Entre selfies, transmisiones en vivo, puntos de prensa y conversaciones informales, los convencionales comenzaron a llenar los jardines del Congreso, en Santiago, pasadas las 14 horas de ayer. Habían sido citados para ser parte de una foto oficial en la previa de una nueva sesión de pleno, y aunque contaban con poco tiempo, las imágenes tomaron varios minutos.

Por ello, 12 minutos después de lo que se había planificado, a las 15.12 horas, se dio inicio a la 55° sesión de la Convención Constitucional, oportunidad calificada como “histórica” por la propia presidenta de la instancia, María Elisa Quinteros (MSC), y por diversos convencionales, pues se dio inicio a la votación general de las normas que podrían ser parte del texto final.

Durante la jornada, el órgano constituyente -con 129 convencionales participando de forma presencial, distribuidos en tres salas y el hemiciclo, y otros 25 de manera telemática- revisó el primer informe de la comisión de Sistemas de Justicia, Órganos Autónomos de Control y Reforma Constitucional, respecto de los principios generales que se incorporarían en el capítulo “Sistemas de Justicia”.

Al abrir la convocatoria, Quinteros destacó: “Nos encontramos en una importante fase de este proceso histórico, en que tenemos la posibilidad efectiva de enmendar los errores”, y manifestó su confianza en el proceso: “Lograremos, estoy segura, sacar adelante este proceso”.

Y aunque selló con un “doy por iniciado el periodo de votaciones de norma en el pleno de la Convención Constitucional”, la discusión que tomó la primera hora de la sesión fue la decisión de la mesa directiva respecto del quórum de votación de los informes, fijado en 2/3 de los convencionales en ejercicio.

De acuerdo al oficio N°504, emitido el viernes por la mesa directiva, “se entenderá aprobada en general una propuesta si obtuviera el voto favorable de los dos tercios de los convencionales en ejercicio”. Esta interpretación fue cuestionada por cerca de 50 convencionales, quienes el domingo enviaron un oficio a la testera pidiendo revisar su decisión. El lunes, la presidenta, el vicepresidente Gaspar Domínguez (INN) y los seis vicepresidentes adjuntos se reunieron y definieron -por cinco votos contra tres- no reabrir la discusión.

Sin embargo, partiendo por Mauricio Daza (INC), varios de los firmantes de ese oficio pidieron la palabra durante el período de observaciones previo a la deliberación, y reiteraron su solicitud: revisar la interpretación del quórum para la votación de los informes y que dicha determinación sea adoptada por el pleno. En oposición, integrantes del Colectivo Socialista, del Frente Amplio, de Vamos por Chile y algunos INN expresaron su respaldo a lo resuelto por la mesa.

Tras otra media hora en que la asamblea resolvió diversas impugnaciones de norma, Quinteros tomó la palabra -minutos antes de las 17 horas- para zanjar la polémica. La presidenta de la Convención destacó que es atribución de la directiva “hacer cumplir las normas reglamentarias”. Y añadió: “Comprendemos que esta interpretación (respecto del quórum de votación de informes) no satisface a todos en este pleno (…). Lamentamos profundamente que sea así, sin embargo, los ocho integrantes de la mesa directiva asumimos el desafío y la función de interpretar aquellas normas oscuras o contradictorias del reglamento, siempre con un espíritu de transparencia y eficacia. Por lo tanto, respetaremos la decisión acorde al reglamento que nos hemos dado”.

Vino entonces una pausa sanitaria -que se prolongó por media hora-, sin que se hubiera iniciado la discusión esperada: el informe de la comisión de Sistemas de Justicia.

En todo caso, un aspecto que no generó opiniones diversas fue la interpretación de la mesa en cuanto a las normas que no obtuvieran el quórum de 103 votos. Estas tendrán que ser revisadas nuevamente por la comisión respectiva para ser modificadas y, a través de un segundo informe, volver a ser votadas en la asamblea. Misma lógica se seguirá cuando se trate de la discusión en particular, donde cualquier norma que no alcance los 2/3, pero sí logre una mayoría absoluta (es decir, el respaldo de 77 convencionales), volverá a comisión para ser revisada. En cambio, si no obtuviera tampoco la mayoría absoluta, dicha norma quedará desechada.

Pasadas las 17.30, los coordinadores de la comisión de Justicia, Vanessa Hoppe (MSC) y Christian Viera (FA), rindieron el informe que sería sometido al pleno, lo que, de acuerdo al instructivo de votación que emanó la directiva de la Convención, debía tomar un máximo de 15 minutos.

