Cumpliendo el plazo autoimpuesto por el propio oficialismo, el tercer paquete de estímulo en Estados Unidos podría llegar al escritorio de Joe Biden esta semana para convertirse en ley. El sábado el senado lo aprobó con cambios que podrían llegar a ser tolerables para los demócratas de la cámara de representantes, que votarían tan pronto como este miércoles.

En ese marco ya se dibuja la repartición que se dará a los US$1,9 billones (millón de millones) que se introducirán en la primera economía mundial y que superan a los paquetes previos desplegados en la emergencia, que llegaron a US$1,7 billones en marzo y a US$915.000 millones en diciembre.

Con US$410 mil millones la mayor tajada del pastel se la quedan las transferencias directas a los estadounidenses. Específicamente, se contempla un bono de US$1.400 para cada miembro del hogar, es decir, para niños, adultos y adultos dependientes.

El mencionado monto se sumaría a los US$600 que se consideraron en el estímulo aprobado a fines del año pasado, lo que permitirá que se reciba un total de US$2.000. Adicionalmente, los límites por hogar de flexibilizaron, pudiendo una pareja con dos hijos recibir US$5.600, lo que supera con creces los primeros US$3.400 y los segundos US$2.400.

No se trata de un bono universal. Lo reciben los individuos hasta con una ingreso bruto ajustado de US$75.000, jefes de familia hasta US$112.500 y parejas casadas hasta un total de US$150.000.

Avanzando en el desglose del paquete, en segundo lugar aparecen los traspasos de US$360 mil millones a los gobiernos estatales y locales. Específicamente, los primeros se quedarían con US$195.000 millones y los segundos con US$155.000 millones, mientras que US$10.000 millones se destinarán a proyectos de infraestructura. Adicionalmente, se consideraron US$400 millones para crear una licencia remunerada por coronavirus, dirigida a los trabajadores federales y otras políticas.

En el conjunto del paquete, el tercer ítem que más recursos demanda es el que financia los programas de desempleo. Así, se destinarán US$246.000 millones para que los desempleados reciban US$300 semanales adicionales al de sus seguros de cesantía, hasta el plazo del 6 de septiembre de 2021.

Más atrás quedan los US$176.000 millones dirigidos a educación, US$143.000 millones a créditos fiscales y US$123.000 millones a la pandemia. Esto último considera US$50.000 millones a testeos y trazabilidad, US$47.000 millones a fondos de ayuda para desastres y gastos funerarios relacionados con el coronavirus, US$16.000 millones a vacunas y sus cadenas de suministro, y US$10.000 millones para suministros médicos.

Bajo estos lineamientos avanza la iniciativa de la administración de Joe Biden, que estaría por anotarse su primera gran victoria en el congreso con la votación del miércoles. Esto gracias a que los cambios aplicados por el senado alcanzarían a ser tolerables para los demócratas progresistas de la Cámara, donde el oficialismo puede perder apenas cuatro votos sin sacrificar la iniciativa.

En lo que estarían cediendo puntualmente sería en la disposición que apuntaba a aumentar el salario mínimo federal a US$15 por hora. Aunque actualmente esa cifra se acota a US$7,25, el distrito de Columbia ya está en el nivel propuesto y en varios estados se superan los US$12. Adicionalmente, en su votación inicial la Cámara aprobó pagos complementarios al seguro de desempleo semanal de US$400.

“La mayor fuente de decepción y frustración es la falta del aumento del salario mínimo, pero la gente no va a votar en contra del proyecto de ley porque no había algo bueno”, dijo Ro Khanna, congresista demócrata por California, a la luz de los cambios aplicados en el la cámara alta.

En un tono similar, su par de Nueva York, Ritchie Torres, aunque consigna que “las concesiones hechas en el Senado fueron menores en el gran esquema del Plan de Rescate Estadounidense”, subraya que “todo en la vida es una decepción cuando se compara con la perfección”.

Cabe destacar, que aunque su aprobación será una pronta victoria, el nombre de Joe Biden no aparecerá en los cheques entregados a las familias, como fue el caso de su antecesor, Donald Trump. En una clara intención de cambiar el estilo con el que se maneja la Casa Blanca, su vocera, Jen Psaki informó que se está haciendo todo lo posible “para acelerar los pagos y no retrasarlos, por lo que el nombre del presidente no aparecerá”.