El proyecto de ley que reduce la jornada laboral a 40 horas ha ido avanzando de manera sigilosa en la Comisión de Trabajo del Senado. En la última sesión, se aprobó una norma que regula de manera más precisa las labores que estarán bajo el artículo 22, es decir, todas aquellas funciones que no estarán sujetas a este límite horario.

De acuerdo a lo aprobado, las funciones de gerentes, administradores, apoderados con facultades de administración, trabajadores que presten servicios sin fiscalización superior inmediata. También aquellos que no ejerzan funciones en el local de establecimiento como agentes comisionistas y de seguros, vendedores, viajantes, cobradores, técnicos de mantención, operadores de turismo y demás similares son los que estarán exentos de tener una jornada laboral de 40 horas, por lo que implica que no se puede exigir al trabajador registrar asistencia, horario de ingreso o salida.

Ahora, para las próximas sesiones se espera que comiencen a discutirse temáticas más complejas como algunas medidas de flexibilidad. Si bien el proyecto pasó su primer trámite en la Cámara de Diputados incorporando indicaciones parlamentarias que incluyen jornadas mensuales, bimensuales o trimestral promedio, lo que permite una mayor flexibilidad, las indicaciones del gobierno no abordan esa materia, por ello, en estas próximas sesiones los legisladores de la oposición insistirán en abordarlas y abogarán para que se mantengan.

En ese sentido, el senador RN e integrante de la Comisión del Trabajo, Rodrigo Galilea, plantea que uno de los temas que se debe abordar es cómo permitir que algunos sectores como el comercio puedan adaptar sus semanas de acuerdo a la demanda que exista. Pone como ejemplo las semanas previas a festividades donde es necesario que las tiendas estén abiertas más tiempo, pero luego, esa mayor jornada laboral se compensa en las siguientes promediando 40 horas. “Se están buscando mecanismo para aplicar esta reducción sin que provoque un daño estructural en los distintos tipos de actividades”, sostiene Galilea.

Misma visión entrega el senador UDI y también integrante de la Comisión de Trabajo, Iván Moreira: “Queda pendiente el tema de la adaptabilidad o flexibilidad de cumplir la jornada de 40 horas semanales en un promedio ya sea mensual, bimensual y/o trimestral tal como viene en el proyecto desde la Cámara. Tenemos que buscar acuerdos que permitan a las empresas adaptarse a esta nueva jornada, pero que no signifiquen menoscabo para los trabajadores y puedan efectivamente gozar de los beneficios de la rebaja de jornada”.

Asimismo, dice que está “pendiente como regular las jornadas excepcionales y las continuas, nosotros pedimos aplicar la misma norma que se acordó con la gran minería al resto de las empresas. Sería incomprensible que las grandes mineras tengan la posibilidad de establecer jornadas y que las Pymes no puedan hacer lo mismo”.

El presidente de la Comisión de Trabajo del Senado, Luciano Cruz Coke, (Evópoli) refrenda la visión de sus antecesores: “El proyecto viene con flexibilidad mensual, bimensual desde la Cámara de diputados y ahí salvo que el gobierno quiera hacer innovaciones creemos que se debe mantener”.

Para el legislador, se va “avanzando por el camino correcto de querer compatibilizar la vida familiar con la laboral, pero al mismo tiempo tener la posibilidad de que esto no signifique un encarecimiento del costo del trabajo ni cesantía”.

Desde el gobierno, el subsecretario del Trabajo, Giorgio Boccardo, destaca que “el proyecto propone normas de adaptabilidad considerando avanzar en mejoras en la protección y calidad de vida de las personas”. Por ejemplo, menciona que “se busca beneficiar con mayor tiempo libre para compartir con la familia, a través de la posibilidad de obtener mediante una norma de adaptabilidad cinco días adicionales de vacaciones compensadas con horas extraordinarias”. Además, indica que hay “bandas de ingreso diferido para permitir abordar los problemas de ingreso de niños y niñas en los establecimientos educacionales y otras medidas”.

En la discusión técnica los expertos ven de manera positiva la inclusión de alguna medida de flexibilidad, como la de permitir que la jornada sea de modalidad “4x3″, donde la persona puede trabajar 4 días y descansar 3, así como obtener días de feriado anual adicional a cambio de horas extraordinarias realizadas. Esto se suma a otras medidas de adaptabilidad que ya contemplaba la propuesta del gobierno, como son los horarios de ingreso y salida diferidos y la posibilidad de retribuir las horas extraordinarias con tiempo compensatorio. Sin embargo, consideran que se pueden sumar otras que vayan en esa misma dirección.

Para Ingrid Jones, economista de Libertad y Desarrollo (LyD) “falta incorporar la adaptabilidad de la jornada laboral de común acuerdo entre trabajadores y empleadores, factor clave para mitigar los efectos negativos que tiene la implementación de la reducción de jornada en el empleo”.

Asimismo, para Juan Bravo, director del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego portales (OCEC-UDP) “es necesario expandir la retribución de horas extras por tiempo libre a todos los trabajadores, sin exclusiones, y además aumentar significativamente el máximo de días libres compensatorios. Esto permitiría ampliar considerablemente las posibilidades de adaptabilidad y así reducir los eventuales efectos colaterales negativos que puede producir esta medida en el mercado laboral”.

Mientras que la académica de la Universidad de Los Andes, Cecilia Cifuentes, sostiene que, si bien valora “el avance hacia una menor jornada laboral, especialmente por sus efectos positivos en la familia, para evitar los potenciales efectos negativos en productividad, se debería avanzar hacia una definición de jornada mensual, trimestral, o incluso anual. La definición semanal es muy restrictiva, muchos países usan un criterio más amplio”.