Casi 12 horas después de sostener una reunión con el Presidente Sebastián Piñera, en La Moneda, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado; el subsecretario, Juan Francisco Galli, y el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, viajaron a Temuco para abordar la seguidilla de hechos de violencia registrados en la Macrozona Sur, compuesta por las regiones de La Araucanía, Biobío y Los Ríos. El tema es prioridad en Palacio y la instrucción es una: diseñar un plan policial para frenar los atentados, tomas de terreno y ataques incendiarios.
Las autoridades iniciaron una serie de encuentros en las dependencias de la Policía de Investigaciones (PDI) de Temuco. Ahí fueron recibidos por el director de la policía civil, Héctor Espinosa; los intendentes de La Araucanía y el Biobío, y el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Javier Iturriaga.
En paralelo, efectivos policiales se desplegaban en un predio de la Forestal Arauco, ubicado en la ruta que une Cañete y Los Álamos, en la Región del Biobío. “Una cantidad indeterminada de sujetos encapuchados, premunidos con armas de fuego largas, ingresaron al recinto intimidando a los trabajadores, obligándolos a salir”. Así da cuenta uno de los partes elaborados por Carabineros, donde, además, se describe la quema de dos cargadores frontales, un procesador, dos torres de procesamiento maderero, dos camiones y dos contenedores.
En el lugar se encontró un lienzo que decía: “Ni la cárcel ni las balas detendrán la reconstrucción nacional mapuche. Con control territorial y sabotaje al capital avanzamos hacia la liberación nacional mapuche. Libertad a Daniel Canio y a todos los PPM, ORT Lavkenche Weuwaiñ, Levtraru Marrichiweu, CAM”.
Según aseguró la policía, Bomberos no pudo llegar a la emergencia debido a la peligrosidad del sector.
Así, la reunión se inició con el análisis de este evento y se extendió durante toda la tarde. Una de las ideas que se respaldaron en la cita fue la de implementar “patrullajes mixtos”, entre funcionarios de Carabineros, la PDI y el Ejército, una medida inédita, que permitiría preparar un sistema que pueda anticiparse a la ocurrencia de delitos.
El objetivo con esto es fortalecer los patrullajes y controles con este trabajo mixto, pero también abordar los grupos más violentos de la zona. Tanto en el gobierno como en las policías se ha instalado la sensación de que hay organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico que están aportando los recursos para perpetrar atentados. Por lo mismo, las policías pondrán un énfasis especial para vincular la incautación de armas y el ataque de estos grupos, tal como ocurre en casos comunes de tráfico de droga: indagar clanes y bandas.
Tras la reunión, el ministro Delgado sostuvo que lo que se busca es “mejorar la coordinación y aumentar la sinergia entre las distintas instituciones. Mejorar la Inteligencia, a partir, justamente, de los datos y la experiencia que ellos también han levantado en los territorios. Y de esa manera poder enfrentar a estos delincuentes, enfrentar al crimen organizado, el armamento de guerra, el narcotráfico, el robo de maderas y el robo de vehículos de una forma distinta, más robusta, en cuanto a la coordinación”.
Delgado, por otro lado, respaldó el actuar de las policías y personal militar en la prevención de ataques en la zona. “Me consta que tanto la PDI, Carabineros y el mismo Ejército han logrado prevenir situaciones que, por supuesto, estaban por ocurrir y que no han ocurrido”, indicó.
En la reunión, el general Yáñez también se refirió a la colaboración de las Fuerzas Armadas en la zona. “Debemos fortalecer aún más el trabajo profesional y permanente de ambas instituciones, incorporando a las Fuerzas Armadas con todas sus capacidades”, dijo, advirtiendo que esta colaboración debe estar abocada en el traspaso de apoyo logístico y con medios blindados, asesoría en planificación, apoyo de Inteligencia, incluso con entrenamiento en técnicas y tácticas militares.
Yáñez también hizo un repaso sobre los daños y los efectivos que han resultado heridos en la zona: desde 2010 a la fecha van 394 carabineros lesionados, 38 de ellos con heridas de carácter grave y 81 por impactos de bala. Mientras, desde 2012, van tres carabineros fallecidos. Asimismo, se dio cuenta de que a contar de 2009 se han registrado 390 vehículos dañados, mientras que solo este año ya van 27 carros policiales atacados.
El general también deslizó una reflexión en medio de la reunión, representando las inquietudes de la institución frente a los hechos de violencia: “Hay un uso de la fuerza que se ha visto deslegitimado. ¿Cómo enfrentamos operaciones policiales en las que, después, un carabinero es cuestionado, detenido, formalizado y privado de libertad? Tenemos vehículos inhabilitados por disparos con armas de fuego por ataques directos. Aún así, ante la adversidad, los carabineros se suben igual a los vehículos, sabiendo el riesgo al que se enfrentan, porque nuestro compromiso es la seguridad y proteger a la comunidad”.
Las dudas de Carabineros
En Carabineros asumen que el control del orden público recae totalmente en ellos. Sin embargo, en las filas de la institución también insinúan que no vendría mal un poco más de colaboración, por eso no miran con malos ojos la implementación de patrullajes mixtos, con la PDI y el Ejército.
En la institución aseguran que para la Macrozona Sur las tareas de la institución son múltiples: la protección de las rutas para los camiones, dar seguridad en los campos, proteger la cosecha de los agricultores, realizar controles móviles en las comunidades “radicales” y fiscalizar las rutas interurbanas, vigilando el robo de madera y las medidas de protección a medios privados, por orden judicial.
Eso, dicen, sumado al control del delito, el Covid-19 -con el toque de queda y fiestas clandestinas- y otros derivados de la labor policial. Pero son las medidas de protección a los predios en la zona lo que más inquieta a la policía, hace, al menos, cinco años.
Actualmente, y lo dejó ver Yáñez en la reunión, son 600 las medidas de protección en predios que han sido víctimas de atentados, muchas de las cuales son vigiladas por un solo un carabinero, porque no hay más. Estas medidas están sobre bienes materiales y no sobre seguridad de las personas, dicen en la institución, por lo que deberían ser revisadas periódicamente por el Ministerio Público y así disminuir esa carga. Un dato no menor: en la policía ya se comenta que algunos dueños de tierras ofrecen sus terrenos para la venta “con medida de protección incluida”, lo que aumenta la plusvalía.
Reacciones en la zona
El encargado de las Relaciones Internacionales del Consejo de Todas las Tierras, Aucán Huilcamán, pidió más diálogo que acción policial. “Quiero llamar al Presidente de la República a un diálogo, él es Jefe de Estado y puede convocar a un diálogo, independientemente de la naturaleza de las tensiones y los conflictos en el país. La situación de La Araucanía es conocida por largo tiempo y ningún gobierno ha tenido la valentía o la decisión de realizar un diálogo de buena fe”, dijo.
En tanto, el presidente de la Asociación de Víctimas de Violencia Rural (AVVRU), Alejo Apraiz, manifestó que el Mandatario “desconoce lo que ocurre en La Araucanía, ya que establece una comisión encabezada por el ministro del Interior y los jefes de las policías para que vengan a la zona, en un acto muchas veces repetido y que no tiene mayor efectividad”.