Después de que la prensa peruana destapó parte de declaraciones oficiales obtenidas en interrogatorios de la policía en las que dos exmiembros del grupo terrorista Sendero Luminoso detallan la participación del actual ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Íber Maraví, en ataques perpetrados en Ayacucho en la década de los 80, un nuevo capítulo de inestabilidad se abrió en el gabinete del Presidente Pedro Castillo.

El primer ministro Guido Bellido aconsejó la salida inmediata de Maraví, que ya puso su cargo a disposición, pero la dimisión se ha visto retrasada debido a que el Mandatario estaría a la espera de nuevos antecedentes para tomar una decisión final, que de concretarse representaría la segunda renuncia en un mes de gobierno.

“No hay ninguna discrepancia, es una mirada desde la presidencia del Consejo de Ministros (PCM). El Presidente está esperando algunos elementos más para tomar una decisión, lo que sí es, alcanzamos la recomendación (de pedir la renuncia de Maraví) para mantener el clima institucional y la armonía con las distintas bancadas”, explicó ayer Bellido ante los cuestionamientos transversales al Ejecutivo.

Tras superar la tarea de obtener el voto de confianza en el Congreso el viernes pasado, el gobierno del oficialista Perú Libre (PL) ha intentado escuchar las posturas de las bancadas de los partidos políticos para “apostar por la gobernabilidad” y poner fin a las polémicas en un intento por iniciar un nuevo período en un “marco de tranquilidad para trabajar”, lo que ha estado lleno de trabas.

Las controversias al interior del Palacio Pizarro se instalaron un día después de que Castillo asumiera la presidencia y rápidamente se han vuelto una bola de nieve para el oficialismo. El primer punto de disputa fue el nombramiento de Bellido, que tiene una investigación en curso por presunta apología al terrorismo, pero que logró convencer al Legislativo.

Luego se sumó la dimisión del canciller Héctor Béjar, acorralado por declaraciones del año pasado en las que acusaba a la Marina peruana de haber iniciado el terrorismo en el país, y a la CIA, de propiciar la creación de Sendero Luminoso. Y ahora el ministro del Trabajo, Íber Maraví, tendría los días contados por los supuestos vínculos con el grupo maoísta y el Movimiento por la Amnistía y los Derechos Fundamentales (Movadef), su brazo político.

En primera instancia, el diario peruano El Comercio publicó el 23 de agosto pasado diversos extractos en el marco de una investigación policial por ataques realizados entre 1981 y 1982 en los que aparece mencionado Maraví. No obstante, las acusaciones escalaron cuando surgieron los testimonios de dos senderistas, que entregaron más información sobre la presunta participación del ministro en la organización subversiva.

“Posteriormente, me invitan a una reunión habiendo tomado la palabra Íber Maraví Olarte, Cléber Cuba Delgadillo, Orestes Urriola; en dicha reunión se hizo un balance de todo lo actuado y acordándose proseguir con las escuelas populares y movilizaciones”, declaró el presunto subversivo Víctor Reyes, el 25 de mayo de 1981, tras ser detenido y acusado de terrorismo.

En ese momento, Reyes relató los hechos del 21 de junio de 1980, en los que, de acuerdo con su versión, la agrupación se reunió para lanzar objetos -bolsas, botellas y focos- con bencina a una sede del partido Acción Popular y luego provocaron un incendio. Entre los participantes de los actos fue mencionado el actual titular de la cartera de Trabajo.

En una segunda declaratoria, el también exsenderista Juan Alarcón, encargado de los asaltos en la zona entre febrero de 1980 y julio de 1981, fue más allá. “Después de proceder con el incendio nos retiramos en fuga en diferentes direcciones. Sin embargo, tuvimos un accidente debido a que Ricardo Huañac o ‘Bonifacio’ sufrió la quemadura en los pies debido a que Íber (Maraví) prendió en forma precipitada la gasolina que regó de la galonera en el interior de la oficina y que se había mojado el pie”, relató Alarcón en 1981.

