“Qué tienen en común las transferencias realizadas en el contexto de este programa (de asentamientos precarios) a las entidades sin fines de lucro: que no se les ha exigido boletas de garantía (...) Hay un elemento común en los convenios de transferencia, no solo en este, en general, esta es una información que fue levantada desde el inicio, que buena parte de los convenios de transferencia a fundaciones no tienen boletas de garantía”.

Así de claro fue el ministro de Justicia, Luis Cordero, al confirmar la ausencia de boletas de garantía en una cantidad no determinada de convenios suscritos entre el Ministerio de Vivienda (Minvu) y diversas fundaciones que están en el ojo del huracán debido al denominado lío de platas que estalló por la suscripción de un contrato entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta y la Fundación Democracia Viva, ligada a militantes de Revolución Democrática (RD).

El titular de Justicia aclaró el punto a propósito de una nueva polémica: que Democracia Viva ingresara un recurso para evitar devolver dineros fiscales al Ministerio de Vivienda. Cordero -en esta línea- detalló que la ausencia de boletas de garantía complicaría la restitución de los recursos por parte de la fundación. “Hay un problema (para cobrar los dineros), pero también hay una estrategia legal para eso. Pero efectivamente el hecho de que estos convenios de transferencia no tengan boletas de garantía es un mecanismo que venía desde hace algún tiempo y que dificulta situaciones como estas, en eso hay que ser bien transparente”, dijo en la mañana a radio ADN.

Cordero explicó que “no estoy diciendo que esto sea regular. En el caso de los programas de asentamientos precarios, originalmente las transferencias eran realizadas a los municipios; cuando usted organiza transferencias entre organismos públicos, en general no se requieren boletas de garantía, y cuando se pasó al modelo de instituciones sin fines de lucro se mantuvo una inercia y no se exigieron tampoco boletas de garantía”.

Y prosiguió: “Acá tenemos un problema bien estructural. El ministro Montes lo advirtió en su comparecencia (al Congreso a principios de julio). Lo dijo explícitamente tanto en la Cámara como en el Senado. ¿Es obligatorio según la jurisprudencia de la Contraloría? No. ¿Es una buena medida de administración de fondos públicos? Sí. ¿El gobierno considera que a estos convenios se les debe exigir boleta de garantía? Sí, como una manera de resguardar que los planes de trabajo que se ejecutan al amparo de estos convenios se ejecuten correctamente para evitar situaciones de este estilo”.

Cordero añadió que la propia Contraloría General de la República ha señalado que en este tipo de transferencias “no se requieren cauciones, salvo como medida de buena administración, en el entendido de que esas transferencias de capital buscan la ejecución de programas de trabajo en el tiempo”.

“¿Si el contralor dijo que no era necesaria una ley para esto, sino solo un instructivo? Estoy de acuerdo con lo que dice el contralor. Es la evaluación que tiene el Ministerio de Vivienda y por eso el ministro Montes advirtió que este es un aspecto que se debe corregir”, agregó el titular de Justicia.

En el caso específico de Democracia Viva -la primera fundación a la cual se le exige la devolución de parte de los dineros fiscales que les fueron transferidos-, por resolución del Minvu tiene 30 días a contar del viernes 14 de julio para reponer $ 391.768.516 de los $ 426 millones que originalmente se le transfirieron desde la Seremi, a raíz de tres convenios suscritos en septiembre de 2022. Esto, luego de que la cartera liderada por Montes decidiera poner término anticipado a los mismos y liquidar los contratos tras constatar, según señalaron, una serie de irregularidades.

No obstante, la fundación interpuso un recurso de reposición y, en subsidio, un recurso jerárquico donde señala su disconformidad con las observaciones planteadas respecto de las rendiciones de los convenios, alegaciones que están siendo analizadas por la autoridad regional para determinar los méritos del mismo.

Y en ese sentido, Cordero informó también este jueves que “el ministro Montes y su equipo advirtieron tempranamente la inexistencia de estas boletas de garantía (...). Dicho eso, el 14 de julio, reservadamente, el Ministerio de Vivienda le solicitó al Consejo de Defensa del Estado la presentación de una medida prejudicial precautoria (ver nota aparte) para resguardar los fondos públicos que se encontraban en esa cuenta corriente (de Democracia Viva). Y el tribunal ha resuelto y ha ordenado que esos fondos públicos no se pueden disponer y se deben depositar en la cuenta corriente del tribunal”.

