Ayer se publicó en el Diario Oficial la resolución que instruye replicar, en tres semanas, la capacidad total de camas UCI alcanzada durante el peak de la pandemia en los prestadores públicos y privados de salud. ¿La razón? El aumento sostenido de casos de coronavirus en el país, principalmente en las regiones Metropolitana, Biobío y La Araucanía, según informó ayer el ministro de Salud, Enrique Paris.

“Como lo hemos venido repitiendo, nos preocupa muchísimo el aumento de los casos en la Región Metropolitana. Estamos viendo un aumento muy importante de casos en la RM y llegando prácticamente a los mil casos diarios”, agregó. Sobre la capacidad hospitalaria, el reporte ICovid -con datos del Ministerio de Salud y las principales universidades del país- estima que durante la última semana la ocupación hospitalaria a nivel nacional pasó de 91,4% a 92,4%.

Actualmente, la capacidad total del sistema bordea las 2.815 camas. Por eso, y en vista de la mayor demanda que podría venir, Salud estipuló llegar al máximo de cupos de máxima complejidad registrado el 9 de julio pasado: 3.216. Esa exigencia -que será por tramos- implica tener habilitadas casi 400 camas nuevas para el 22 de marzo.

Si bien la resolución no contempla la suspensión de la actividad quirúrgica electiva -como se barajó en algún momento y como sí ocurrió en la primera ola-, sí se da un mandato para que los prestadores que consideren necesario adoptar esta medida, con miras a cumplir la meta de cupos de hospitalización, lo hagan. En ese sentido, el médico coordinador de las camas críticas del Minsal para la red público-privada, Luis Castillo, señala que han identificado que la principal traba entre los prestadores “es la limitación del recurso humano, dada la alta tasa de ausentismo laboral por licencias médicas por síndrome Burnout”.

Aunque aún no existe una cifra clara de cuántos recintos hospitalarios optarán por suspender sus cirugías, Castillo relata que varios prestadores han comenzado a solicitar ventiladores mecánicos al stock que dispone Salud para iniciar la reconversión.

Para la Asociación de Clínicas de Chile, las trabas para cumplir con la reconversión son más profundas, señala su representante, Alfredo Schönherr. “Hemos manifestado a la autoridad nuestra total disposición y esfuerzo para cumplir con las metas solicitadas y estamos trabajando arduamente en ello. Pero lo más complejo es que la red integrada (prestadores públicos y privados) necesita compatibilizar la atención de pacientes Covid-19 con la de otras patologías, cirugías y tratamientos, ya que, de lo contrario, las consecuencias de nuevas postergaciones de atención serán gravísimas para la salud pública”.

Desde Salud comentan en privado que algunos recintos han reportado cupos UCI a la Unidad de Gestión Centralizada de Camas (UGCC) sin tener el personal necesario para operarlas, lo que termina siendo una disponibilidad hospitalaria “en teoría y no en la práctica”, situación que tras este decreto comenzará a ser fiscalizada.

En esa línea, el doctor Rodrigo Soto, subdirector médico de Clínica Indisa, detalla que al inicio de la pandemia el recinto operaba con 32 camas UCI con ventilación mecánica, cifra que a julio se elevó a 102. “Para una clínica con 400 camas totales, significó tener el 25% de la capacidad con ventilador”, estima. Soto, sin embargo, agrega que “la necesidad que está planteando Salud es completamente atendible, pero nos llama profundamente la atención que los que ´hicimos la pega’ más allá de lo que se nos había pedido, se nos está requiriendo exactamente lo mismo. La carga no ha sido pareja, hay instituciones que cumplieron con creces las expectativas y otras que no”.

El subdirector médico asevera que en estos momentos, la carencia de personal “es lo más importante, para echar a andar una cama con ventilador se necesitan tens, enfermeras y médicos y kinesiólogos entrenados en el área”.

Otro aspecto que alegan las clínicas ad portas de una nueva ola de contagios es el retraso en los pagos. Quienes conocen de esas tratativas detallan que Fonasa recién estaría dando curso a las facturas de pacientes atendidos en recintos privados de mitad del año pasado. Y si bien reconocen que existe voluntad de pago -a fines de enero se ordenó el pago por $135.539 millones a los prestadores-, el proceso es lento y repercute en las finanzas internas.

El caso más emblemático ha sido el de Clínica Las Condes (CLC), quienes acusan derechamente que el seguro público no ha pagado ninguna de las prestaciones otorgadas a pacientes Covid-19. Sin embargo, para Fonasa existe una versión distinta. Detallan que al inicio de la pandemia, cuando se creó la Red Integrada de Salud, se estableció un convenio para los prestadores que no contaban con esa modalidad de atención por Fonasa. En total, se llegó a 71 contratos con establecimientos privados que establecían precios máximos, según las resoluciones publicadas por la cartera sanitaria.

A pesar de que la clínica habría aceptado las condiciones, comentan que el contrato se les remitió el 13 de julio pasado y que aún no ha sido firmado, lo que es necesario para poder dar curso a los pagos. Ello, pues tras la firma el establecimiento de salud debe prefacturar las prestaciones entregadas.

Desde CLC declinaron efectuar comentarios sobre este artículo, aunque por medio de una declaración pública, el 4 de febrero, señalaron que se “ha atendido y seguirá atendiendo a todos estos pacientes con el más alto estándar de calidad, otorgándoles atenciones de salud oportunas, continuas y resguardando los derechos de cada uno de estos pacientes”.

El comunicado añade que “una vez decretado el estado de excepción constitucional de catástrofe el día 18 de marzo de 2020, y adoptadas las distintas medidas gubernamentales con ocasión de la pandemia por Covid-19, CLC se abocó con todos sus recursos humanos y materiales a cumplir cada una de dichas medidas. De esta forma, y por imposición de la autoridad, integró su infraestructura a la red pública de salud para atender a la totalidad de pacientes relacionados con la pandemia Covid-19, con los más altos estándares de calidad de atención de salud”.

Por otro lado, en la Clínica Las Condes los movimientos no han cesado. Ayer (miércoles), nuevamente ocurrieron despidos en el recinto médico que dan cuenta de una nueva reestructuración de la administración que lidera, como gerente general, Jerónimo García, quien anteriormente se desempeñaba como gerente de finanzas.

A través de un correo electrónico -al igual como fuera notificado el exjefe de la UTI doctor Tomás Regueira-, tres doctores se enteraron de que dejaban de formar parte del cuerpo médico de CLC. Se trata del médico cirujano José Giordano, el infectólogo Ricardo Espinoza y el urólogo Norman Zambrano. Los dos últimos acumulaban más de 10 años ligados a la institución. Además, formaban parte del Comité Ejecutivo de Clínica Las Condes.

Pero la desvinculación de los profesionales no es la única novedad, también la administración decidió nombrar como nuevo subdirector médico al doctor Rodrigo Mardones, quien en 2008 debió dejar su cargo en la Unidad de Cadera Director Centro Terapia Celular y, posteriormente, con la llegada del bloque de Alejandro Gil -esposo de Cecilia Karlezi, controladora de CLC- volvió a formar parte de la compañía. Ello, ante la salida del doctor René Tejías.