Tras el vencimiento del plazo de inscripción de candidaturas presidenciales para los comicios generales del próximo 7 noviembre ayer y cuando más de 30 figuras disidentes han sido detenidas a lo largo de los últimos meses, tan solo un partido de la oposición política nicaragüense logró inscribir un binomio ante Consejo Supremo Electoral (CSE). Para enfrentar las cuestionadas elecciones en una papeleta “casi vacía” estará el excomandante de la contrarrevolución Óscar Sobalvarro y su compañera de fórmula, la ex miss de Nicaragua, Berenice Quezada, quienes serán los encargados de desafiar al Presidente Daniel Ortega en las urnas, en un intento por arrebatarle el poder al exguerrillero sandinista para así evitar su cuarto mandato consecutivo.

Desde junio las fuerzas políticas opositoras, exfiguras de la Revolución Sandinista y líderes sociales han vivido una cacería por parte del orteguismo intensificado en vísperas a la crucial cita electoral. La primera precandidata en ser detenida fue la periodista e hija de la expresidenta de Nicaragua, Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997), Cristiana Chamorro acusada de “terrorismo” y “conspiración” bajo la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y la Autodeterminación para la Paz, promovida por el oficialismo y cuyas acusaciones la mantienen en prisión domiciliaria inhabilitada para postular a la jefatura de Estado.

Posteriormente, fueron capturados el precandidato de la coalición Unidad Nacional Azul y Blanco, Félix Maradiaga, Miguel Mora, Medardo Mairena, así como los tres nominados al Ejecutivo por la Alianza Ciudadanos por la Libertad (Alianza CxL): Arturo Cruz, Juan Sebastián Chamorro y Noel Vidaurre. Han sido al menos siete aspirantes apresados a menos de cuatro meses de los comicios.

Otros como, Luis Fley y María Asunción Moreno, que menos de un día después desde anunciar su postulación recibió una citación a la Fiscalía, han debido exiliarse ante amenazas de posibles detenciones. Uno de los últimos en enfrentar problemas con la justicia es el excanciller y exembajador de Managua en Washington, Francisco Aguirre, que desde el pasado fin de semana estará 90 días en detención para ser investigado “por indicios de atentado contra la sociedad nicaragüense”.

En la búsqueda por encontrar una carta presidencial en Ciudadanos por la Libertad (CxL) surgió el nombre de Óscar Sobalvarro. El “comandante Rubén”, de 68 años, fue miembro del Estado Mayor de la Resistencia Nicaragüense y uno de los firmantes de los Acuerdos de la Paz en la guerra civil en la década de los 80, que luego se transformó en un férreo opositor de Ortega.

El portal Nicaragua Investiga sostiene que el “comandante Rubén” fue diputado suplente en la Asamblea Nacional por la Alianza Liberal Nicaragüense liderada por su amigo, Eduardo Montealegre -un banquero que perdió frente a Ortega en los comicios de 2006-, pero además intentó sin éxito ser dirigente del Partido Resistencia Nicaragüense (PRN), parte de una alianza del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), antes de finalmente unirse en 2015 a la Coalición Nacional por la Democracia.

Sobalvarro es dueño de la empresa Maderas Preciosas de Nicaragua (Maprenic), siendo uno de los mayores proveedores de cedro real y caoba, acumulando varias acusaciones de tala ilegal de árboles en su contra, según el diario nicaragüense El Nuevo Diario.

Además, el vicepresidente de CxL estará acompañado por Berenice Quezada, una modelo de 27 años sin experiencia en la política. De acuerdo a la cadena ABC, la miss Nicaragua 2017 ganó tres títulos de mejor traje nacional en el extranjero y cuando terminó el concurso de belleza comenzó a crear su propia empresa. El 28 de julio, cuando lanzó la postulación, Quezada aseguró ante la prensa “estar temblando” porque sabía “en lo que se estaba metiendo”, pero aseguró que “Aquí estoy dando la cara por todos los jóvenes que están presos”.

Hasta ahora, organismos internacionales como la OEA y Naciones Unidas han instado al orteguismo a liberar a los presos políticos para establecer los mínimos democráticos requeridos previo a unas elecciones. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, aseguró que Nicaragua está frente a unas elecciones “de las peores de la historia”, mientras la oposición acusa que las detenciones buscan “despejar el camino” para que los Ortega Murillo inicien un nuevo mandato en enero 2022.

La participación de los jóvenes será vital en las elecciones, especialmente después del estallido social de 2019. El 18 de abril de ese año, Managua se volvió el epicentro de una serie de manifestaciones en contra de una reforma de seguridad social que terminó por movilizar a cientos de estudiantes en rechazo al gobierno de Ortega, descontentos ante reformas autoritarias y agobiados por la represión policial que dejó un saldo de más de 300 fallecidos.

Desde ese momento, la oposición y organizaciones sociales han intentado articularse para denunciar una crisis social marcada por denuncias de violaciones a los derechos humanos y detenciones arbitrarias. Justamente ayer, la Unión Europea (UE) informó haber logrado un consenso para emitir una nueva ronda de sanciones contra ocho ciudadanos nicaragüenses, entre ellos, la vicepresidenta y primera dama, Rosario Murillo, y el hijo de la pareja presidencial, Juan Carlos Ortega Murillo, por “graves violaciones de derechos humanos en Nicaragua y/o cuyas acciones socavaron la democracia o el Estado”.

No obstante, el grueso de la oposición ha criticado la participación de CxL a las elecciones en las que, denuncian, no cuentan con la legitimidad ni observadores internacionales. “Somos la única esperanza de oposición al régimen para todos aquellos nicaragüenses que anhelamos transitar de la dictadura a la democracia a través de la lucha cívica con nuestro voto”, señaló la presidenta de CxL, Kitty Monterrey.

Según la agencia France Presse, la CxL y el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), segunda fuerza parlamentaria, son las dos principales agrupaciones de la derecha opositora que correrán contra el gobernante FSLN.

El PLC nombró a Milton Arcia, un empresario como candidato presidencial, que estará acompañado por la licenciada en Derecho, María Dolores Moncada. “Vamos a dar lo mejor como fórmula, y sobre todo generar confianza. Queremos que nuestro país vuelva a tener democracia, y libertad de expresión”, aseguró Arcia.

En tanto, Ortega, que acumula a la fecha 15 años de mandato, oficializó ayer en la tarde su candidatura. El exguerrillero, de 75 años, asumió el poder por primera vez entre 1979 y 1990 para luego retornar en 2007, siendo reelecto en 2011 y 2016.

El calendario electoral que convocará a sufragar a casi 5 millones de personas para la renovación de la dupla presidencial, 90 diputados de la Asamblea Nacional y 20 miembros del Parlamento Centroamericano, establece que el CSE deberá publicar la lista de candidaturas habilitadas el próximo 18 de agosto, lo que abrirá un plazo de impugnaciones, renuncias y posibles sustituciones de los aspirantes.