Ante la consulta si dicha situación de ausencia de boletas de garantía se podría haber repetido en los convenios firmados por el Ministerio de Desarrollo Social, el titular de Justicia aseguró que “si las transferencias son de otro tipo (no capital), en esos casos es obligatoria la boleta de garantía. Entiendo que en los contratos del Ministerio de Desarrollo Social son de esta segunda categoría y, por lo tanto, sí hay boletas de garantías”.

Paralelamente, la Seremi de Vivienda y Urbanismo de Antofagasta también confirmó que no se habían solicitado boletas de garantías a la fundación Democracia Viva y en un escueto comunicado señaló que “en el marco de los trabajos de habitabilidad primaria del programa de asentamientos precarios, no se contemplaron boletas de garantía con las fundaciones, toda vez que no es una exigencia expresa de la normativa”.

Añadió que “esto es parte de los defectos del sistema de asignación de recursos con instituciones sin fines de lucro, motivo por el cual el ministerio se encuentra trabajando para modificar este modelo por uno más transparente y con mejores estándares”.

Otra autoridad que se refirió al tema fue la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien descartó que la ausencia de boletas impida restituir los fondos no rendidos por las fundaciones, en caso de que se deje sin efecto el convenio suscrito.

“El gobierno ha planteado desde el primer momento que una de las cosas evidentes de este caso es que hay una modalidad de traspaso de recursos a fundaciones extremadamente laxa, que no la inventó nuestro gobierno y que se ha venido practicando hace mucho tiempo, y que entre otra de sus laxitudes tenía el no exigir boletas de garantía”, señaló.

Sin embargo, aclaró que “la obligación de devolver los recursos una vez que se deja sin efecto el convenio se mantiene y el Ejecutivo hará valer en los tribunales y en todos los órganos respectivos para que esos recursos se reintegren”.

Democracia Viva emitió un comunicado donde señaló que “frente a los hechos conocidos en la opinión publica, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo nunca nos solicitó boletas de garantía, cuestión que sí hicimos como fundación respecto de las constructoras que contratamos para dar cumplimiento al convenio”.

Tras conocerse los hechos, la abogada Teresita Santa Cruz, quien forma parte del grupo de abogados que conformó la UDI para investigar los alcances del caso Democracia Viva, señaló que “tenemos un problema desde la perspectiva del buen uso y de la cautela de los recursos públicos, porque no se le exigió a una de las partes obligadas por el convenio una garantía suficiente para su cumplimiento y un resguardo para el Estado de los fondos públicos para poder ejecutarlo. Entonces, ese es el problema más grave que vemos aquí”.

La profesional añadió que “desde la perspectiva jurídica, la boleta de garantía se utiliza para garantizar el cumplimiento de una obligación. Entonces, al momento de suscribir un convenio, en este caso con la fundaciones a través de un trato directo, donde se asignan ciertos recursos, si se hubiese exigido la boleta de garantía se transforma en un instrumento para que el Estado, ante el incumplimiento de las obligaciones, pueda ejecutar esa boleta de garantía. Ahí esta el problema en este caso en particular, pues se le asignaron recursos a esta institución (Democracia Viva) para la ejecución de determinados programas y ahora que se determinaron estas irregularidades no hay forma de hacer efectivos los recursos y por eso se habla de la restitución”.

Por su parte, el senador Manuel José Ossandón (RN) señaló que “esto demuestra el amiguismo, aquí se les entregó dinero sin garantía a los amigos; eso es desproteger la plata de todos los chilenos (...), esto no es un error, es una falta grave administrativa”.

En tanto, el diputado Harry Jürgensen (Republicano) sostuvo que “más que aumentar sospechas, confirma las evidentes irregularidades que existen. La ley exige que se constituyan las garantías necesarias para la prestación de los servicios, entonces aquí derechamente se infringió la ley”. En esa línea, advirtió que “el gobierno, si no hace lo que debe, entonces es cómplice o encubridor de los eventuales delitos que aquí existan”.