“Por especial encargo del Subsecretario de Redes Asistenciales, me permito convocar a ustedes a una reunión de Análisis de la Situación Actual de Honorarios COVID, a realizarse el día martes 26 de septiembre a las 17:30 horas en dependencias del Ministerio de Salud”. Así empieza el mail que enviaron desde la Subsecretaría de Redes Asistenciales a los gremios de salud el pasado viernes por la tarde.

¿La razón? Abordar la crisis que provocaría la desvinculación de personal extra que se contrató para combatir el Covid-19 dado el fin de la alerta sanitaria, decreto que estuvo vigente desde febrero de 2020 hasta el pasado 31 de agosto.

Al inicio de la pandemia había 32.045 personas contratadas por la alerta sanitaria, actualmente quedan 12.417. Se trata de enfermeras, kinesiólogos y auxiliares que han contribuido a reducir las brechas de profesionales que arrastra el sistema. Actualmente se considera mantener solo a 6.070 funcionarios que están cumpliendo funciones que no pueden ser suspendidas y que se consideran imprescindibles. Otros 6.347 contratos finalizarán durante el transcurso del año.

Este anunció encendió las alarmas al punto de que parlamentarios de ambas comisiones de salud del Congreso advirtieron que de no encontrar solución, no estarían dispuestos a aprobar el presupuesto del sector para el próximo año. A lo anterior se suman las movilizaciones convocadas por los gremios de la salud durante la segunda semana de septiembre, que incluso llevaron a la paralización de algunos establecimientos hospitalarios durante el 12 y 13 de este mes.

La demanda de los parlamentarios es que se mantengan los 6.347 funcionarios que serían desvinculados. La propia ministra Ximena Aguilera y sus equipos han buscado fórmulas en esa línea, pero hasta ahora han chocado permanentemente con la negativa de Hacienda.

En un principio el objetivo de este personal extra era atender la demanda generada por el virus, pero hoy con apenas 115 casos nuevos de coronavirus y 13 pacientes en UCI según el último informe del Minsal, los funcionarios ahora se dedican, mayoritariamente, a enfrentar otras necesidades, como las listas de espera y altas demandas de hospitalización que han generado los pacientes con enfermedades crónicas descompensadas.

La reunión de esta jornada en las oficinas de la cartera sanitaria -que no contará con la presencia de la ministra de Salud Ximena Aguilera- es el primer encuentro formal entre las autoridades y los 12 gremios nacionales que agrupan a los trabajadores de la red asistencial, como la Federación Nacional Coordinadora de Bases de la Salud Pública (Fenacoor) o la Federación Nacional de Asociaciones de Enfermeras y Enfermeros de Chile (Fenasenf).

Desde el Ministerio de Salud afirmaron que en la instancia estará el subsecretario de Redes Asistenciales, Osvaldo Salgado, y parte de su equipo, como María Cristina Yáñez, jefa del Departamento de Relaciones Laborales, y Angélica Fuenzalida, jefa de la División de Gestión y Desarrollo de las Personas. Además, aclararon que esta reunión responde a la pedida por las organizaciones que el 13 de septiembre le solicitaron al ministro de Hacienda, Mario Marcel, una oportunidad para conversar.

“Uno supone que las autoridades sanitarias nos entregarán una respuesta respecto al futuro de estos 6.500 trabajadores, pero no tenemos mayores antecedentes de la reunión. Nosotros igual hemos exigido una respuesta, pues el próximo sábado se cumple la fecha límite y es ahí donde se hace efectivo el término de contratos”, afirma el presidente de la Confederación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud (Fenpruss), Aldo Santibáñez.

Asimismo, comenta que no tiene tantas expectativas de la cita: “Da la impresión que el Ministerio de Salud va a insistir en la desvinculación de las personas, pues hasta ayer escuchamos de funcionarios que estaban siendo notificados”.

La presidente de la Fenats Histórica Nacional, Ada Iraira, coincide que tampoco tiene tantas expectativas. “Si de verdad querían resolver el tema, tendrían que habernos citado junto a Hacienda, y es lo que habíamos solicitado en un principio. Es más, yo no veo que tengan mucha voluntad de solucionarlo”.

De acuerdo a la recolección de datos que realizaron gremios y parlamentarios, el grueso de los términos de contratos corresponde a personal no médico, como enfermeras, kinesiólogos y auxiliares. Y aunque la cartera sanitaria no ha especificado quiénes se irían; sí explicaron que se priorizará mantener a aquellos que trabajan en complejización de camas, hospitalización domiciliaria, laboratorio y urgencias hospitalarias.

De todas formas, Iraira agrega que “con el tiempo los honorarios de Covid-19 han cerrado brechas que teníamos en la red pública, entonces es personal que si hoy se va, va a generar un impacto grande y eso nos preocupa. De hecho, en algunos casos, va a significar reducción en la atención”.

En ese contexto, la ministra Aguilera ha estado en permanente conversaciones con Hacienda para mantener a la mayor cantidad de funcionarios posibles. Sin embargo, en más de una ocasión le han dicho que no es factible y ella, por su parte, también ha afirmado públicamente que es difícil. Esa es la postura que, según conocedores de las tratativas, le comunicarán a los gremios en la reunión de este martes.

El gran problema hoy es el presupuesto. Y es que aunque se visaron los dineros para mantener a 6.070 de los más de 12 mil que quedan, para la otra mitad no hay recursos, muy en línea con la austeridad que según entendidos estará marcado el Presupuesto 2024 en general.

En ese sentido, cuando terminó la alerta, la autoridad de Salud indicó que si bien esto “era un momento complejo”, es una situación “que tenemos que enfrentar”, ya que el fin de la alerta, que traía consigo dineros de emergencia, implicaba que se tienen menos recursos.

Por esta razón algunos establecimientos, como el Hospital Sótero del Río, han reorganizado sus recursos para mantener a este personal al menos hasta el 31 de diciembre.