La Corte Suprema de Perú aprobó la extradición y ordenó la detención del ex gerente general de la compañía, Francisco José Coeymans Ossandón, formalizada por las autoridades judiciales de Chile. El ingeniero comercial enfrenta cargos por asociación ilícita, administración desleal, uso malicioso de instrumento mercantil falso, alteración de datos informáticos, acceso ilícito a un sistema informático y lavado de activos.

El exejecutivo es acusado de liderar una organización denominada “Las Muñecas de la Mafia”, que defraudó a Primus Capital mediante operaciones financieras simuladas, uso de cheques falsos y manipulación de sistemas informáticos. Las actividades fraudulentas habrían causado un perjuicio de más de US$24 mil millones.

La resolución consignó que “el reclamado Francisco José Coeymans Ossandón, en su condición de gerente general de la empresa Primus Capital, se organizó y desplegó una serie de actuaciones coordinadas que tenían por objeto defraudar el patrimonio de la mencionada empresa”. Además, acotó que “simularon operaciones de factoring y financiamiento con instrumentos falsos, ingresaron clientes relacionados con deudores inexistentes y aprobaron operaciones y prórrogas de deuda”.

La audiencia de control de extradición se llevó a cabo el 16 de abril de 2024, en la cual Coeymans Ossandón manifestó su “libre y expreso consentimiento para ser extraditado”. Sin embargo, el 13 de mayo de 2024, Coeymans se desistió de su sometimiento al proceso de extradición simplificada. A pesar de este desistimiento, la Corte Suprema de Chile solicitó la reactivación de la notificación roja contra Coeymans el 23 de mayo de 2024.

“La Oficina de Cooperación Judicial Internacionales y Extradiciones del Ministerio Público informó que la máxima autoridad judicial de Chile solicitó reactivar la notificación roja al ciudadano Coeymans Ossandón”. Además, se explica que “el director de la Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones de la Fiscalía Nacional de la República de Chile informó que la resolución de la Corte Suprema solo dejó sin efecto la orden de detención en contra del imputado dictada el tres de abril de 2024, pero el proceso de extradición seguía su curso normal”, concluyó.

La Corte Suprema del Perú dispuso su detención en un establecimiento penitenciario hasta que se efectúe su extradición a Chile. Esta decisión se basa en la existencia de un mandato de detención vigente y en la gravedad de los delitos imputados, que implican penas de larga duración en ambos países. “La manifestación de voluntad del extraditable de proseguir con el proceso de la extradición pasiva simplificada, renunciando al desistimiento que en su momento expresó, no garantiza suficientemente su permanencia y sujeción a este proceso de extradición”, se afirma en la resolución.

Además, el tribunal destacó que “la gravedad de los hechos que se le imputan, y las penas probables a imponérsele, en caso de ser acreditada su responsabilidad penal, que presuntamente podrían ser sumadas de considerarse que se trata de un concurso real de delitos”.

Según la resolución, “las sanciones máximas para los delitos incriminados son: cinco años de pena privativa de libertad (delito de administración fraudulenta); quince años (delito de organización criminal), diez años (delito de uso de documento falso), cuatro años (delitos informáticos), seis años (delitos de atentado a la integridad de datos informáticos); y quince años (delito de lavado de activos)”. Coeymans enfrenta una pena que podría sumar varias décadas de prisión, considerando la gravedad y la acumulación de los delitos imputados.

La Corte Suprema de Perú ordenó que “se remita lo actuado al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos por intermedio de la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia de la República, con conocimiento de la Fiscalía de la Nación”, concluyendo así el procedimiento y permitiendo que las autoridades peruanas colaboren con sus contrapartes chilenas en el procesamiento de Francisco José Coeymans Ossandón.