“Queremos frenar la tramitación del TPP11 y para eso tenemos un requerimiento al Tribunal Constitucional, que tiene todos los argumentos que van a hacer que se demuestre que aquí, en las formas, esto se ha hecho mal (...). Para eso requiero de su ayuda, porque han estado tambaleando, zigzagueando algunos senadores y, lamentablemente, ojalá no solo actuaran con la boca”.

El video, difundido durante la mañana de este martes en las redes sociales del senador independiente Karim Bianchi, apuntaba a los senadores oficialistas -tanto de Apruebo Dignidad como de Socialismo Democrático- contrarios al tratado internacional -el cual ya fue despachado del Congreso, pero que aún no ratifica el Presidente Gabriel Boric-, y también a los votos de la DC en contra.

El parlamentario por Magallanes, de hecho, ya había anunciado la ofensiva hace una semana, luego de aprobarse el acuerdo. Y durante la jornada, la organización “Chile mejor sin TLC” también se plegó a la campaña de Bianchi, haciendo llamados por redes sociales a los senadores que habían rechazado el tratado transpacífico.

Hasta el cierre de esta edición, el mismo Bianchi transparentó en su cuenta de Twitter que había conseguido solo 11 de las 13 firmas requeridas para presentar el requerimiento. En las rúbricas figura el mismo Bianchi (ind.), la senadora Fabiola Campillai (ind.), Francisco Huenchumilla (DC), Yasna Provoste (DC), Esteban Velásquez (FRVS), Fidel Espinoza (PS), Juan Ignacio Latorre (RD), Claudia Pascual (PC), Daniel Núñez (PC), Alejandra Sepúlveda (FRVS) y Loreto Carvajal (PPD).

En conversación con La Tercera, Bianchi señaló que tiene plazo hasta este miércoles 19 de octubre y que cuenta con un “plan B” en caso que la acción constitucional no avance desde el Senado.

“Juntamos 11 firmas, nos parece un número que era complejo (...). Lo que estamos intentando, porque nos faltan solamente dos, es entregar el texto a la Cámara de Diputados. También pueden presentar el mismo requerimiento con 39 diputados. Si no logramos esto en la mañana -en el Senado-, les pasaríamos el texto (de requerimiento) a los diputados. Podríamos alcanzar los 39 en esa Cámara”, explicó.

En el requerimiento de Bianchi se señala que “el CPTPP, para llegar a ser norma en Chile, debía necesariamente ser tramitado y aprobado en la Cámara de origen tanto como en la Cámara revisora, con el quórum de ley orgánica constitucional, puesto que el Artículo 19.19 del Capítulo 9 Inversiones de este tratado dispone que las controversias que un inversionista extranjero promueva contra el Estado chileno por inversiones realizadas en el territorio nacional no serán sometidos a los tribunales chilenos, sino a tribunales arbitrales extranjeros, y que los artículos 28.2 y 28.3, del capítulo 28 llamado Solución de Controversias, también disponen que las controversias comerciales privadas, entre particulares de los países partes de este tratado, no se efectuarán en los tribunales del país donde realiza la inversión y se genere el litigio, sino en tribunales arbitrales internacionales, todo lo cual, sin duda alguna, modifica y altera la organización y jurisdicción de los tribunales nacionales”.

Uno de los firmantes, el senador Espinoza (PS), ahondó en los motivos de por qué respaldó la acción promovida por Bianchi. “La ministra Vallejo fue clara hace unos días, con su característica soberbia: habló de la separación de los poderes del Estado. Pues bien, recogiendo sus dichos, y en el marco de las atribuciones que me otorga la Constitución como senador, considero que la aprobación del TPP11 tiene aspectos inconstitucionales que deben ser revisados por el TC”.

Asimismo, el senador Latorre aseguró que “decidí firmar el requerimiento, ya que me hizo sentido el argumento de que faltó la consulta formal a la Corte Suprema en su trámite legislativo para que se pronuncie formalmente sobre si existe o no delegación de atribuciones de los tribunales de justicia chilenos a los mecanismos internacionales de solución de controversias entre inversionistas y Estados”.

