Por segundo día consecutivo el oficialismo se reunió -este martes- en el Congreso en Valparaíso para consensuar una propuesta común y así llegar coordinados a la reunión de este jueves con todas las fuerzas políticas. Hasta el cierre de esta edición, el encuentro recién se iniciaba en las dependencias del Senado, y la idea -admitían los dirigentes- era continuar con las negociaciones para darle continuidad al proceso constituyente y arribar a un documento consolidado final.

Pero antes de la cita oficialista, los distintos partidos de las dos almas del gobierno empezaron a preparar sus posturas desde temprano. Así fue como ocurrió con el Frente Amplio (FA). Por ejemplo, el presidente de Comunes, Marco Velarde, llegó hasta la Cámara de Diputados para reunirse con el diputado Diego Ibáñez (Convergencia Social) y la diputada Catalina Pérez (RD).

Con computador en mano, los tres dirigentes frenteamplistas estuvieron en la cafetería del Congreso, acordando los términos que querían defender en el encuentro y redactando un documento “en línea” compartido con el resto de representantes oficialistas, donde cada uno podía editar. Dado que la reunión del oficialismo era en Valparaíso, las presidentas del PPD y PS -Natalia Piergentili y Paulina Vodanovic, respectivamente-, solicitaron unirse de forma telemática.

Conocedores del documento de trabajo del borrador señalan que había una columna con las propuestas de Chile Vamos y al lado las del Frente Amplio y el Socialismo Democrático. Ahí mismo, los dirigentes iban marcando los puntos en los que hay acuerdo y marcando aquellos en los que, definitivamente, están en contra.

Varios asesores estuvieron colaborando en ese texto. También lo hicieron algunos senadores. Por ejemplo, ese fue el caso de Claudia Pascual por el Partido Comunista. A pesar de que al principio todo este trabajo fue enmarcado como una respuesta formal de la coalición de gobierno a Chile Vamos, durante esta jornada los representantes de los partidos de gobierno recalcaban que no se trataba de “una respuesta a la derecha”.

Por el contrario, dicen en el sector, el documento que están afinando estos días será la propuesta del oficialismo para enfrentar las negociaciones por el nuevo acuerdo político. Pese a lo difícil que ha sido unificar posturas en los distintos sectores de izquierda, los parlamentarios han reiterado en más de una ocasión que tienen coincidencia en un “95% de los temas”.

El borrador preliminar sobre el que -hasta el cierre de esta edición- trabajaba el oficialismo recopilaba algunos de los consensos que ya existen en Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático. Algunos de ellos son, por ejemplo, que el órgano debe ser 100% electo.

También mencionan que el futuro órgano redactor deberá ser paritario, al igual como lo fue la disuelta Convención Constitucional. Respecto de los independientes, el texto preliminar consigna que se debe garantizar la participación de la sociedad civil, pero que los independientes deberán competir en las listas de los partidos.

Hasta la tarde de este martes, la redacción del borrador también mencionaba la relevancia de contar con mecanismos reales de participación ciudadana. Sobre los expertos, el documento, que aún no es el definitivo, menciona que deben estar agrupados en un equipo que trabaje previamente en los asuntos relativos a la instalación del órgano. Eso implica sistematizar insumos de trabajo y elaborar el reglamento. Este equipo también acompañaría el debate de la futura Convención y será paritario, pero no deliberativo. Esto último, comentan en el oficialismo, tiene el objetivo de respetar la deliberación soberana de los representantes electos para escribir la nueva Constitución.

Sobre el itinerario constitucional, el oficialismo se inclinaría por tener elección de convencionales en abril de 2023 para que así el nuevo órgano funcione entre mayo y octubre. De esta forma, el futuro plebiscito de salida sería en diciembre.

El debate en el oficialismo, en todo caso, se ha centrado en lo que la derecha en un inicio llamó “bordes” y que luego cambió por “principios”. Es decir, los límites que se le tienen que poner al proceso constituyente para, en palabras de Chile Vamos, evitar cualquier “intento refundacional”.

La derecha en este tema fue ambiciosa. Ha dicho que quiere dejar definido desde antes que se deben establecer principios constitucionales que para ellos son indispensables, entre estos, respetar que Chile es un Estado unitario, que el Poder Judicial es un poder del Estado autónomo, la autonomía del Banco Central, el derecho a la vida, la libertad de elegir en salud, educación, entre otros temas.

Sin embargo, ese listado completo es inaceptable para el oficialismo. A pesar de que en el encuentro oficialista del lunes hubo voces minoritarias que pidieron incluir en esos principios la protección constitucional a la propiedad privada o la inexpropiabilidad de los fondos de pensiones -en palabras del presidente de la Cámara Raúl Soto (PPD) y Tomás Lagomarsino (Partido Radical), respectivamente-, el resto de los partidos del bloque apoyará solo principios generales.

Así, en el borrador se incluyen, hasta el momento, siete “bordes institucionales”, como los han denominado, separando aguas con la derecha y acusándolos de querer imponer “bordes programáticos”. El listado, que aún no es el definitivo y podría cambiar, parte definiendo que Chile tiene un carácter de República democrática. Luego viene el respeto por los tratados internacionales, los derechos humanos y las sentencias judiciales. Esos tres son iguales a los que se incorporaron en el acuerdo constitucional de noviembre de 2019, en el marco del estallido social.

Los bordes luego continúan con la definición de que el Estado de Chile está compuesto por tres poderes autónomos: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. También definen que Chile es una nación unitaria. El último punto abarca la mantención de los emblemas patrios y el himno nacional, una materia que cobra especial relevancia luego de la experiencia de la Convención y, hasta ahora, no había trascendido en las tratativas oficialistas.

El oficialismo estaría dispuesto a aumentar el listado, pero siempre y cuando solo sean asuntos institucionales y nada “programático”. Aún está por verse si las dos coaliciones incorporarán en el texto la definición del Estado democrático y social de derecho.

Hasta antes de la cita -que continuaba al cierre de esta edición y en la que también estaba presente la ministra de la Segpres, Ana Lya Uriarte- aún faltaba acordar otros puntos importantes, como el quórum del futuro órgano para aprobar normas, la cantidad de representantes de la futura Convención y los escaños reservados para pueblos indígenas, entre otros.