Maraví lleva a cuestas una sentencia de cuatro años de “prisión suspendida” por disturbios contra la propiedad del Estado y daño agravado por liderar movilizaciones contra el edificio de la Dirección Regional de Educación de Ayacucho y establecimientos particulares en 2004, cuando era secretario general del Sindicato Único de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep). En primera instancia, el ministro rechazó todas las acusaciones en su contra defendiendo que está libre por el caso de hace más de 40 años.

A pesar de esto, la presión interna en el gabinete desencadenó que el lunes Maraví pusiera su cargo a disposición del Presidente Castillo. A través de un mensaje en su cuenta oficial de Twitter, el ministro hizo hincapié en que condena “al terrorismo venga de donde venga, y lamento que se me quiera vincular con actos de terceros que no atañen mi responsabilidad”, a la vez que acusó a la “ultraderecha y algunos medios de comunicación” de desestabilizar “políticamente el gobierno del pueblo”.

De acuerdo con la Agencia Andina, Maraví se reunió la noche del lunes en el palacio de gobierno con Castillo y al salir del lugar aseguró ante la prensa que su permanencia en el gabinete dependía enteramente del Mandatario izquierdista.

“Le he dicho que mi persona está al servicio del gobierno hasta que él, como Jefe del Estado, lo decida; mientras tanto sigo trabajando y estoy con la frente en alto. Más allá de lo que corresponde a mi persona, el Presidente tendrá que evaluar el contexto político, la estrategia del gobierno o si debo seguir en el cargo”, sostuvo el ministro de Trabajo.

La oposición peruana ha actuado en bloque para criticar la cercanía del gobierno con grupos terroristas. La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, tildó de “insostenible” la estadía de Maraví en el cargo, mientras que durante la jornada de ayer la congresista Rosselli Amuruz, del partido Avanza País, divulgó una ”moción de orden del día” que presentó el 16 de agosto, en la que solicitó “considerar acto inmoral” la designación de Maraví “sin tener en cuenta que pertenece al Movadef y Conare, organizaciones afines a Sendero Luminoso”.

Las declaraciones fueron respondidas por el propio ministro ayer. “Señora congresista Rosselli Amuruz, usted tendrá que demostrar sus aseveraciones. No tengo ninguna sentencia firme ni consentida, ni investigación en curso que me vincule a actividades terroristas de ningún tipo. Si no se rectifica, iniciaré las acciones legales que correspondan”.

Por el momento, según el portal RPP, Bellido negó estar recomendando cambios en otros ministerios, aunque reveló que el Mandatario evalúa permanentemente a los integrantes del gabinete. No obstante fue el propio Bellido el que se vio envuelto en una nueva controversia después de que la tercera vicepresidenta del Legislativo, Patricia Chirinos, aseguró que el premier la agredió verbalmente.

De acuerdo con el testimonio de la congresista, ella se acercó a Bellido para pedirle interceder para que pudiera utilizar la oficina en el que se desempeñó su padre. “Bellido me dijo ‘que te preocupas de eso, anda cásate’, y yo le dije ¿perdón? He sido soltera, casada, divorciada y ahora soy viuda, y me dijo: “Entonces ahora solo falta que te violen”, relató Chirinos.

Ante este escenario, la legisladora asegura que le contó de la situación al Jefe de Estado cuando acudió al pleno y que le pidió perdón, pero aún así el viernes durante el voto de confianza, Chirinos intervino en el hemiciclo acusando a Bellido de violencia hacia las mujeres. En respuesta, ayer el premier negó las acusaciones enfatizando que “es el plan que tienen de vacar al Mandatario”.

En un acto desde Mazamari, en Junín, Castillo dijo ayer que quienes critican al gobierno al calificarlo como incapaz buscan que se aparte a ministros del gabinete para que se nombren a sus “aliados”. “No quieren que quitemos la plata a los corruptos porque hoy quieren tumbarse a los ministros para poner a sus aliados, a los que se han coludido con sus empresas, a los que se han coludido con los que han corrompido al país”, afirmó el Mandatario.