La detección de firmas suscritas en una notaría inexistente de parte del candidato de la Lista del Pueblo, Diego Ancalao, reabrió el debate en torno al proyecto que moderniza el sistema notarial en la Comisión de Constitución del Senado que lleva 20 meses congelado.

Esta iniciativa llegó el 8 de enero de 2020 al Senado tras una sustancial aprobación en la Cámara de Diputados de 132 votos a favor, 6 en contra y 5 abstenciones, convirtiéndose en el primer proyecto de tres intentos, en avanzar un paso legislativo. Desde esa fecha el gobierno lo ha repletado de urgencias: 34 calificaciones de suma urgencia y 6 de discusión inmediata, sin resultados.

La senadora Luz Ebensperger (UDI) apuntó el dardo el lunes pasado en la Comisión de Constitución cuando confrontó al titular de la instancia, Pedro Araya (Ind.), por no ponerlo en discusión: “Quería solicitarle si pudiéramos comenzar a ver las normas que regulan a los notarios, es un proyecto que lleva largo tiempo”, sostuvo la senadora ante la atenta presencia virtual del ministro de Justicia, Hernán Larraín.

La respuesta del presidente de la comisión no se hizo esperar: “Nosotros no esquivamos los temas, pero este proyecto tiene más complejidades de las que se han querido transmitir”.

Los intentos por reformar el sistema notarial chileno siempre han sido estériles, pese a las críticas a la forma ese mercado, cuyos representantes ganan entre 14 y hasta 60 millones de pesos, según la Fiscalía Nacional Económica.

En los gobiernos de Michelle Bachelet y el primero de Sebastián Piñera se han enviado sendas iniciativas al Congreso que por una u otra razón nunca han logrado sortear ni un paso legislativo. Y aunque este proyecto ingresado el martes 11 de septiembre de 2018 logró un paso, su contenido centrado en la creación de fedatarios y una plataforma electrónica, desatan suspicacias de lado y lado con acusaciones de lobby entremedio.

Veamos cuáles son los puntos más controvertidos.

Toda discusión sobre notarios trae aparejada la sombra del lobby directo o indirecto. El gobierno desliza que ha habido gestiones de parte de los notarios, pero sin entregar detalles ni plantear acusaciones directas.

“Esta situación es completamente inexplicable, por qué no avanza este proyecto, para mí es un misterio. Uno puede interpretar que acá hay un lobby muy fuerte”, remarca el ministro de Justicia, Hernán Larraín

Larraín luego apunta a los presidentes de la instancia, el senador Alfonso de Urresti (PS) en 2020, y el senador Araya este año: “El que toma la decisión de poner temas en tabla es el presidente de la Comisión. Y pese a que hemos hablado muchas veces, no ha habido voluntad para poder avanzar y lo único que hemos conocido es la oposición cerrada de notarios y conservadores a que se les toque su negocio”.

En la Asociación de Notarios, su presidente, Carlos Swett, descarta que existan esas presiones y asegura que sólo han actuado a través de la plataforma pública.

De hecho, entre las audiencias públicas, la Asociación de Notarios figura con tres reuniones con el ministro de Justicia, Hernán Larraín, dos en 2018, y una, este 18 marzo, donde se conversó sobre el proyecto en cuestión.

También hay registro de tres encuentros de los representantes de notarios con senadores: en noviembre de 2018 con el senador José Miguel Insulza (PS), por proyecto de notarios; en marzo de 2019 con el senador Huenchumilla, por el proyecto de firma electrónica ligado a la creación de una nueva plataforma, y en agosto de 2019 con Kenneth Pugh (RN), por ciberdelincuencia.

“Acá se ve una sola cara de la moneda, aparecemos como haciendo un lobby feroz, pero fíjese la cantidad de audiencias que han pedido las empresas tecnológicas a la Subsecretaría de Economía”, contraataca Swett.

La Tercera buscó contactar infructuosamente al senador DC Francisco Huenchumilla para conocer su postura sobre el proyecto y sobre la citada audiencia, dado que es integrante de la Comisión de Constitución y su esposa es notaria.

“Chile es un pañuelo, es verdad lo del senador Huenchumilla que es directo, pero todos nosotros tenemos una prima, un pariente que tiene relación con algo tanto en el Poder Judicial como en el gobierno”, dice el presidente de la Asociación de Notarios.

El proyecto aprobado en la Cámara promueve la digitalización de los trámites y las consultas remotas, la suscripción de instrumentos e interconectividad con otros sistemas. La generación de una plataforma tecnológica es una discusión que está unida al debate del proyecto de notarios.

Swett desliza que establecer una nueva plataforma es una oportunidad de negocios para las tecnológicas, por lo mismo, cree que hay privados que miran con buenos ojos el proyecto. No obstante, desde el gobierno acotan que eso ocurriría sólo si aprueba el proyecto y que probablemente ni siquiera les corresponderá a ellos efectuar esa licitación.

Tener una plataforma implica contar con firma electrónica, pero ese proyecto tampoco ha avanzado ni un ápice, y desde el 2 de enero de 2019 está para su tercer trámite en el Senado en espera que la misma Comisión de Constitución lo ponga en tabla.

“No estamos diciendo que no se haga una reforma, pero siempre con presencialidad. Se dan mil casos en que inescrupulosos... Acá se piensa que siempre uno está defendiendo su feudo”, retruca el titular de los notarios.

El articulado crea una nueva figura para aumentar la competencia llamada “fedatarios”, que serían ministros de fe, con presencia en cada una de las comunas de país, y que podrían realizar algunas funciones notariales como levantar inventarios solemnes, efectuar protestos de letras de cambio y demás documentos mercantiles, en sociedades anónimas cerradas, y autorizar firmas que se estampen en documentos privados.

La nueva figura tampoco convence a los actuales ministros de fe. Argumentan que ellos no tendrían responsabilidad penal a diferencia de los notarios que responden penal y civilmente con su patrimonio; ni tendrían un domicilio estable. “Se calcula que los fedatarios serían unos 10 mil, estaría tres meses tratando de ubicarlo si sucediera lo que pasó con Ancalao que ya estaría en la papeleta”, puntualiza Swett.

Por su lado, el ministro Larraín retruca que el proyecto no está terminando con los trámites presenciales que requieren escritura pública, sino que con los trámites de mesón como los finiquitos laborales. Ese tipo de trámites podrían realizarlas los fedatarios, agrega.

“Los ingresos de los notarios son muy sustanciosos; según un estudio de la Fiscalía Nacional Económica, el promedio de sueldo es de $14 millones porque pueden tener temor a la competencia y a reducir los costos a la gente. Temen perder su negocio”, resalta.

Por su parte, la senadora Ebensperger acota: “Es necesario modernizar la actividad y favorecer el uso de tecnología, que sólo algunos notarios y conservadores emplean, para hacerlo obligatorio para todos los operadores de la fe pública”.

Frente al hecho de que el proyecto no avanza, el ministro Larraín advierte que están explorando otras alternativas como que todos los procedimientos de fe pública sean traspasados a entes públicos, y no seguir con los servicios de corte privado.

“Más que seguir insistiendo en una reforma que mantenga la lógica actual, podríamos repensar terminar con los notarios privados y pensar en un servicio público –extendiéndolo a los conservadores-, cuando ese trabajo lo puede hacer un servicio con buen equipamiento tecnológico como el Registro Civil o un equivalente”, concluye Larraín.