garantías y tratamientos a partir de 2022.

¿La razón? Según expuso en la Comisión de Salud de la Cámara la jefa de la secretaría técnica del GES, Andrea Guerrero, la Dipres detalló que para este decreto no se cumpliría la sustentabilidad económica. Esto quiere decir que con la proyección que hace el Ministerio de Hacienda a 10 años, las coberturas actuales solo tendrían financiamiento hasta 2028.

“Si bien esto da certeza para las garantías actuales, el resultado de este análisis que hizo la Dipres implicaría que no hay holgura en el fondo para incorporar nuevas garantías en este decreto”, agregó Guerrero.

De hecho, de emitirse un nuevo decreto, el ordinario remitido de Dipres al Minsal cita que “solo podrá considerar el reemplazo de tratamientos garantizados por tecnologías que evidencien un mayor costo-efectividad y/o la inclusión de nuevos tratamientos cuyo efecto sea neutro en el gasto esperado”.

La Ley Ricarte Soto, que entró en vigencia en 2015, cubre enfermedades de alto costo a través de un fondo de $100 mil millones anuales. Desde su creación, la normativa ha ido engrosando paulatinamente las patologías a las que da cobertura, actualmente 27, entre ellas algunas oncológicas que han quedado fuera del Auge/GES, patologías inmunológicas o poco frecuentes.

Por ello, la no inclusión de nuevos casos generó alarma en las agrupaciones de pacientes, pues hasta ahora la tónica había sido que cada tres años se ampliaran las coberturas.

En ese contexto, Guerrero explicó en su presentación que si no se emite un nuevo decreto, el último se dará por prorrogado, asegurando solo las coberturas a las enfermedades existentes hasta ahora.

Ayer, la Alianza Chilena de Agrupaciones de Pacientes (Achap) advirtió que pese a que el problema se arrastra desde inicios de este año, aún no existe solución para quienes esperan financiamiento para sus enfermedades de alto costo.

Gonzalo Tobar, presidente del organismo -que reúne a más de 15 organizaciones-, señaló que “no hay justificación técnica ni humana para no incorporar nuevos tratamientos. Existen más de $ 200 mil millones de pesos, incluso con pérdidas en el sistema financiero, pero que las autoridades no los cuentan como disponibles para los pacientes. Año a año vemos cómo los recursos siguen siendo limitados y las expectativas están lejos de cumplirse”.

Tobar alude a los $ 235 mil millones de pesos que, de acuerdo a información obtenida desde la Dipres por la agrupación, están invertidos en fondos mutuos, depósitos a plazo y en bonos del Estado para financiar la normativa, lo que está regulado por la ley.

Sin embargo, la abogada y especialista en acceso a la salud Andrea Martones explica que estos fondos han anotado pérdidas por mil millones de pesos durante el primer trimestre de 2021 y que es a lo menos “cuestionable” que no se estén utilizando.

“No es que no haya dinero, sino que lo que proyecta Dipres es que no habrá financiamiento para 10 años más. Hoy hay un fondo de dinero, disponible, que no se está usando, porque en el año siete (de la proyección), el 2028, se acabarían los fondos si se consideran las patologías a las que actualmente se les da cobertura. Son $ 235 mil millones de pesos que hoy son menos de lo que actualmente se gasta por Ley Ricarte Soto. Hay disponibilidad para entregar nuevas coberturas, pero de aquí a siete años alguien se tiene que preocupar de los recursos de esta ley”, explica Martones.

La senadora DC Carolina Goic ofició a fines de julio a Contraloría por esta situación. En el documento, la legisladora da cuenta de que en el informe emitido por Dipres “no se logra identificar el análisis que se hizo respecto de la proyección de costos en los próximos años de los medicamentos que actualmente cuentan con cobertura financiera mediante dicho sistema, ni el efecto de las negociaciones con laboratorios para futuras compras públicas. Tampoco se logra identificar el mecanismo de valoración económica de cada tratamiento proyectado en el tiempo”.

La abogada Martones, de hecho, explica que la metodología bajo la que se calcularon estas alzas de costos no es clara. Ejemplifica que en el caso de nuevas tecnologías, tratamientos innovadores o bioequivalentes, los costos van bajando progresivamente.

Goic, en tanto, añade que “Hacienda estima cuánto dinero se va a necesitar a 10 años, que es un tiempo demasiado largo. En ese tiempo hay nuevos tratamientos y muchos de ellos son más baratos que los originales, e incluso, medicamentos nuevos, más efectivos y más baratos. El cálculo que hace Hacienda es excesivamente conservador y no está permitiendo nuevas coberturas ahora, lo que es inaceptable”.

Uno de los puntos a tratar el próximo 21 de septiembre en la comisión mixta de Presupuestos, adelanta Goic, es cómo se han ejecutado los $100 mil millones de pesos anuales que se entregan al fondo de la Ley Ricarte Soto.

Sin embargo, el senador PS Rabindranath Quinteros estima que la discusión en octubre, cuando se evalúe el Presupuesto de la Nación para el año entrante, será otra. “Hay varias enfermedades que no están consideradas en la Ley Ricarte Soto (LRS) y en el GES. Evidentemente que en la discusión presupuestaria vamos a hacer gestiones para que la LRS vaya en aumento año a año y que se puedan incluir nuevas patologías. De todas formas, ya nos han adelantado que el presupuesto del próximo año será bastante acotado, austero, dados todos los compromisos financieros del país y de los ministerios”, concluye.

Desde el oficialismo, el diputado de la comisión de Salud de la Cámara, José Miguel Castro (RN) explica que “antes de adelantarme a cualquier resultado negativo, miro con optimismo la discusión presupuestaria para 2022, entendiendo que vivimos tiempos en que la billetera de Chile no se encuentra en momentos holgados. Con la pandemia, cada día se hace necesario robustecer el presupuesto de salud, es de los presupuestos que, a mi juicio, más deben defenderse. Ojalá ver algún incremento en los montos, y que esos incrementos se den en esas patologías (Ley Ricarte Soto)”.