En enero de este año, un dron impactó el parabrisas de un helicóptero de la Armada, hiriendo a un tripulante y obligando un aterrizaje de emergencia. Poco después, en mayo, otro de estos artefactos se estrelló contra un edificio, rompiendo un ventanal. Y ese mismo mes, un entrenamiento de la selección nacional de fútbol, en el complejo deportivo Juan Pinto Durán, fue interrumpido por el sobrevuelo de una de estas naves, que fue finalmente derribada.

La seguidilla de accidentes y eventos que involucran a estas aeronaves no tripuladas suma y sigue. Y se remontan desde 2015, cuando un dron impactó en uno de los arcos de detección de metales en La Moneda.

Pero en la actualidad cada vez resulta más habitual ver a un dron suspendido en el aire, tomando registros gráficos o audiovisuales del entorno. Son comúnmente utilizados por ministerios, municipios y las policías -para labores de vigilancia, fiscalización y emergencias-, medios de comunicación e incluso empresas inmobiliarias y de energías, entre otras. También por personas naturales, con fines recreacionales.

Desde abril de 2015, cuando se implementó la norma que obliga a registrar estas aeronaves no tripuladas, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) ha otorgado 7.187 credenciales de piloto para la operación de drones, según informó a La Tercera vía Ley de Transparencia.

En ese contexto, el número de permisos para manejar estos artefactos ha ido al alza. Y su aumento ha sido exponencial. Si en 2015 se entregaron 91 permisos y en todo 2016 fueron 291, en lo que va del año las autorizaciones ya suman 1.794.

Para solicitar esta acreditación, todo aspirante debe presentar una declaración jurada -donde informa haber recibido instrucción teórica y práctica sobre el modelo de dron que volará- y aprobar un examen escrito sobre las normas que rigen su uso.

Pero eso no es todo. Junto a ello, el o la piloto debe tener, además, una tarjeta de registro del dron. Y desde 2015 la DGAC ha registrado 1.793 drones, la mayoría de fabricación china (1.647), de la marca DJI (1.631) y con motor eléctrico (solo seis funcionan en base a combustión).

Como accesorios, en tanto, figuran cámaras GoPro, sistemas de transmisión de videos, paracaídas -que “son inspeccionados y probados durante el proceso de registro presencial”, dijo la DGAC,- y cubre hélices, entre otros equipamientos.

Con el permiso y la tarjeta de registro en mano, el piloto puede solicitar la autorización de operación a la DGAC. Pero la dirección solo exige estos trámites para volar drones que superen los 750 gramos. Las aeronaves más livianas, fabricadas con polietilino expandido o algún material equivalente, están exentas de registrarse. ¿El problema? Son los drones más pequeños los que más están apareciendo en la ciudad y causando reclamos entre los vecinos.

Los drones más pequeños se pueden operar en áreas pobladas sin autorización de vuelo de la DGAC. Sí se les exige, eso sí, que no superen los 50 metros de altura del obstáculo o edificación de mayor altura en la zona. Asimismo, la normativa prohíbe “afectar derechos de terceros, especialmente su privacidad y su intimidad”.

Para el doctor en Derecho y profesor titular de la U. Diego Portales, Rodolfo Figueroa, la discusión sobre el uso de drones y el derecho a la privacidad está recién comenzando.

Primero fueron presentados recursos de protección por el uso de cámaras -algunas incógnitas- en buses o empresas. Luego, por la implementación de grandes globos aerostáticos para fortalecer la seguridad, como sistema de vigilancia, “porque podían captar incluso el interior de las casas” recuerda el académico.

“Las cortes siempre rechazaron los recursos, diciendo que eran para el control público”, explica Figueroa. Recursos judiciales por el uso de drones, en cambio, “no han llegado a la corte, porque es más difícil recurrir de protección contra alguien que no sabes quién es. En Santiago los drones pasan arriba de tu casa, no sabes de dónde vienen (...). Las cortes han sido supertolerantes con daños a la privacidad, pero no sé cuánto lo seguirán siendo con operadores privados que usan los drones con fines abusivos, como espiar a la gente o acercarse”, plantea el abogado.

En 2017 la DGAC alistaba nuevos cambios al Código Aeronáutico, para incorporar una etiqueta de advertencia en los aparatos que se venden y elevar las exigencias a los operadores. Pero la normativa sigue sin ser modificada. “El proyecto se encuentra en tramitación en la Cámara de Diputados en primer trámite constitucional en la Comisión de Ciencias y Tecnología”, explicó la dirección.

En este escenario, el resguardo del derecho a la privacidad es algo que podría plantearse en la nueva norma, agrega Figueroa, como “la no captación de imágenes sin el consentimiento de la persona. Pero el problema va a ser la efectividad de la norma, es muy difícil el control en esta área”. Por ahora, el único ente fiscalizador de la normativa es la DGAC, con apoyo de Carabineros.

Con estos antecedentes, el mes pasado seis diputados de la UDI presentaron un proyecto de resolución, donde solicitan al Ejecutivo que dicte un proyecto de ley que regule el uso de drones y todas sus implicancias en “aspectos civiles, penales, tributarios, laborales y tecnológicos”.

En el documento, los parlamentarios Jorge Alessandri, Cristian Labbé, Cristhian Moreira, Guillermo Ramírez, Tomás Fuentes y Osvaldo Urrutia plantean que “existen ciertos problemas relacionados con su utilización” y que “estos aparatos pueden ser mal usados, provocar accidentes, o bien producir situaciones que atentan contra la privacidad y la seguridad de las personas”.

Urrutia, diputado por el distrito 7, dice que es necesario abordar esta materia por “el uso exponencial que han tenido los drones” y porque “ya hay un fallo de la Corte Suprema que invalida el uso de estos aparatos como medios de prueba en una investigación por narcotráfico, cuando no hayan sido autorizados por la justicia. Y en el ámbito penal se están utilizando para llevar droga al interior de los recintos penitenciarios. Además, el uso de drones cerca de aeropuertos es peligro para el tráfico de aeronaves y puede ser causa de fatales accidentes”.

Por su parte, el diputado Ramírez (distrito 11) agrega que “urge entregar un marco normativo moderno, que cree una institucionalidad eficiente, y que permita el control y delimitación de los espacios donde pueden operar drones, de forma tal que se produzca un equilibrio entre el uso de estos y el respeto y protección de derechos e intereses legítimos, como la privacidad de las personas”.

La próxima semana el comité de la UDI pedirá a la mesa de la Cámara poner el proyecto en tabla, para que sea votado en la Sala.

“Es una materia urgente, porque la tecnología es una herramienta que debe ser bien utilizada y no perjudicar la privacidad de las personas, ya que actualmente la gran mayoría de los drones opera por fuera de las normas y sin que nadie los fiscalice”, agrega Labbé.

Los pilotos de drones, aparte de la credencial, la tarjeta de registro del dron y la autorización de vuelo (cuando el dron pesa más de 750 gramos), deben tener un seguro de daños contra terceros, autorizado por la Junta Aeronáutica Civil.

“En los últimos cinco años ha habido tres accidentes con drones y un ejemplo de ellos es el que chocó contra un vidrio en un edificio en Santiago”, dijo la DGAC.

Por infracciones a la normativa, en tanto, la dirección ha iniciado 51 procesos en los últimos cinco años. Nueve están pendientes, 42 están terminados y 37 han implicado alguna sanción, que va desde la suspensión de permisos -por un plazo de hasta tres- a multas de entre 5 y 500 UTM.