Más de 50 fundaciones son las que actualmente investiga el Ministerio Público por los líos de platas derivados de los convenios alcanzados por instituciones públicas con organizaciones privadas. En ese contexto, la Fundación ProCultura es la ONG que actualmente está siendo indagada en más regiones del país debido a que tiene la mayor cantidad de convenios.

A la fecha, según dio a conocer La Tercera, la organización dirigida por el psiquiatra Alberto Larraín -cercano al Presidente Gabriel Boric- está siendo investigada en las regiones de Antofagasta, Valparaíso, Biobío, Aysén y Magallanes, por al menos seis convenios que suman en total $ 3.149.671.689. Sin embargo, los cuestionamientos a la organización surgen por las múltiples transferencias que recibió por labores muy diversas que debía realizar, pasando de pintar fachadas a realizar “turismo creativo” y hasta organizando programas para la prevención del suicidio.

ProCultura es una organización que nació en 2009 y desde septiembre de 2010 se acreditó en el Registro Central de Colaboradores del Estado, lo que le permitió realizar convenios públicos. Ese mismo año recibió su primera transferencia de parte del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, siendo beneficiaria de más de $ 30 millones para realizar el proyecto de “puesta en valor y restauración capilla Hacienda Los Lingues”, en la comuna de San Fernando, en la Región de O’Higgins.

Desde entonces la fundación ha recibido otras 66 transferencias, según el propio registro, por convenios alcanzados con 13 instituciones del Estado en nueve regiones. Los contratos que ha realizado ProCultura los ha tenido con gobiernos regionales, municipalidades, seremis y hasta la propia Corfo. Una de las más altas, por $1.683.788.000, es con el gobierno regional de Santiago, con el cual realiza el programa de “Prevención del suicidio mediante el fomento de la salud mental”. Sin embargo, esta iniciativa se distancia de otras realizadas en diferentes partes del país y por diversas labores.

ProCultura, según su propio sitio web, se define como “una fundación sin fines de lucro, cuya principal misión es velar por el bienestar de las personas a partir del fortalecimiento de su identidad y su arraigo territorial”. Lo anterior, según agregan, le permite a la fundación “ejecutar proyectos de restauración, puesta en valor del patrimonio, difusión cultural y desarrollo social que tienen como eje conductor la identidad territorial”.

Sin embargo, y pese a la trayectoria de la fundación, fue una de las primeras en ser cuestionadas en medio del caso de líos de platas y luego de que se dieran a conocer los cuestionados convenios alcanzados entre Democracia Viva -dirigida por Daniel Andrade, expareja de la diputada de Revolución Democrática, Catalina Pérez- y la Seremi de Vivienda y Urbanismo de la Región de Antofagasta. Una vez hecho público aquello, ProCultura también figuró en el listado de los traspasos de la repartición de gobierno con fundaciones en la región. Este caso derivó en que la Fiscalía allanara el 6 de julio las oficinas de la fundación y de otras tres ONG.

Actualmente, Fiscalía investiga a la organización por los cuatro convenios -que suman $ 500 millones- alcanzados en esa región con la Seremi de Vivienda para la realización de una intervención con obras en campamentos de Antofagasta para “mejorar el estándar de habitabilidad en un corto tiempo, por medio de obras básicas de carácter transitorio y acciones comunitarias en base a salubridad y seguridad”. Lo anterior, pese a que, según el Servicio de Impuestos Internos (SII), el giro de la ONG es de “asociaciones que promueven actividades culturales o recreativas”.

Pero el convenio más cuestionado en esa región es con el gobierno regional de Antofagasta, institución que transfirió $ 629 millones a ProCultura para ejecutar el programa llamado “Recuperación de fachadas zona de conservación histórica”. Para lograr aquello, el contrato establece que la ONG realizará la limpieza y pintura de tres fachadas de edificios, los cuales suman 2.400 metros cuadrados, además de la elaboración de informes técnicos y capacitación de 38 personas que realizarían las labores.

La Región de Valparaíso es otro de los lugares en los cuales el Ministerio Público investiga a la fundación dirigida por Larraín. Esto, por un convenio alcanzado por ProCultura con la Seremi de Vivienda y Urbanismo, esta vez por la realización del diseño de urbanización de un campamento en Villa Alemana, por el cual se le transfirió $ 248 millones. En esa línea, la ONG también es investigada en la Región del Biobío por los traspasos de dinero también de la Seremi de Vivienda para la realización de un diagnóstico de los campamentos en algunas zonas de la región, lo cual tuvo un costo de $ 171.000.000.

Ya en otro giro, pero en la misma zona, también han sido cuestionados públicamente los traspasos desde el GORE Biobío a la fundación para la realización del programa “Turismo Creativo”, iniciativa que tiene por objetivo, según la propia organización, “desarrollar productos turísticos competitivos a través de la puesta en valor de la identidad cultural y la vinculación con distintas áreas de las industrias creativas”. Por esta actividad, la ONG recibió $ 2.553 millones de parte del organismo dirigido por el gobernador Rodrigo Díaz.

Cambiando nuevamente de rubro, en la Región de Aysén la ONG está siendo indagada por traspasos provenientes del GORE. En este caso, por uno de $ 1.673 millones para la ejecución de un proyecto para beneficiar a 70 familias vulnerables de las comunas de Cochrane, Tortel y O’Higgins. El proyecto adjudicado es parte del “Programa Apoyo a familias de zonas Provincia de los Glaciares”, iniciativa que tiene como ejes conectividad, infraestructura, fomento productivo, riesgos naturales y ordenamiento territorial.

Más al sur, en la Región de Magallanes, la fundación se ha puesto en tela de juicio por los traspasos recibidos por el gobierno regional, específicamente por una transferencia de $ 52.485.000 para elaborar dos murales en la Costanera de Punta Arenas. En la misma región, la Fiscalía abrió una investigación por los traspasos desde la Seremi de Vivienda a la Municipalidad de Porvenir, la que, a su vez, contrató a la fundación de Larraín. El fiscal regional de Magallanes, Cristián Crisosto, aseguró el 2 de agosto que “esto se está investigando -básicamente una posibilidad de un delito de fraude al Fisco- y nace a partir de un convenio suscrito por la Seremi de Vivienda y Urbanismo con la Municipalidad de Porvenir”.