Negociaciones, entrega de documentos y mesas de trabajo. Así avanzan las tratativas entre los representantes del consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y los ocupantes de la toma, la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (Aces) y familiares de víctimas de daño ocular producto de las manifestaciones del denominado estallido social del 18 de octubre de 2019, que mañana ya cumple seis meses.

La ocupación -cuyo petitorio exige la renuncia del director del INDH, Sergio Micco, una reparación integral para quienes fueron víctimas de violaciones a los derechos humanos durante el estallido social y la libertad de los presos durante ese periodo- reactivó las tensiones existentes entre los bandos que hoy existen al interior del consejo del instituto.

El consejo del INDH está compuesto por 11 personas: Sergio Micco, Eduardo Saffirio, Margarita Romero, Debbie Guerra, Branislav Marelic, Sebastián Donoso, Carlos Frontaura, Consuelo Contreras, Yerko Ljubetic, Cristián Pertuzé y Salvador Millaleo.

De este grupo hay quienes tienen afinidades políticas con el centro, la derecha y la izquierda; sin embargo, si tras octubre de 2019 las diferencias se marcaron con fuerza, ahora los dos bandos mantienen una pugna en base a una contradicción casi vital: el desalojar o no la toma del recinto ubicado en calle Eliodoro Yáñez.

Hasta la fecha, el consejo del INDH no ha votado si desalojar o no la ocupación; Micco sí ha puesto la alternativa sobre la mesa para debatirla como una de las posibles ante el conflicto.

En ese sentido, explican fuentes del organismo, los dos grupos están divididos así: por un lado, el ex DC Eduardo Saffirio; los cercanos a la UDI Carlos Frontaura y Sebastián Donoso, y el RN Cristián Pertuzé. Este bloque -cuentan- apoyó el diálogo con los voceros de la toma en un inicio, pero de a poco se han ido inclinando por el desalojo, algo que también ha barajado el propio Micco, con domicilio político en la DC.

Frontaura ha sido uno de los más duros en su posición desde el inicio. Hace unas semanas, envió un correo al resto de los consejeros en el que acusó una “grave intransigencia” por parte de los jóvenes que ocuparon las oficinas. “Los que dirigen la toma han exigido que sus demandas sean aceptadas, lisa y llanamente, y han rechazado, en diferentes ocasiones, reunirse con una delegación de consejeros, lo que se les ofreció en diversos momentos”, señaló en el documento al que tuvo acceso La Tercera.

A este grupo últimamente, agregan en el INDH, se ha incorporado en algunas decisiones Branislav Marelic, militante del PS y exdirector del organismo entre 2016 y 2018. En su caso, mantiene diferencias casi “irreconciliables” con quien lidera el otro sector, y quien, además, lo sucedió en el cargo en 2018, la trabajadora social Consuelo Contreras.

Contreras lidera el bloque opositor junto a la médico Margarita Romero, quienes votan prácticamente en conjunto y son firme oposición de Micco desde que éste fue electo. Por ejemplo, ellas han impulsado la necesidad de querellarse contra los altos mandos de Carabineros por su rol en el estallido, algo que el otro bloque no considera necesario, porque, cuentan algunos, “no tiene ningún efecto jurídico. Solo es un saludo a la bandera”. Esto, dicen, pues la fiscalía ya lleva una investigación en ese sentido.

Este grupo, además, lo integra Yerko Ljubetic, exsubsecretario del Trabajo y militante de Convergencia Social, quien forma parte de la comisión de consejeros que busca entablar un diálogo con los ocupantes del INDH; Salvador Millaleo, abogado y académico experto en temas indígenas, y Debbie Guerra, abogada designada por la Presidenta Bachelet en 2016 para integrar el directorio del instituto.

Este último bloque no ha planteado su respaldo a un desalojo de la sede de Eliodoro Yáñez y se ha mostrado crítico del actuar de Micco ante el conflicto. En el bando contrario algunos incluso apuntan a una supuesta cercanía entre Romero y los voceros de la toma: la consejera es, junto con Erika Hennings, abuela de Víctor Chanfreau, una de las fundadoras del espacio de memorias Londres 38, y juntas han presentado querellas por casos de derechos humanos en la dictadura.

El consejero Millaleo descarta que el bloque esté por evitar una intervención de la policía a toda costa. El abogado explica a La Tercera que “los consejeros Ljubetic, Romero, Contreras, Guerra y yo pedíamos que existiera un diálogo efectivo antes de llegar a la medida del desalojo”.

Consultado sobre si están por agotar todas las instancias previas al desalojo, sostuvo que “así es. Por ahora la posición de los ocupantes es muy negativa para el diálogo”.

