Hasta el viernes 29 de septiembre tiene el gobierno para ingresar el veto a la denominada ley de usurpaciones, norma aprobada por el Congreso que endurece las penas contra quienes se tomen terrenos de terceros, pero que también permite la defensa particular de estos predios.

Es esto último lo que motivó la ofensiva del Ejecutivo y según señaló la ministra del Interior, Carolina Tohá, “este proyecto como salió tiene profundos problemas, genera mucha preocupación en el ambiente de las personas que son especialistas en esta materia, porque desde el punto de vista de la ley penal es correr un cerco, en el sentido en que el monopolio del uso de la fuerza lo tenga el Estado y no que cada persona se defienda sola”.

El cómo decante esta normativa es algo que preocupa en los organismos encargados de estudiar este delito, el cual registró una sostenida tendencia al alza, al menos, desde el 2018. Según cifras del Ministerio del Interior de 2021, de los 427 casos de violencia rural en el primer trimestre de ese año, 134 correspondían a toma de terrenos. En el mismo periodo de 2020 se registraron solo 17 casos.

Para analizar el comportamiento de este ilícito, es que la Multigremial de La Araucanía evacuó un informe que recoge el diagnóstico de las usurpaciones, en la Macrozona Sur, entre 2018 y 2022. El documento da cuenta de datos del Ministerio Público y Carabineros.

En sus principales resultados se detalla que “existe un promedio 150 usurpaciones por año en la Macrozona Sur, lo que representa que la recurrencia de este delito es 3,5 usurpaciones por semana”.

Además, se consigna que del total de 732 usurpaciones informadas por el Ministerio Público, el 69% se reporta como “usurpaciones no violentas”. Esto quiere decir que se comete un delito contra la propiedad no atacando físicamente a las personas.

Si bien también se analizaron cifras de otras regiones, el estudio advierte que “al comparar los datos de Fiscalía y Carabineros ambas muestran una recurrencia de usurpaciones mayoritariamente en la región de La Araucanía y en Biobío. Entre ambas regiones acumulan más del 90% de las denuncias por usurpación”.

Aunque la cifra de usurpaciones es alta, en 2022 se registró una baja importante: se pasó de 288 en 2021, a 131 el año pasado.

La judicialización

Si bien las cifras son menores a los de años anteriores, lo que genera ruido en la multigremial son los resultados de las investigaciones.

“De los 732 usurpaciones denunciadas se encuentran sólo 158 en calidad de imputadas (condición de investigado). Esto muestra el nivel de impunidad que sufren las víctimas de usurpación, más aún cuando el 78% son personas desconocidas”, dice el informe.

Actualmente, la usurpación no reviste pena, solo multas determinadas. En el caso de toma no violenta considera una multa de entre $ 380 mil y $ 634 mil. En tanto, en casos violentos, las sanciones van entre los $ 698 mil y $ 1.270.000.

Patricio Santibáñez, presidente Multigremial de La Araucanía, señala que “es desconcertante que en la discusión legislativa el gobierno haya presentado indicaciones que contradicen estos objetivos. Propuso mantener la usurpación como una falta con penas de multa, perpetuando la situación actual y considerando las usurpaciones ‘no violentas’, que representan el 70% de los casos, como hemos mencionado”.

En esa misma línea, plantea que “es hora de dejar de brindar facilidades y privilegios a quienes cometen delitos en detrimento de las víctimas”.

El gobierno, en tanto, trabaja contrarreloj por avanzar en las conversaciones con las bancadas oficialistas y de oposición para lograr un consenso para mejorar la ley. Por ahora, todo sigue en etapa de conversaciones, las cuales podrían continuar mañana en el Congreso, en una jornada clave para sacar adelante un proyecto de ley fundamental en la agenda de seguridad del Ejecutivo.