“Mientras más tiempo pase sin resolverse, peor”. Así resumía anoche uno de los vicepresidentes de la Convención Constitucional la compleja situación en que quedaron el órgano y su mesa luego de que el convencional Rodrigo Rojas Vade (Pueblo Constituyente) reconociera ante un reportaje de LT Domingo que su diagnóstico de cáncer, con el que se convirtió en un ícono de las protestas del estallido social y el que enarboló como una de sus principales banderas de campaña, era una mentira.

El caso golpeó fuerte a la directiva del organismo, desde donde se coordinaron acciones desde el fin de semana para contener una crisis mayor. Ante la gravedad de los hechos y el potencial daño que la revelación podría hacer a la labor de la propia Convención, ya el domingo se había comenzado a evaluar la posibilidad de que la mesa ampliada remitiera los antecedentes al Ministerio Público, y así lo hicieron durante la jornada de este lunes.

En un escrito de siete páginas, la directiva puso en conocimiento de la Fiscalía Centro Norte la declaración de patrimonio en que Rojas Vade aseguró tener una deuda de 27 millones de pesos derivadas del tratamiento para el cáncer, sesiones de quimioterapia que nunca se habría realizado.

“Venimos a poner en su conocimiento los hechos descritos, a fin de que se inicie la investigación respectiva y se determine la eventual existencia de responsabilidad penal en conformidad con el artículo 11 inciso final de la ley 20.880″, se señala en el texto en el que se denuncian hechos que a juicio de la mesa podrían “ser constitutivos de delito”.

La acción -que será investigada por el fiscal jefe del Centro de Justicia, Patricio Cooper- fue abordada por Bassa la mañana de ayer junto a los abogados Cristián Arroyo y Jorge Dip, quienes están asesorando a la mesa en comisión de servicio desde la Universidad de Valparaíso. Según distintas fuentes, remitir los antecedentes a la fiscalía era una buena estrategia para evitar que el tema siguiera tensionando al organismo, y así se acordó.

En una reunión extraordinaria, además, durante la tarde la directiva de la Convención Constitucional se reunió por más de dos horas para despejar las tensiones y diferencias que se habían suscitado en la previa respecto de cómo abordar el asunto.

En la cita, según presentes, la mesa concordó solicitar un informe jurídico a los abogados que asesoran al organismo para tener claridad sobre cómo proceder tanto respecto del reemplazo de Rojas Vade en la mesa, como respecto de una eventual renuncia. Si bien se había planteado inicialmente que su suplente en la inscripción de patrocinios para el cargo, Tania Madriaga (Pueblo Constituyente), sería quien asumiría el cargo, finalmente la directiva lo dejó a consideración de los técnicos.

A su vez, al no haber reglamento y no existir tampoco en la Constitución una hipótesis de vacancia que se ajuste al caso de Rojas Vade, los convencionales optaron por evitar un emplazamiento al exvicepresidente para que se aparte de sus funciones, pese a que varios constituyentes de Vamos por Chile y sectores moderados han afirmado que su par no puede seguir ejerciendo el cargo. “La arbitrariedad es algo que no nos podemos permitir, esto no es una cuestión de voluntad”, afirmaba tras la cita uno de los vicepresidentes.

En el encuentro, además, se mandató a la vicepresidenta Lorena Céspedes (INN) a mantener el contacto con el convencional para estar al tanto de sus pasos y saber con antelación si es que concreta lo que sostuvo el domingo en este medio: “Siento que me tengo que retirar. No tengo nada más que hacer en la Convención”, dijo.

Y más allá de los vacíos jurídicos para una eventual renuncia, para varios en la mesa, quien debería tomar la decisión es el propio Rojas Vade. Un pronunciamiento de su parte, dicen las mismas fuentes, es la única forma de descomprimir el clima interno y evitar que esto empañe el debate del reglamento que está fijado para el pleno del jueves.

Fue el día jueves en la reunión de la mesa ampliada que la convencional Céspedes (INN) notó algo extraño en la actitud de Rojas Vade. Según distintas fuentes, la también vicepresidenta de la Convención Constitucional se acercó a su par electo por la Lista del Pueblo para saber qué le pasaba.

A esas alturas, Rojas Vade ya sabía del reportaje que revelaría su engaño y lo confesó a Céspedes esa misma noche. Fue a través de ella que luego, el día viernes, se enteraría el resto de la mesa, incluyendo al vicepresidente Bassa y a la presidenta Loncon.

La noticia descolocó a los integrantes de la directiva, todos entendían que se trataba de una situación “delicada” y que los enfrentaba a un problema político “sin precedentes”. Fue en ese momento que varios de los convencionales de la mesa tomaron contacto con el propio Rojas para obtener mayores antecedentes.