El 18 de octubre de 2021 se hicieron manifiestas las primeras diferencias entre ambos grupos respecto de la toma del INDH, que comenzó el 8 de julio de ese año. En el consejo realizado ese día, según consigna el acta de la sesión, ambos bandos tuvieron contrarias posiciones respecto de la denominación de una manifestación violenta.

“El consejero Pertuzé cree que el acto de la toma también es un acto violento, una que los trabajadores y trabajadoras no pueden ocupar sus puestos de trabajo. Señala que está en desacuerdo con lo que ocurrió en relación a la quema de los lienzos, pero una toma no es un acto pacífico, ni de diálogo democrático”, se consigna en el documento. Enseguida, se dejó constancia de que “la consejera Contreras manifiesta su desacuerdo con el consejero Pertuzé, ya que cree que las tomas son parte de los métodos del movimiento de no violencia activa”.

Antes de eso, el 25 de mayo del año pasado, los ánimos se crisparon por las declaraciones del director Micco en una actividad en Valparaíso, donde manifestó no estar de acuerdo con que las violaciones a los derechos humanos en el estallido social fueran sistemáticas. “Yo el 3 de noviembre del 2019 dije que no había, no veía una colusión de poderes del Estado que se hubiesen puesto de acuerdo a través de políticas públicas, leyes, para un ataque a la población civil”, dijo, en esa misma línea, en Radio Cooperativa.

El tema hasta hoy es una piedra en el zapato para los integrantes del consejo. Por ejemplo, el bloque liderado por Contreras y Romero ha sido reiterativo en empujar un rol más activo del INDH en la presentación de querellas al Alto Mando de Carabineros, como también a eventuales responsables civiles, como el Presidente y los ministros del Interior que pasaron por el gobierno (Blumel y Chadwick).

Según el acta, el consejero Ljubetic dijo haber quedado “preocupado” por estas declaraciones, algo que ratificó Contreras: “La opinión del instituto es también la del consejo, pudiendo haber diferencias. Coincide con los consejeros Millaleo y Ljubetic en el sentido de que se planteó como apresurado hacer una afirmación sobre si las violaciones a los derechos humanos eran sistemáticas o no”, dijo, haciendo la salvedad de que de existir o no esa “sistematicidad” debe ser algo analizado y estudiado.

En otra de las reuniones del consejo, a comienzos del año pasado, en el acta no se dejó consignado el porqué la consejera Romero se había ausentado antes de tiempo de la cita. Sin embargo, la doctora especializada en derechos humanos pidió dejar de manifiesto el porqué se retiró.

“La consejera Romero señala que está incluida en el acta el párrafo en el cual se explica que se haya retirado de la sesión antes de su término, pero como el texto del acta no refleja el nivel de hostigamiento y agresividad que recibió no la aprueba, porque lo que se ha dicho es que los consejeros aprobaron el acta como estaba, entonces, si ya lo aprobaron no hay nada que hacer, pero ella no lo aprueba, no la firma y la razón es porque no refleja el nivel de agresividad y hostigamiento que recibió en esa sesión”, dice el acta.

Otra de los temas que ha mantenido enfrentado al consejo del INDH es la necesidad de evacuar una declaración del directorio sobre su postura ante la toma del Instituto. Para esto, cuentan fuentes del organismo, se han hecho cuatro intentos por manifestarse ante estos hechos. Sin embargo, las cuatro veces, no se ha logrado unanimidad, donde los cercanos a Micco, apuntan directamente a Romero.

Las tensiones entre los consejeros, sin embargo, podrían terminar pronto. A la vista, una fecha clara: el 4 de julio de 2022.

Ese mes, cinco de los 11 consejeros terminan su periodo como integrantes de la directiva del INDH: Marelic, Romero, Guerra, Saffirio y Frontaura. Esto, creen en el INDH, traerá “nuevos aires” al consejo, ayudando a descomprimir algunas tensiones que tienen larga data.

El cupo de Marelic, por ejemplo, será llenado por un candidato que levanten las 88 organizaciones civiles que componen el INDH -donde hay fundaciones ligadas a la protección de los derechos humanos, la igualdad de género y las disidencias sexuales-; lo mismo ocurrirá en el caso de Romero, quien también será reemplazada por un consejero nombrado por las agrupaciones.

Distinto serán los casos de Guerra, Frontaura y Saffirio. El cupo de la primera deberá ser llenado por un nombre escogido por el presidente electo, Gabriel Boric, quien deberá disponer de un nombre para que ejerza el cargo por seis años.

Los cupos de Frontaura y Saffirio, en tanto, deberán ser escogidos por el Senado y la Cámara, respectivamente, donde las fuerzas políticas están divididas. De esta manera, quedará conformado un nuevo consejo del INDH, el que -de seguro- deberá buscar acuerdos para enfrentar un año complejo.