El pasado 27 de mayo, CA-Dos Publicidad e Inversiones SpA, de propiedad de José Bernardo Carrasco, presentó una demanda para declarar la liquidación forzosa de la Universidad La República. Se trata de la empresa que prestaba los servicios de publicidad y, según su escrito, la casa de estudios no cumplió con el pago de un pagaré por $ 50 millones.

“En conformidad al Artículo 117, número 1 de la Ley 20.720, tengo el derecho a demandar el inicio del procedimiento concursal de liquidación forzosa de la empresa deudora, toda vez que Universidad La República ha cesado en el pago de una obligación, la cual consta en un título ejecutivo”, sostuvo la firma en su presentación. La Ulare mantiene a 3.700 alumnos matriculados que en medio de la pandemia han continuado sus estudios vía telemática y cuenta con 12 sedes a nivel nacional.

En la acción judicial presentada por la empresa se adjuntó la letra de cambio del 7 de diciembre de 2019 en la que se especifica el monto adeudado y cuenta con el sello de rectoría de la universidad. Actualmente, el proceso es tramitado en el 16º Juzgado Civil de Santiago y la empresa de publicidad es representada por el abogado Octavio Azócar, socio fundador de Demande.cl.

“Lamentamos profundamente lo que está pasando la universidad, pero el nivel de endeudamiento y el proceso vigente en Mineduc hacen inviable su continuidad, por lo que es recomendable la solicitud de liquidación que estamos presentando. Esto asegura la certeza para los acreedores y eventualmente la posibilidad de pago de las obligaciones laborales a los trabajadores”, agregó el abogado, que ha estado vinculado a procesos de quiebras de la Universidad Arcis, Iberoamericana, Del Pacífico, Triada, La Caserita, Bravissimo, entre otras.

Actualmente, la Universidad La República enfrenta una profunda crisis económica a raíz de una serie de problemas administrativos. La casa de estudios acumula deudas por $ 14.000 millones y sólo en 2020 se han presentado demandas por montos impagos que suman $ 786 millones.

El 30 de marzo, la Superintendencia de Educación Superior (SES) solicitó al Ministerio de Educación el cierre de la universidad, aduciendo que la Ulare enfrenta una “grave crisis financiera, patrimonial y administrativa que hace inviable la continuidad de sus funciones y la entrega del servicio educativo”. Este proceso concluyó en su fase administrativa el 6 de mayo, cuando el Consejo Nacional de Educación acordó revocar el reconocimiento oficial de la universidad.

Sin embargo, a la fecha el Ministerio de Educación aún no nombra un administrador de cierre. Mientras, en vía judicial sigue avanzando la reclamación que presentó la casa de estudios ligada a la masonería en contra de la resolución de la SES que inició el proceso sancionatorio.

El rector de la Universidad La República, Fernando Lagos, no se mostró sorprendido con la petición de quiebra que presentó la agencia de publicidad y aclaró que siguen dictando clases con normalidad. “Seguimos esperando una solución. El ministro no se ha pronunciado por el decreto de cierre. No lo ha firmado ni nada. Por lo mismo, nosotros seguimos trabajando. Seguimos con telepresencialidad y creo que se han ido poco más de 120 alumnos, pero aquí hay responsabilidades compartidas. Esto es insólito. Hace dos meses y medio se solicitó el cierre y no se ha llevado a cabo y tampoco hemos tenido una respuesta, como, por ejemplo, que nos digan primero vamos a ver el recurso judicial y luego resolver, pero tampoco. Estamos en una incertidumbre total”, aseguró.

Actualmente, la Ulare mantiene un reclamo de ilegalidad en contra de la SES que aún no es zanjado por la Corte de Apelaciones de Santiago y que es patrocinado por el abogado Leandro Carvallo. Este último es un exdirigente del Partido Radical y durante un largo periodo se mantuvo como presidente de la junta directiva de la universidad.

En su escrito, la institución acusó ensañamiento por parte del Ministerio de Educación al llevar adelante un proceso de cierre prontamente. En paralelo, su rector, Fernando Lagos, efectuó una presentación en la comisión ad hoc del Senado en la que aseguró que la universidad realizó una reforma estatutaria que permitirá el ingreso de un socio inversionista o controlador.

En el mismo documento, la Ulare develó que aspira a que “la Tesorería nos otorgue el mismo trato que ha concedido a empresas como Johnson’s Clothes, a la que se le condonó deuda tributaria por más de US$ 120 millones como hizo lo propio con otra gran cantidad de grandes empresas, o nos den el trato que le dieron a la cadena de Casinos Enjoy al prolongar por decreto una garantía que vencía en febrero de este año y la Contraloría lo cursó por fuerza mayor, o lo que los tribunales hicieron a favor de Julio Ponce Lerou al rebajar una multa en más de 50 millones de dólares, o nos benefician como al Banco de Chile, al que el Estado le otorgó 40 años para que pudiera pagar la denominada deuda subordinada, que evitó su quiebra el año 1982, y que pagó en 17 años por las cuantiosas utilidades que ese banco ha tenido”.

Por medio de una resolución, el tribunal ordenó el 4 de mayo que se debía notificar “por la vía más expedita” a la Superintendencia de Educación Superior. “El hecho concreto es que han transcurridos 21 días y por razones que desconocemos, todavía no se cumple con lo ordenado y es así que este reclamo de ilegalidad presentado el 19 de abril de 2021 lleva más de un mes de tramitación y todavía no se produce el emplazamiento de la reclamada, causando con ello un grave perjuicio a la universidad que atraviesa por una complicada situación precisamente por lo planteado en este reclamo”, sostuvo el exrector de la casa de estudios históricamente asociada a la masonería.

Desde la Subsecretaría de Educación explicaron que “el Ministerio comenzó los trámites y análisis necesarios para poder, en el más breve plazo, emitir el decreto. Sin perjuicio de las etapas legales previas que han transcurrido en este proceso y que han involucrado a diversas entidades públicas, un decreto de cierre requiere de un riguroso y exhaustivo análisis de antecedentes lo cual, necesariamente, implica un tiempo previo razonable antes de ser dictado. Además, hemos tenido que abocarnos a resolver un recurso de reposición que interpuso la misma Universidad y que ya ha sido debidamente resuelto”.

“Una vez dictado el decreto de revocación de reconocimiento oficial y notificada la Universidad de la República, el Ministerio propondrá al Consejo Nacional de Educación el nombramiento de un Administrador de Cierre quien tendrá, entre otras, la tarea de dar cuenta del estado financiero de la institución y presentar un plan de cierre en el plazo de 30 días desde su nombramiento. Este plan deberá contener las medidas para asegurar la continuidad del servicio educativo de los estudiantes y también establecer los plazos y procedimientos para concretar su cierre”, concluyó la entidad.