La semana pasada, el presidente de la CPC, Juan Sutil, dijo que la inmigración “detuvo el desarrollo y el crecimiento” de Chile, generando una fuerte polémica.

En este contexto, es relevante revisar qué han dicho autoridades y expertos respecto de los efectos de la llegada de migrantes en la economía chilena, donde se ha destacado el impulso al crecimiento de largo plazo, entre otros.

Las autoridades y expertos han entregado varios antecedentes en los últimos años sobre el efecto que ha tenido el fuerte aumento de la inmigración sobre la economía del país. Uno de lo que más se ha referido al tema, en sus distintos Informes de Política Monetaria (Ipom), ha sido el Banco Central.

En junio de 2019 el ente rector estimó que el crecimiento tendencial del PIB para los próximos diez años se ubicaría entre 3,25% y 3,75%. Esto implicó un aumento de 0,25 puntos porcentuales (pp) con respecto a lo estimado en los dos años previos, cuando se calculó un crecimiento de entre 3,0% y 3,5%. Lo novedoso de esa estimación fue que la principal variante que hizo aumentar, en ese entonces, la capacidad de crecimiento de la economía, fue el aumento de la fuerza de trabajo, debido al flujo migratorio.

En diciembre de 2018, el Banco Central se centró también en otro efecto de la inmigración: una menor presión al alza en los salarios. “La revisión metodológica de las encuestas de remuneraciones, así como el reconocimiento de que las encuestas de empleo no están diseñadas para lidiar con cambios poblacionales sorpresivos, lleva a reconocer un mayor dinamismo en el mercado laboral en los últimos años. En particular, este ha sido capaz de absorber un importante flujo inmigratorio, el cual podría explicar, en principio, la desaceleración salarial mostrada por diversos indicadores. Esta explicación es coherente con la información cualitativa que se recoge en el Informe de Percepciones de Negocios, donde se reconocen menores presiones salariales por efecto de la mayor oferta laboral”. Estos datos son clave para que la autoridad monetaria anticipe el desarrollo de la inflación.

En la misma línea, un documento de trabajo publicado en diciembre de 2019 por el Banco Central, de los economistas Agustín Arias y Juan Guerra-Salas, titulado “Immigration in Emerging Countries: A Macroeconomic Perspective”, señala que en sus simulaciones “una ola inmigratoria aumenta la oferta de trabajo, generando presión a la baja en los salarios del sector formal. Los trabajadores, especialmente aquellos con menor nivel de habilidad, responden reasignando trabajo hacia el sector informal, lo que les permite mitigar la caída en el consumo por trabajador asociada a los salarios más bajos en el sector formal. De este modo, el modelo constituye un marco para el análisis cuantitativo de la inmigración en países emergentes”.

Sin embargo, la Comisión Nacional de Productividad en 2018 dijo que, en ese momento, no había evidencia de que la mayor inmigración hubiese afectado la evolución de los salarios.

En tanto, un libro publicado por el Centro de Estudios Públicos (CEP) en agosto de 2019 -previo a la crisis social- muestra, con datos principalmente de la Encuesta Casen 2017 y el Censo 2017, varios hallazgos al respecto. En primer lugar, que los principales “damnificados” en términos de salarios con la llegada de más inmigrantes son los propios inmigrantes. En 2006, el ingreso promedio de los inmigrantes en el país era de $ 530.167, mientras los chilenos promediaban $ 305.796. En 2017, la media de los inmigrantes tenía ingresos por $ 547.223 y los locales, por $ 531.417. Estos datos son en términos nominales, por lo que si se descuenta la inflación, se ve una caída de 29,7% en los salarios de los extranjeros en ese período. Además, el reporte muestra que los inmigrantes trabajan, en promedio, más horas que los chilenos.

Otro estudio, del economista Juan Bravo e incluido en el libro “Migración en Chile: Evidencia y mitos de una nueva realidad”, señala que “la percepción respecto a los impactos perniciosos que podría tener la migración en el empleo o los salarios de los trabajadores nativos suele basarse en una creencia equivocada, conocida como la falacia de los empleos fijos. Ella consiste en asumir que en la economía existe un número fijo de empleos, por lo tanto, la llegada de personas migrantes implicaría que cuando éstos obtienen un empleo, necesariamente debe perderlo un trabajador local. Esto supone que la situación es un juego de suma cero, donde para que uno gane, el otro debe perder. Sin embargo, el número de empleos en la práctica no es fijo, y existen varias vías por las cuales la migración en realidad puede aumentar el empleo”.

De hecho, puntualiza que si bien los inmigrantes aumenta la oferta de trabajadores disponibles, también hace crecer la demanda por bienes y servicios, que exige un aumento de la producción y, por ende, de los puestos de trabajo.

Otro aspecto que se ha analizado es su contribución fiscal. De acuerdo a un estudio del Servicio Jesuita a Migrantes, el ingreso fiscal aumentó del orden de un 0,5% del PIB anual promedio entre el 2014 y el 2017 gracias a la inmigración. Esta contribución positiva se calcula utilizando estimaciones del ingreso directo que generan los migrantes a través del pago de impuestos directos y multas, como también del ingreso indirecto que producen al pagar el IVA y otros impuestos indirectos. Pero ese no es el único factor favorable, ya que el estudio afirma que “si se considera que la población migrante representa un 8% de la fuerza laboral, su contribución al PIB es del orden del 4%. Asumiendo una tributación media del 20% sobre el ingreso, aporta anualmente un 0,8% del PIB adicional al 0,5% promedio por concepto de aumento del PIB, lo que aumenta su contribución fiscal neta en 1,3% anual, lo que equivale a US $4.000 millones”.

Ese trabajo además precisa que para el cálculo se dejan fuera todas las externalidades positivas que producen los migrantes a lo largo del tiempo al aumentar el producto, y por ende la recaudación, al generar mayor crecimiento de la fuerza laboral y de la productividad del país con su capital humano. Por lo que esta contribución fiscal neta podría además estar subestimada.

Respecto del sistema de salud, un estudio del CEP indica que los inmigrantes hacen menor uso del sistema en momentos de necesidad. Según la Encuesta Casen 2017, mientras el 93,6% de los locales dijo que se atendió cuando lo necesitó, ese porcentaje cae a 90,6% en el caso de los inmigrantes. Además, hay menos inmigrantes afiliados.

En materia de seguridad, otro estudio del CEP, publicado el año pasado, señala que “los extranjeros participan poco en delitos y, más aún, su participación relativa ha venido cayendo en los últimos años”. El documento, escrito por los autores Nicolás Blanco, Loreto Cox y Valeria Vega, utilizó datos facilitados por la Defensoría Penal Pública (DPP) para causas cerradas entre los años 2006 y 2018.

De todas formas, otra de las conclusiones del estudio es que la excepción a la baja participación de inmigrantes en delitos son aquellos relacionados a la Ley de Drogas. “Los extranjeros están sobrerrepresentados en delitos de drogas, en casi tres veces entre las imputaciones y en más de cuatro veces en el caso de las condenas”, afirman los autores. Con todo, esa alza no sería mayor al aumento de la población extranjera, es decir, se mantiene en proporción.