En esta instancia, Viera señaló que la comisión recibió un total de 127 audiencias públicas como parte de su proceso de deliberación. Luego de las audiencias, los 19 convencionales de la instancia deliberaron las 25 normas ingresadas. Según expuso Viera, el 84% de las normas presentadas fueron aprobadas, las que posteriormente recibieron 196 indicaciones emitidas por los convencionales de la comisión.

Tras la presentación, cuando el reloj marcaba las 17.50 horas, comenzó el espacio de deliberación, instancia en que cada convencional disponía de tres minutos para intervenir. En caso de que los 154 usen su tiempo, serían siete horas y 42 minutos ocupadas en deliberar, para luego proceder a la votación en general.

El primero en intervenir fue el RN Ruggero Cozzi, quien criticó duramente lo aprobado en la instancia en que él mismo participó, y aseguró que “de los 16 artículos que se someten a votación en el pleno, estamos por rechazar nueve de ellos”. De hecho, partió acusando que el cambio de la calificación de “Poder Judicial” a “Sistemas de Justicia” imitaba a la Constitución de Venezuela y que era “un gustito del PC”. Asimismo, aseguró que “hay propuestas que afectan severamente la independencia de los jueces” y cuestionó el rechazo de la comisión a la creación de un servicio de atención a víctimas de delito.

En contraste, el convencional Luis Jiménez (aimara) defendió el principio de “pluralismo jurídico” que contiene la propuesta, pues permitiría “reconocer que los sistemas de justicia indígenas coexisten en plena igualdad con el sistema jurídico nacional, porque no hay una cultura sobre otra”. En esa línea, aseguró que “no son sistemas paralelos, son complementarios”, desechando así una de las principales críticas que recibió el informe en discusión. “Este -concluyó- es el primer acto de reparación en este Chile plurinacional que todos y todas queremos construir”.

Por su parte, el vicepresidente adjunto Tomás Laibe (Colectivo Socialista) afirmó que “parte fundamental de las transformaciones que se nos ha encomendado impulsar es un rediseño del Poder Judicial, que termine con su estructura piramidal y permita un ascenso en función del mérito y no del ‘amiguismo’”.

Además, en relación a la inamovilidad de los jueces, Daza aclaró que las normas sometidas en esta oportunidad al pleno “no incluyen la definición sobre establecer o no un período de tiempo para el ejercicio del cargo del juez o jueza”, materia que actualmente es debatida al interior de la comisión y que será objeto de una propuesta normativa que se presentará más adelante, con su respectivo informe.

Desde la UDI, la convencional Carol Bown enfatizó que “las dictaduras y regímenes totalitarios más recientes intentan capturar parte o la totalidad de la magistratura, ya sea directa o indirectamente, de manera de romper con el sistema de control y pesos y contrapesos propios de un Estado de Derecho”, y detalló que el informe sometido a votación “contiene artículos que por su redacción ponen en peligro la independencia e imparcialidad de los jueces”.

“Lamentablemente, fuimos testigos de un nulo entendimiento entre los distintos colectivos”, aseguró Bown, recalcando que ninguna de las propuestas de Vamos por Chile aprobadas en general sobrevivió a la votación en particular en la instancia. Tampoco consiguieron aprobar alguna de las indicaciones que ingresaron. Por ello, planteó: “Aunque algunos de la comisión insistan que así es la democracia, no me parece que sea democrático pasar máquina, un abuso de la mayoría circunstancial bajo la simulación de un falso entendimiento”.

Según convencionales del colectivo del Apruebo y Renovación Nacional, se veía con menos posibilidad de éxito que obtuvieran los 2/3 el artículo 4° -que establece que las juezas y jueces son inamovibles y pueden cesar en sus cargos a los setenta años de edad-, y el artículo 8°, relativo a la ejecución de las resoluciones. Este establece que “las sentencias y resoluciones dictadas en el Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos permitirán revisar el efecto de cosa juzgada de las sentencias firmes dictadas por tribunales del Estado de Chile”.

Otros convencionales apuntaban al artículo 2°, que establece el pluralismo jurídico: “El Sistema Nacional de Justicia coexiste, en un plano de igualdad, con los sistemas jurídicos indígenas”.

Sin embargo, todos estos escenarios eran materia de negociación.

A pesar de ello, de rechazarse en su votación en general, cualquiera de estos artículos volvería a la comisión de Sistemas de Justicia.

Al cierre de esta edición, la Convención seguía desarrollando el debate y se proyectaba que la votación se realizara cerca de las 23 horas.