“Las leyes que otorgan más instrumentos y que van a permitir mayor eficacia en la lucha contra el narcotráfico, contra el terrorismo, contra el crimen organizado, contra el robo de madera y la usurpación de tierras”. De esta manera, el 26 de junio, en La Araucanía, el Presidente Sebastián Piñera dio luces de lo que para el gobierno es una prioridad para sus últimos 228 días en La Moneda: la agenda de Seguridad Pública en manos del Congreso.
Por lo mismo, al retornar de La Araucanía, Piñera citó a su despacho al ministro del Interior, Rodrigo Delgado, y al ministro secretario general de la Presidencia, Juan José Ossa, para ordenarles la aceleración en la tramitación de los proyectos de seguridad que actualmente se discuten en la Cámara Alta y la Cámara Baja.
La señal fue atendida por los ministros y, la semana pasada, el Ejecutivo activó la suma urgencia de 13 proyectos de ley, en materia de seguridad, que están en el Congreso, diez en el Senado y tres en la Cámara de Diputados.
Las iniciativas que más preocupan al gobierno son las que están vinculadas a la violencia rural en La Araucanía. Los índices de estos delitos van al alza -han aumentado en un 94% en comparación con 2020- y la tensión en la zona no cesa, luego de que Francisco Marchant, integrante de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), falleciera tras un enfrentamiento con Carabineros, en medio de un asalto a un predio forestal.
Es por eso que a los proyectos como los que penalizan el incendio de vehículo motorizado, el Ejecutivo les ingresó la medida de “discusión inmediata”, ya que será votada este miércoles en la sala del Senado. Se trata de la denominada “Ley Juan Barrios”, la cual se inspiró en el fallecimiento del camionero del mismo nombre, en medio de un asalto armado en una ruta de la comuna de Victoria, en La Araucanía, en febrero de 2020.
Esta iniciativa extiende la hipótesis del tipo penal de incendio con resultado de muerte, de una o más personas, cuya presencia allí pudo preverse, al incendio de lugares no contemplados actualmente, como las carreteras, de modo que, de existir víctimas fatales a consecuencia del siniestro provocado, se puedan aplicar al autor las penas más altas.
Otra de las prioridades para el Ejecutivo es la ley que “fortalece y moderniza el sistema de Inteligencia del Estado”. Esta ley busca dotar de más atribuciones a la ANI; se obliga a los servicios de Inteligencia de las FF.AA., de Carabineros e Investigaciones a actuar en conjunto y se otorgan facultades para que exista todo un proceso de formación de los analistas de Inteligencia.
El ministro secretario general de la Presidencia, Juan José Ossa, indicó a La Tercera que “el Presidente nos ha pedido, particularmente al ministro Delgado y a mí, acelerar al máximo la agenda legislativa relacionada a temas de seguridad, narcotráfico y terrorismo”, agregando que “dispusimos diversas urgencias, incluso algunas discusiones inmediatas, a proyectos tales como robo de madera, usurpación, quema de iglesias, Juan Barrios, narcotráfico y Defensoría de Víctimas. Son proyectos que esperamos que avancen sustantivamente en los próximos días”.
Sobre el porqué de esta medida, Ossa explicó que “como gobierno tenemos una preocupación permanente por los temas de seguridad y necesitamos acelerar la tramitación de esta agenda y dotar de más herramientas a Carabineros y a la Policía de Investigaciones”.
