La elaboración del presupuesto fiscal es una discusión que todos los años genera tensión y arduo debate entre el gobierno con los parlamentarios. Pero este año ya se anticipa más complicado que un año “normal”. Es que los problemas que han tenido algunos gobiernos regionales con el manejo de su presupuesto y los líos de platas con las fundaciones ya generan críticas de parte de los diputados y senadores de la oposición.

No obstante, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, salió a explicar qué es lo que está pasando con el presupuesto de los gobiernos regionales y respondió sobre las dudas que están presentes en la oposición y que apuntan a que los cambios que se hicieron en la ley de Presupuestos 2023 están generando este tipo de irregularidades, que están siendo investigadas por la Contraloría y el Ministerio Público.

“Hasta 2022 los gobiernos regionales no tenían capacidades para poder ejecutar sus presupuestos. ¿Qué entendemos por ejecutar sus proyectos? significa que tuvieran la capacidad para diseñar las bases de una licitación, llevar a cabo una licitación, resolverlas y hacerle seguimiento de un proyecto. Esas capacidades no las tenían y, por lo tanto, debían recurrir, no de manera excepcional, sino que generalizada, a convenios, ya sea con organismos públicos o privados. Esos convenios son para que otros ejecuten un proyecto, es decir, ese otro establezca las bases de una licitación, contratar proveedor, entre otras cosas”, puntualizó Marcel y agregó que “lo que se hizo en la Ley de Presupuestos 2023 fue entregar recursos y capacidades al gobierno regional para que pudieran tener más capacidad para ejecutar su presupuesto. Junto con eso se homogenizaron algunas normas con el resto del sector público”, explicó el titular de las finanzas públicas.

Según detalló el secretario de Estado, esas limitaciones de los gobiernos regionales redundaron en una baja ejecución de sus presupuestos, o como se ha mencionado en varias oportunidades, a fines de año buscaban gastar sus presupuestos fundamentalmente a través de convenios que se concentraban en instituciones privada sin fines de lucro, como fundaciones corporaciones, ONG”.

De acuerdo a Marcel, “eso significó que, en 2022, con las normas que estaban vigentes anteriormente cerca del 60% de las transferencias de capital se ejecutaron con convenios con instituciones privadas sin fines de lucro. Con la Ley de Presupuesto 2023 esta situación cambió y cambio en la dirección de que hoy día la proporción de convenios para ejecutar transferencias de capital se redujo a menos de un 20%. Ese fue el principal efecto, y contenido de la ley de presupuesto 2023″.

Si bien el ministro sostuvo que “hay personas que argumentan que ese cambio habría significado reducir los estándares para las licitaciones, pero la verdad es que la evidencia muestra que en vez de estimular los convenios con instituciones privadas sin fines de lucro hubo un desincentivo”.

Y reforzó su idea señalando que “la relación de causalidad que algunos han querido ver en esto tiene una limitación lógica fundamental: la enorme mayoría de los casos que está siendo investigados de convenios de gobiernos regionales con fundaciones son del año 2022 y no del año 2023, por lo que se hicieron bajo la regla que existía antes”.

Al cierre de junio de este año los Gobiernos Regionales alcanzaron una ejecución del 45,8% de su presupuesto 2023, basados en la nueva estructura presupuestaria de financiamiento. En el mismo período de 2022, la ejecución llegaba a 25,7%.

Desde el gobierno también aclaran que estos cambios no tienen que ver con lo sucedido en la entrega de recursos “a trato” directo de Seremis con fundaciones.

La explicación que entregó el ministro generó opiniones dispares entre exdirectores de Presupuestos. Para Matías Acevedo, quien ocupó ese cargo en el segundo gobierno de Sebastián Piñera, lo que está pasando con los gobiernos regionales no tiene relación con la discusión de la ley, sino que con la ejecución. “Si uno mira la ejecución de los gobiernos regionales ha tenido problemas en todas las regiones, unas más otras menos, entonces la pregunta de fondo es cuál es el objetivo: ejecutar el presupuesto o lograr que esos recursos tengan un impacto de desarrollo en la región. Si es lo segundo lo que uno debiera esperar es que la ejecución no sea un fin en sí mismo, pero en el último mes del año 2022, regiones ejecutaron el 44% de su presupuesto, eso no es un buen uso de los recursos públicos bajo ningún estándar”.

En ese sentido, enfatizó que “la ejecución del presupuesto, donde se originan los problemas, es responsabilidad de este gobierno, no del gobierno anterior”.

Otra mirada entregó el exdirector de Presupuestos del segundo gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, Sergio Granados, quien señaló que los gobiernos tienen “una autonomía controlada hasta el momento. Independiente de que haya habido malas prácticas, porque puede haber en cualquier situación, en lo general los gobiernos regionales tienen que tener armas de autonomía, porque están más cerca de la demanda (de su territorio)”. No obstante, ve que se debe mejorar las normas de control y rendición de cuentas.

Asimismo, acotó que, “si uno analiza la estructura de facultades en 2022 se fijaron como capítulo del Ministerio del Interior, pero independiente, y ahora en 2023 fue como partida, porque tienen que tomar decisiones propias. Se tiene que mantener los márgenes de probidad, del buen uso de recursos, pero con autonomía”.

Con respecto a las críticas que hace la oposición sobre el rol que pudo haber tenido la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, Granados aseveró que “están equivocados en la oposición. La ley de Presupuestos es un proyecto que presenta el gobierno para la aprobación del Congreso. Ellos lo tienen que votar y aprobar. Entonces no pueden decir que no lo leyeron. Hay varias instancias de revisión en la discusión de esa ley”.

El ministro Mario Marcel argumentó nuevamente las razones que lo llevaron a decir que la actual titular de la Dipres es la mejor que ha pasado por esa repartición desde 1990. “Lo que señalé se basa en algo que es bien simple. Este país ha tenido muchos directores de Presupuestos. Los he conocido a prácticamente a todos. A ninguno le tocó hacer un ajuste fiscal como el que tuvimos en 2002. Ese ajuste no solo fue profundo, sino que se hizo sin conflicto político, y protegiendo a las familias de menores ingresos, por algo tuvimos una reducción de la pobreza en la Casen”, dijo Marcel.

Y agregó que “para mí es un desafío que a ninguno de nosotros nos tocó asumir una caída de esa envergadura. Javiera Martínez lo hizo con brillantez. No son cosas que salgan en el diario. No son cosas que llamen la atención. Pero preguntémonos si en una empresa, una familia, una organización tuviéramos que hacer un recorte del 23% del gasto, pucha que difícil es. Ese es mi punto de referencia para mi juicio de ayer (domingo)”.