“Los flujos regulares han disminuido de forma considerable como consecuencia del cierre de fronteras decretado por la pandemia de COVID-19, pero lo que ha aumentado son los ingresos clandestinos”. Este es uno de los párrafos que señala una minuta que se titula “ingreso clandestino en frontera norte” que elaboró el Ministerio del Interior respecto a la situación migratoria en medio de la crisis que se originó en Colchane, en el norte del país.

El tema ha generado una complicación para el gobierno y una serie de cuestionamientos por el manejo en la crisis levantado por la propias autoridades locales de la zona: su alcalde, Javier García, dijo rechazar la eventual llegada del ministro Rodrigo Delgado al lugar. Sin embargo, en Palacio descartan que el tema se “les haya ido de las manos” y recalcan que las cifras, en relación a años anteriores, han disminuido.

De acuerdo a la minuta, se indica que “estos ingresos se han generado por diversas razones, entre las principales están: el cierre de fronteras; las expectativas de lo que denominamos el ´efecto llamada´ al discutirse una indicación en el Senado que permitía regularizar a los ingresos clandestinos (que fue finalmente rechazada); la utilización y promoción del refugio como mecanismo para regularizar la situación migratoria impulsado por organizaciones de la sociedad civil”.

Asimismo, se indica que también ha incidido “la información falsa entregada por inescrupulosos coyotes que se dedican a cruzar fronteras por dinero que no muestran los riesgos para la vida que involucra el ingreso clandestino; la información que circula por las redes sociales que minimiza las dificultades de estar en Chile de forma irregular; los beneficios y mejor calidad de vida que ofrece nuestro país en relación a un gran número de países en Latinoamérica -incluida la vacunación por el COVID”.

Y se agrega: “Todas estas razones, junto con una frontera porosa en el norte del país, han generado más de 16 mil ingresos clandestinos, los que sin embargo, son un número reducido en comparación con los ingresos de años anteriores”.

De igual manera, aunque no está en la minuta, en Interior creen que el hecho de que se esté por promulgar prontamente la nueva ley de migraciones generó un incentivo adicional para que comiencen a traspasar la frontera y, además, creen que el hecho de que Chile cuente con vacunas para el Covid-19 también ha influido.

En este escenario, el Ejecutivo se activó y comenzó a diseñar un plan para contener la situación, la que ha dejado a migrantes fallecidos, y que está siendo liderado por el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, quien está en coordinación con el subsecretario de la cartera, Juan Francisco Galli; el canciller Andrés Allamand; y el ministro de Defensa, Baldo Prokurica. Además, Delgado ha estado en contacto directo con el Presidente Sebastián Piñera, quien se encuentra de vacaciones en Futrono y ha estado monitoreando la situación.

De hecho, si bien en La Moneda dicen que estaba planeado desde antes de esta crisis, Delgado viajará la próxima semana, junto a Prokurica, a la macrozona norte del país y pasará, según está estipulado en su agenda, el miércoles por Colchane donde anunciará un plan de acción.

“A inicios de este gobierno se tomaron medidas administrativas importantes (…). Eso hizo que las cifras que conocemos hoy día sean mucho menores al año 2017, 2018 y 2019... de todas formas tenemos una situación que vamos atender”, dijo Delgado este jueves en un punto de prensa, agregando que “mi viaje a la macrozona norte es para darle una bajada concreta a las nuevas herramientas” que tienen, entre ellas, el decreto 265 publicado este jueves en el Diario Oficial que permite que las Fuerzas Armadas colaboren en el control migratorio; y por la nueva ley de migración que esperan que sea promulgada en marzo.

Durante el viaje, según indican en el gobierno, se entregarán los ejes con los que esperan hacer frente al escenario.

En la minuta de Interior se indica que “la mejor política contra los ingresos clandestinos es evitar que se generen desde el país de origen, ya que, al llegar a frontera, el costo aumenta exponencialmente. Sobre las medidas concretas para enfrentar los ingresos clandestinos”.

