“Estábamos preparados para recibir disparos de los narcotraficantes, pero nunca un balazo por la espalda del fiscal nacional, Ángel Valencia”.

De esa forma, el 22 de marzo, el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, se enfrentó públicamente a la decisión del Ministerio Público de iniciar un sumario al persecutor que le había enviado antecedentes sobre viviendas vinculadas a investigaciones por ley de drogas y que, según él, eran el principal sustento de la política de recuperación de barrios que ha llevado adelante el municipio, a través de la demolición de estos inmuebles.

A raíz de la decisión del alcalde Carter de publicitar la información entregada por la Fiscalía, el Ministerio Público decidió elaborar un protocolo para que las fiscalías regionales del ente persecutor sepan cómo hacer llegar estos antecedentes, bajo un marco regulatorio establecido oficialmente.

El protocolo finalmente fue evacuado a las fiscalías regionales de todo el país, quienes compartirían el documento con los municipios y, además, con las asociaciones de municipalidades.

En el documento, al cual tuvo acceso La Tercera, se explica que el propósito del protocolo “es regular y estandarizar el proceso de traspaso y entrega mutua de información” entre el Ministerio Público y las municipalidades para trabajar en el fortalecimiento de la persecución penal del delito y la seguridad pública.

Sin embargo, se hacen una serie de advertencias para mantener la reserva de la información proporcionada, especialmente en los casos relativos a la Ley de Drogas, en clara alusión a cómo el alcalde Carter manejó la demolición de las llamadas “narcocasas”.

“El contenido de la información deberá presentarse por escrito o digitalmente, en soporte seguro, mediante alguna forma que garantice la reserva del contenido, haciendo mención expresa de que ella no debe ser difundida a terceros. La información deberá ser entregada en informes o reportes elaborados por la propia Fiscalía sobre los delitos y fenómenos delictuales que afecten a la comuna. Si fuere posible, la entrega de los informes o reportes podrán ir acompañados de una exposición del fiscal ante el Consejo de Seguridad Pública, bajo advertencia de reserva y confidencialidad”, se lee en el oficio.

Además, agrega que “se deberá exhortar a la municipalidad a mantener estricta reserva y confidencialidad respecto del nombre del o de la fiscal adjunto que esté investigando o haya investigado una determinada causa, lo que resulta imprescindible para asegurar adecuadamente su integridad”.

El conflicto entre Carter y Valencia se debió, en parte, a que el alcalde hizo público el nombre del fiscal Oriente, Ernesto Navarro, quien entregó la información, y a partir de eso surgieron una serie de amenazas en su contra. Además, su jefatura -a cargo de la fiscal Lorena Parra- instruyó un sumario en su contra para determinar si actuó o no apegado a la ley orgánica del Ministerio Público.

Por lo mismo, en el protocolo -bautizado entre los alcaldes y fiscales como “protocolo Carter”- se establece que “las municipalidades deberán adoptar todas las medidas de resguardo de la información que reciban del Ministerio Público” y también que “ninguna de las instituciones podrá realizar publicación alguna, publicidad o despacho noticioso utilizando el nombre o logo de la otra institución, salvo que cuente con su consentimiento previo, expreso y por escrito”.

Para la entrega de información desde las fiscalías a los municipios se deberán asignar “puntos focales”, es decir, personas determinadas para traspasar los antecedentes, quienes, incluso, podrían recurrir al anonimato. “Estos puntos focales podrán ser anonimizados a efectos de asegurar su integridad”, dice el texto.

La presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), Carolina Leitao (DC), señaló que “muchos municipios estamos trabajando de manera muy coordinada con la Fiscalía y ese trabajo no puede parar, por el bien de nuestras comunidades. Es muy importante recordar y explicitar los términos en los que deben hacerse estas coordinaciones, con el fin de no frustrar ni entorpecer las investigaciones, ni poner en riesgo a personas, y por supuesto para resguardar la legalidad”.

Por su parte, el vicepresidente de la Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch), José Manuel Palacios (UDI), sostuvo que “valoramos este protocolo y creemos que es un buen primer paso para iniciar un trabajo más coordinado entre las organizaciones que cumplimos un rol en materia de seguridad; por lo mismo, nos hubiese gustado que las asociaciones de municipios hubiesen tenido alguna participación en la definición de los criterios, considerando que somos estratégicos en el territorio en el combate contra la delincuencia y el crimen organizado”.

Cada fiscalía regional, por su parte, ya está trabajando en la ejecución del protocolo, el cual buscará “oficializar” el traspaso de información a los municipios.