A sus 75 años de edad y en medio de un tenso proceso electoral, el Presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, buscará en los próximos comicios del 7 de noviembre su quinto mandato de cinco años, cuarto de forma consecutiva y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta. El exguerrillero sandinista ha quedado como el principal candidato para ganar y obtener la reelección, luego de que al menos 37 líderes opositores fueran detenidos, incluyendo siete precandidatos a la presidencia.
A menos de dos semanas de estas controvertidas elecciones, un nuevo informe de tres organizaciones especializadas en democracia y procesos electorales dado a conocer ayer asegura que “la integridad del proceso está comprometida”, ya que estos comicios “carecen de toda legitimidad debido a la violación de las normas de integridad electoral y de los derechos fundamentales”, por lo cual solicitan que sean suspendidos.
Bajo el título “Nicaragua Elecciones 2021: un plan doloso para acabar con la democracia”, el informe de 52 páginas fue elaborado por el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional), el Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela, y por el Observatorio Ciudadano Urnas Abiertas, un grupo no gubernamental de observación y seguimiento electoral nicaragüense.
Según estas organizaciones, “los fundamentos legitimadores de un proceso electoral íntegro han sido conculcados de manera sistemática”. Así, entre las violaciones por parte del régimen de Ortega, denuncian: “La manipulación por parte del Consejo Supremo Electoral, sumiso del gobierno, de los registros de votación, la exclusión de candidatos, la persecución y encarcelamiento de los siete principales aspirantes presidenciales opositores, el despojo de la personería jurídica a los únicos dos partidos de oposición, el uso ilegal de recursos estatales con fines proselitistas y la ausencia generalizada de derechos y libertades fundamentales”.
Entre las infracciones destacadas por el informe se detalla el hecho de que un millón de votantes han sido eliminados del censo electoral, o alrededor del 20% del electorado; se abolieron tres partidos políticos de oposición y se detuvo arbitrariamente a siete candidatos presidenciales, además de las restricciones impuestas por el gobierno a aspirantes a candidatos, periodistas, líderes sociales mediante intimidación, amenazas, agresiones, campañas de difamación, persecución judicial, detenciones arbitrarias, entre otras.
“Es fundamental que los gobiernos democráticos, los organismos internacionales y demás actores internacionales pertinentes hagan uso de sus buenos oficios para evidenciar la falta de legitimidad de origen de los poderes Ejecutivo y Legislativo nicaragüenses que serán electos en el proceso del próximo 7 de noviembre, dadas las graves violaciones a la integridad de este, así como la persecución e inhabilitación de facto sobre los candidatos opositores, y favorezcan los mecanismos de cooperación internacional necesarios para el restablecimiento del orden constitucional”, establece el informe.
La popularidad de Ortega se mantiene en cifras mínimas, según las encuestas. La más reciente, destaca El País, ha sido elaborada por CID-Gallup, la firma con mayor credibilidad en Nicaragua, que reveló que si las elecciones fueran entre el exguerrillero sandinista y alguno de los siete aspirantes que han sido apresados por el régimen, el mandatario solo obtendría un 19% de los votos frente a un 65% opositor, mientras otro 16% se muestra indeciso. Los resultados exponen un desplome histórico del candidato oficialista y su fórmula, consigna el diario español.
En ese contexto, los autores del informe plantean como recomendación “exhortar al gobierno nicaragüense, desde las instancias nacionales e internacionales, para la suspensión y reprogramación de las elecciones, para que las mismas sean convocadas y organizadas conforme a derecho y a los principios internacionalmente aceptados, y con la presencia de misiones nacionales e internacionales de observación electoral calificadas”.
“De no producirse un giro hacia la plena garantía de los derechos humanos y la integridad electoral a través de la reprogramación de nuevas elecciones, se hace un llamado a la comunidad internacional a desconocer el resultado de las elecciones”, aconsejan las organizaciones que han preparado la investigación.
“La comunidad internacional debe desconocer estas elecciones e ignorar sus resultados. El régimen autoritario de Ortega-Murillo ha debilitado y manipulado al extremo la institucionalidad y las prácticas democráticas y ha violentado gravemente los derechos humanos del pueblo nicaragüense. En su ambición por perpetuarse indefinidamente en el poder ha despojado de toda integridad al sistema y al proceso electoral. Exhortamos a la comunidad internacional a desconocer estas elecciones y a las autoridades que resulten electas, porque se trata de un proceso doloso, viciado, sin ninguna credibilidad ni legitimidad”, dijo Daniel Zovatto, director regional de IDEA Internacional para América Latina y el Caribe.
Pese a los cuestionamientos, Ortega ha insistido en que el proceso electoral es un tema de “soberanía nacional”, y sostiene que la comunidad internacional debe mantenerse al margen de los “asuntos internos” de Nicaragua.
Más de 4,4 millones de nicaragüenses están citados para ir a las urnas el primer domingo de noviembre. La oposición ha insistido en que dichas elecciones son un “fraude”, y diversas organizaciones de la sociedad civil han anunciado un “paro electoral”, que consiste en no salir de casa el día de los comicios.