En esa línea, se proponen cinco ejes para confrontar el dilema. El primero, es mejorar la coordinación con los países vecinos e iniciar contactos diplomáticos. ”El trabajo de las autoridades responsables del control fronterizo (Carabineros, PDI, Ejército, gobernaciones, etc) ha mejorado los avistamientos y disminuido los cruces clandestinos cuando existe una mejor relación entre las autoridades de rol equivalente en el país vecino. Esto ocurre principalmente entre Chile y Perú, y no existe la misma relación entre Chile y Bolivia, lo que es problemático dado que el 80% de los ingresos clandestinos ocurren en la frontera con ese país”.

En ese sentido, se indica que “fortalecer el trabajo bilateral entre las regiones aledañas es fundamental para mejorar el control fronterizo, lo que se está realizando con una participación activa y constante del Ministerio de Relaciones Exteriores”.

De hecho, el canciller Andrés Allamand se puso en contacto durante estos días con sus pares de Colombia, Ecuador, Bolivia y Perú para agilizar ese proceso. “La acción de la Cancillería, establecida con el Ministerio del Interior, apunta a dos objetivos: el primero es coordinar de la mejor manera posible el trabajo que debe realizarse en las fronteras mediante el enlace de puntos de contacto entre las respectivas autoridades civiles y policiales y el intercambio de información sobre los desplazamientos de migrantes ilegales”, dijo el ministro a este medio, agregando que lo segundo “tiene que ver con los mecanismos legales y judiciales que deben emplearse para desarticular las bandas criminales organizadas que realizan tráfico de personas, incluyendo menores de edad”.

Y agregó: “La crítica situación que afecta a Venezuela ha transformado desde hace tiempo la migración irregular en un grave problema regional que difícilmente amainará mientras la realidad venezolana que refleja una crisis no solo política y económica sino humanitaria siga de mal en peor.”

En segundo lugar, en la minuta se plantea que se deben manejar las expectativas de quienes vienen a nuestro país por paso no habilitado: Muchos de los extranjeros que llegan, son engañados o desconocen los altos costos que tiene estar en Chile sin visa ni cédula de identidad. Las dificultades de inserción y acceso a servicios que la irregularidad genera, muchas veces dificultan su integración en nuestro país”.

En el gobierno afirman que se “profundizará en campañas comunicacionales que visibilicen estas dificultades para desincentivar el ingreso clandestino, mediante la exposición de videos y campañas en consulados chilenos en el exterior y comunidades migrantes con foco en redes sociales”.

En tercer lugar, se recalcan que están trabajando en reforzar el control fronterizo presencial. “La participación tanto del Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas a través de la ampliación del decreto que les permite operar en frontera, además de la evaluación del rol de PDI y replantear los protocolos de Carabineros es clave para el éxito de esta medida”. De hecho, durante su viaje al norte de la próxima semana, Delgado espera profundizar en cómo será el resguardo que harán las Fuerzas Armadas y cuántos efectivos se dispondrán.

En cuarto lugar, se asegura que la nueva ley de migraciones “facilita la expulsión administrativa para desincentivar el uso de pasos no habilitados. A su vez, crea el Servicio Nacional de Extranjería y sus Direcciones Regionales, junto con la Política Pública Migratoria, la cual se hace cargo del fenómeno en sus distintas dimensiones, de forma más integral y más local”.

La promulgación de la normativa sufrió demoras debido a que un sector de la izquierda llevó el proyecto de ley al Tribunal Constitucional, sin embargo, la ofensiva no prosperó y La Moneda espera concretar en marzo la promulgación.

Y, como quinto eje, se indica que aumentarán las expulsiones administrativas. “De la mano con la simplificación de las expulsiones con la nueva ley, es fundamental materializar y visibilizar más expulsiones, no solo a países fronterizos como Perú y Bolivia, sino a aquellos que más ingresan de forma clandestina, es decir, Venezuela, Haití y Colombia, de manera de dar la señal de que quienes ingresan por paso no habilitado, hay consecuencias asociadas más allá de los problemas de integración, como es una expulsión y una prohibición de ingreso por 10 años”, recalca la minuta.

Si bien no está en el texto de Interior, en esa cartera identifican otro eje en el cual deben trabajar para combatir la migración clandestina: uno judicial e investigativo. Para eso, de hecho, el Ejecutivo se puso en contacto con el Ministerio Público y, según fuentes de gobierno, se acordó reactivar una mesa de trabajo los primeros días de marzo para investigar quiénes están detrás del tráfico de migrantes.