En el recientemente publicado informe “Ladrillo a ladrillo. Construyendo mejores políticas de vivienda”, la OCDE parte por señalar que “el acceso a viviendas asequibles, una necesidad humana básica y una dimensión central del bienestar, se ha convertido en un desafío cada vez mayor en muchos países”, disyuntiva que - como muestra uno de sus primeros gráficos - también aqueja a Chile.

Según precisan, en baso a datos de 2019, en el quintil más pobre del país el 53,8% gasta más del 40% de los ingresos en arriendo, en lo cual es superado solamente por Nueva Zelandia e Israel, donde ese porcentaje llega a 56,0% y 54,1%, respectivamente.

“Los precios de la vivienda y los alquileres han ido en aumento; por lo tanto, los costos de la vivienda han absorbido una proporción cada vez mayor de los ingresos familiares en relación con otros rubros de gasto, como salud, educación o transporte”, destaca el reporte del organismo multilateral.

De hecho, detallan entre 2005 y 2015 la proporción de lo gastado en ítem vivienda aumentó en cinco puntos porcentuales en promedio, lo que equivale al 31% de los ingresos de los hogares de ingresos medios en la mayoría de los países de la OCDE.

La situación nacional cambia al examinar la propiedad de vivienda. En ese caso el 31,5% de los hogares del quintil más pobre de Chile figuran como dueños con hipoteca, lo que lo ubica en el noveno lugar de un total de 28 países con datos para ese ítem. Sin embargo, al no estar libre de dificultades resulta pertinente atender a las observaciones que realiza la OCDE en la materia. A nivel del país completo, el porcentaje de propietarios de su vivienda sin deuda hipotecaria llega al 49,4% en Chile, por sobre el promedio del bloque de 43,1%.

“Los gobiernos deberían hacer más para que el mercado del arriendo privado fuese más asequible y así aliviar las dificultades de muchos hogares vulnerables y de bajos ingresos para pagar rentas altas y crecientes”, sostiene el organismo multilateral a la luz de la evidencia.

Precisan, en la misma línea, que en mercados tensionados por los altos precios “las medidas de estabilización podrían ser una forma de brindar mayor seguridad tanto a propietarios como a inquilinos”.

Según el análisis de la OCDE el alza en los precios de los arriendos obedece a “la incapacidad del sector de la vivienda para suministrar suficientes viviendas donde la demanda es fuerte, como en las zonas urbanas con abundantes empleos”.

Otro asunto relevante son “las restricciones del mercado de alquiler y las regulaciones entre propietarios e inquilinos”, lo que de acuerdo al organismo “también incide en el funcionamiento eficiente de los mercados inmobiliarios, ya que pueden desalentar la inversión en la construcción y conservación de viviendas”.

Para abordar esos desafíos, la OCDE propone “una mayor inversión en vivienda social y asequible”. Ese tipo de inversión pública se ha reducido, en promedio en los países del bloque, de 0,17% del PIB en 2001 a 0,06% del PIB en 2018 y revertir esa tendencia “tendría el doble beneficio de proteger a los hogares vulnerables o de bajos ingresos, al tiempo que se amplía directamente la oferta de vivienda y, como resultado, se alivia la presión al alza sobre los precios de la vivienda”.

Por otra parte, indican que es preciso que “las reformas de la política de uso de la tierra puedan eliminar los obstáculos para expandir la oferta en respuesta a las presiones de la demanda y, en consecuencia, ayudar a mitigar los aumentos de precios de la vivienda en áreas de alta demanda”. Lo anterior, también implica medidas que actualmente generan controversia en Chile y otros países, como la eliminación de restricciones de altura del edificio demasiado estrictas o los requisitos mínimos de tamaño de lote.

Adicionalmente, plantean que es necesaria una revisión de política tributario, llamando a “depender menos de los impuestos a las transacciones de vivienda y más de los impuestos anuales sobre la propiedad inmueble”. De acuerdo a su análisis “el paso de los gravámenes a las transacciones hacia los impuestos recurrentes reduciría los obstáculos a la movilidad, facilitaría el ajuste del mercado laboral e impulsaría el crecimiento económico”.