En octubre de 2019, un operador informático de la policía francesa mató a puñaladas a cuatro colegas en la sede de la policía en París, antes de ser asesinado a tiros. Los fiscales antiterroristas dijeron que el atacante adhería a una versión radical del Islam. Dos meses después, un hombre asesinó a tiros a tres agentes que respondieron a una llamada de violencia doméstica en el centro de Francia.
En abril de 2021, la policía Stéphanie Monfermé falleció apuñalada en lo que los fiscales describieron como un ataque terrorista islamista, y el 5 de mayo el oficial Éric Masson fue asesinado a tiros durante una redada antidrogas en Aviñón. La muerte del policía de 36 años reavivó un debate sobre el historial del Presidente Emmanuel Macron en la lucha contra el crimen.
“Fue la gota que rebasó el vaso”, dijo a la BBC Stanislas Gaudon, director del sindicato de policías Alianza. “Era algo a lo que le teníamos miedo, casi esperábamos”.
Criticada a menudo por utilizar tácticas demasiado agresivas durante las protestas, la policía francesa se reunió este miércoles afuera de la Asamblea Nacional, en París, esta vez como manifestantes, para pedir mayor apoyo económico y una respuesta más dura del gobierno a las agresiones que enfrentan las fuerzas de seguridad.
Fabien Jobard, autor de Politiques du désordre, comentó a la BBC que la policía y los servicios de inteligencia habían sido tomados por sorpresa por las protestas de los chalecos amarillos. “Se convirtió en un movimiento contra la violencia policial. Cuando miramos cuántas armas incautamos (a los manifestantes), está claro que mucha gente no vino realmente a protestar, sino a matar policías”, señaló Jobard.
Macron prometió reclutar 10.000 agentes más, y su gobierno introdujo una nueva y controvertida ley de seguridad que otorga más poder a las empresas de seguridad privada y criminaliza la identificación de los agentes de policía que participan en una operación con la intención de dañarlos.
A un año de las próximas elecciones presidenciales en Francia, las encuestas sugieren que en el ámbito de seguridad, los votantes confían mucho más en la líder de extrema derecha Marine Le Pen que en Macron. Cuando se trata de seguridad, ninguno teme tomar un enfoque más duro, ya sea con el objetivo de tener menos delitos o más votos.
La manifestación de la policía francesa llegó el mismo día en que el gobierno presentó una enmienda al Código Penal que podría privar la posibilidad de libertad condicional antes de los 30 años cumplidos -actualmente es a los 22- a cualquier condenado a cadena perpetua por delitos cometidos contra un policía. El proyecto, que será sometido a votación esta semana en la Asamblea Nacional, tiene como objetivo “permitir un castigo muy firme a los autores de tales actos”, según declaró el gobierno.
Una demanda clave para ellos, a la que el gobierno no accedió, es la introducción de una sentencia mínima para cualquier persona que ataque a la policía. De hecho, hay muchas menos muertes policiales ahora que en la década de 1980, pero las agresiones de menor nivel se han hecho más frecuentes.
Según contó Gaudon a la BBC, 18 policías resultan heridos todos los días durante patrullajes, controles de identidad o controles de tráfico, y el número no sólo está aumentando, sino que los delincuentes son cada vez más jóvenes.
Patrice Ribeiro, quien encabeza el sindicato Oficiales de Synergie, dijo que “la violencia cotidiana de bajo nivel” debe enfrentarse con toda la fuerza de la ley, porque “así es como comienza y crece un sentimiento de impunidad”.
Más de 35.000 personas, según los organizadores, respondieron a la convocatoria lanzada por los sindicatos de policía. A la marcha asistió también el ministro del Interior francés, Gérald Darmanin, quien fue criticado por su participación.
El eurodiputado conservador François-Xavier Bellamy se burló de Darmanin, diciendo que el ministro se estaba manifestando “contra su propia inacción”. Damien Abad, miembro del partido de centroderecha Los Republicanos, se sumó a las críticas, señalando que “su papel es actuar, no manifestarse”.
El ministro de Justicia, Éric Dupond-Moretti, fue blanco de los manifestantes y sindicatos que exigen una respuesta penal más fuerte contra los agresores de policías. “¡El problema de la policía es la justicia!”, declaró el secretario general del sindicato Alliance, Fabien Vanhemelryck, desde una tribuna en la que se colgó una pancarta negra en la que se podía leer “Pagado para servir, no para morir”.
“Penas mínimas para los agresores, ese es el mensaje fuerte y claro que esperamos”, dijo por su parte Grégory Joron, del sindicato Unité SGP Police-FO.
Mientras socialistas y comunistas se sumaron a la manifestación de apoyo a la policía frente a la Asamblea Nacional, La Francia Insumisa, de Jean-Luc Mélenchon, y los ecologistas se negaron a participar en el acto, ya que, según el diario Le Monde, “quieren afirmar su diferencia en este tema”. “Fue necesario un mitin de los sindicatos policiales para que la izquierda volviera a dividirse”, destacó el periódico francés.