Durante el fin de semana, y antes de la publicación del reportaje, Bassa activó gestiones con el resto de la mesa para enfrentar tanto política como comunicacionalmente la crisis que desató entre los propios convencionales la situación de Rojas Vade. El mismo sábado varios convencionales de Vamos por Chile pidieron la renuncia del constituyente.

La propuesta del abogado fue salir con una declaración lo antes posible para contener el daño a la Convención Constitucional. Sin embargo, según distintas fuentes de la mesa, no fue fácil consensuar un texto. “Algunos querían salir a abrazarlo, y otros, a crucificarlo, tuvimos que buscar un intermedio”, afirmaba este lunes un vicepresidente.

En medio de un tironeo que luego se reflejaría en las distintas declaraciones públicas de los miembros de la mesa, la instancia alcanzó un escrito el día domingo -el que fue redactado por Bassa- y que algunos incluso calificaron en privado de “amarillo”. En un texto de solo tres párrafos aseguraron lamentar “profundamente lo ocurrido con el convencional”, a la vez que empatizaron “con el dolor que esta situación ocasiona”.

En el escrito, además, la mesa informó que aceptaba su renuncia al cargo de vicepresidente que Rojas Vade había notificado a través de un correo el mismo domingo. Según distintas versiones, esa decisión la habría tomado tras la presión de integrantes de la propia mesa.

En medio de todo eso, la declaración se sumó a las palabras que dio la misma mañana del domingo la presidenta Loncon y que generaron incomodidad en algunos sectores de la mesa. “Estamos respondiendo a la altura de los acontecimientos y nosotros somos humanos, no somos dioses para no fallar”, sostuvo la dirigenta, quien volvió a referirse al tema en el mismo tono la mañana de ayer.

Esas diferencias se expresaron en las declaraciones que distintos integrantes de la mesa emitieron ante la prensa durante la jornada. El propio Bassa tomó distancia de lo planteado por Loncon y aseguró que “aquí no va a haber defensas corporativas. Vamos a iniciar todos los procedimientos internos y externos necesarios, primero para develar toda la verdad, para tener plena certeza respecto de qué es lo que efectivamente estado ocurriendo. Y, además, para hacer el esfuerzo de restituir la confianza de la ciudadanía en sus constituyentes”.

También asumió un tono más categórico el vicepresidente del Colectivo Socialista Pedro Muñoz, quien sostuvo que “no podemos tener una reacción tibia ante lo sucedido porque aquí lo que está en juego es sumamente importante”, y agregó: “Apenas tuve noticia de lo sucedido le señalé a la mesa la necesidad, primero, de la renuncia a la vicepresidencia y, en segundo lugar, la necesidad de activar los mecanismos internos -que están en construcción- para darle cauce interno al problema y, en tercer lugar, poner todos los antecedentes a disposición de todos los organismos, y eso incluye los tribunales de justicia”.

En la mesa admitían ayer que esto podría tensionar innecesariamente el trabajo de la Convención Constitucional, algo que varios de sus miembros veían con preocupación. “Los extremos se van a radicalizar y eso nos va a afectar políticamente”, sostenía ayer un convencional fuera de micrófono.

Para varios integrantes de la instancia la defensa “ciega” que han realizado desde Pueblo Constituyente y otros independientes que fueron electos en cupos de la Lista del Pueblo es un “error” y, advierten, que podría terminar crispando el clima interno.

La norma que regula a los convencionales -la misma que aplica para los parlamentarios- no contempla en ninguna de sus hipótesis de vacancia en el cargo la situación de Rojas Vade.

La única alternativa para que el dirigente se aparte formalmente del ejercicio de sus funciones es que acredite una enfermedad inhabilitante. Sin embargo, varios constitucionalistas han advertido que existe un vacío normativo dado que la reforma que habilitó el proceso constituyente no modificó las atribuciones del Tribunal Constitucional para que sea dicho organismo el que califique la renuncia de uno de los convencionales.

Si bien la posibilidad de que un convencional renuncie a su cargo se abordará en el marco del debate reglamentario, Bassa aseguró ayer que “no es buena idea que entre pares exista la posibilidad de que nos destituyamos, recíprocamente, pero sí debe haber una salida institucional”.

A su vez, el convencional Fernando Atria sostuvo que “un órgano elegido por votación popular no puede sancionar o tomar decisiones respecto de sus miembros que impliquen la pérdida de sus derechos como representantes” y, advirtió, que tal como ocurre con los parlamentarios, se requeriría de una reforma constitucional para establecer un sistema de reemplazo para convencionales independientes que por alguna razón cesaran en el cargo o renunciaran.

Por su parte, el convencional Jorge Baradit (independiente en cupo PS) planteó que la mesa de la Convención debería solicitarle expresamente la renuncia a Rodrigo Rojas. “Esto no puede convertirse en un pequeño (Caso) Caval para la Convención”, remarcó.