La ofensiva de los parlamentarios de ambas coaliciones de gobierno ocurre luego de que el Mandatario decidiera -como parte de una estrategia y en medio de la presión de Apruebo Dignidad que se opone al acuerdo- no ratificar el tratado a la espera de que finalicen las negociaciones con el resto de los países que integran el pacto multilateral en las denominadas side letters o cartas laterales. Un diseño que, según ha dicho el mismo gobierno, podría tardar hasta incluso un año.

Pese a la suspicacia de sectores de derecha que transmiten que la ofensiva está orquestada en conjunto con el gobierno (debido a que nunca han estado de acuerdo con el tratado), los dirigentes de los partidos del oficialismo aseguran que la idea de acudir al TC no ha sido conversada con el Ejecutivo y que tampoco les notificaron. “Hacemos uso de una facultad parlamentaria”, recalcan.

En Palacio, en todo caso, transmiten que ya están al tanto y monitoreando el tema, pero no precisan si es que incidieron en la idea de impulsar un requerimiento ante el TC.

El senador Latorre, pese a que ahora patrocina este requerimiento ante el TC en contra del tratado, en el pasado tenía una postura totalmente distinta respecto de ese organismo.

El parlamentario de RD siempre ha sido una de las voces más críticas en contra del tribunal. Por ejemplo, en diciembre de 2020 reprochó en duros términos el actuar del TC cuando acogió el requerimiento del gobierno y falló en contra del segundo retiro del 10% de las AFP. “La ‘tercera cámara’ nuevamente hace de las suyas. El TC dirime con voto de su presidenta, exasesora de Piñera 1. Una reforma constitucional promulgada por el mismo gobierno, ahora es inconstitucional. Nueva Constitución tendrá que cambiar esta institución deslegitimada”, afirmó en ese entonces Latorre.

La senadora DC Yasna Provoste, quien también firmó el escrito, es otra de las parlamentarias que en el pasado registró fuertes reparos a esta instancia. En 2018, a propósito de un fallo del TC sobre los sostenedores con fines de lucro en la educación, la entonces diputada empujó la idea de eliminar el tribunal. “Hoy lo que vemos más bien es defensores del lucro, defensores del mercado”, comentó en aquel entonces.

Pero ahora el escenario es diferente para el actual Ejecutivo. Esta vez, la integración actual del TC juega, como nunca antes, a favor del sector. El tribunal tiene ocho ministros, de los cuales cinco de ellos tienen posturas cercanas al oficialismo. Se trata de los ministros Rodrigo Pica, Nelson Pozo y María Pía Silva. A ellos tres se suman los dos nombramientos de Boric: Daniela Marzi y la actual presidenta Nancy Yáñez. Incluso, si se considera perdido el voto de la exmilitante de la DC Silva, aún así el oficialismo se queda con la mayoría. El gobierno al tener el control de la presidencia del TC, en caso de empate es Yáñez -la ministra nombrada por Boric- quien debe dirimir.

Frente a la acción del parlamentario por Magallanes, el senador y presidente de RN, Francisco Chahuán, acusó que “están consiguiendo las firmas para recurrir al TC para impedir la promulgación del TPP11. Hacemos un llamado al gobierno a clarificar transparentar si está por promulgar el TPP, como señala la Cancillería, o digitar a través de los senadores oficialistas el requerimiento ante el TC”.

El jefe de comité de los senadores UDI, Iván Moreira, miembro de la Comisión de RR.EE., planteó que “es una maniobra política del Frente Amplio y PC a través del senador independiente Bianchi. No me cabe duda que esta estrategia cuenta con el apoyo del gobierno con sus permanente contradicciones. Cada día que pasa Chile pierde inversiones de miles y miles de millones de dólares. Nosotros esperamos que la centroizquierda democrática, me refiero al PS, PPD, DC, no se preste para este nuevo intento de demorar la promulgación del TPP11″.