Uno de los proyectos estructurales de la agenda laboral que avanzó de manera sigilosa, pero rápida en el Congreso, fue el que reduce la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales. A fines de agosto del año pasado el gobierno presentó una serie de indicaciones a la moción parlamentaria impulsada por la en ese entonces diputada y actual ministra Camila Vallejo (PC) y Karol Cariola (PC). Y fue la Comisión de Trabajo del Senado la instancia encargada de analizar esta iniciativa.

Así, después de cinco meses, esa comisión la aprobó y despachó en su totalidad, con los votos a favor de la oposición representada por Luciano Cruz-Coke (Evopolí), Rodrigo Galilea (RN) e Iván Moreira (UDI). Pero para obtener ese logro, el Ejecutivo tuvo que hacer varias modificaciones que no estaban dentro de los planes originales. Desde el oficialismo, en tanto, los votos estuvieron por parte de Loreto Carvajal (PPD) y Gastón Saavedra (PS).

El más sustancial de los cambios fue la incorporación de nuevas medidas de flexibilidad que apuntan a la posibilidad de que la jornada ordinaria de 40 horas se cumpla en un promedio de hasta cuatro semanas, con un máximo de 45 horas semanales. En caso que el trabajador sea sindicalizado, la empresa deberá contar con acuerdo del sindicato para implementar esta fórmula. De esta manera, se quiere relevar la titularidad sindical y que estos temas sean negociados de manera colectiva.

El subsecretario del Trabajo, Giorgio Boccardo, sostiene que los plazos que maneja el gobierno apuntan a que la sala del Senado lo pueda votar entre la segunda y tercera semana de marzo. Explica que tiene que pasar primero por la Comisión de Hacienda para que analice un artículo menor, y luego seguir hacia la sala de la Cámara Alta. A continuación, el texto debe pasar a la sala de Cámara para su tercer trámite legislativo. En los tiempos del Ejecutivo, eso debería ocurrir durante las primeras semanas de abril. Así, el subsecretario dice que la idea es que el proyecto pueda ser promulgado y sea ley el 1 de mayo, fecha en que se celebra el Día del Trabajador.

La reducción de la jornada a 40 horas fue parte del programa de gobierno y una de las principales reformas de la agenda laboral del Ejecutivo. Por ello, cobra relevancia el hecho de que la propuesta esté ad portas de ser aprobada, pese a las dudas que existieron en un comienzo por su eventual impacto en el empleo.

¿Es un proyecto estructural? Boccardo destaca el hecho de que “este es un proyecto que cambia el Código del Trabajo y que es una demanda emblemática de la ciudadanía”. Asimismo, comenta que si bien los parlamentarios pueden proponer nuevos cambios, están conformes con el acuerdo alcanzado en el Senado y eso es lo que esperan mantener en la discusión en la Cámara.

Desde el empresariado, el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Ricardo Mewes, valora el hecho de que la Comisión de Trabajo del Senado “haya tomado en cuenta observaciones y sugerencias que hicimos desde la CPC y nuestras ramas”.

En ese sentido, dice que “la reducción de la jornada laboral implica un mayor costo para las empresas que sólo puede ser absorbido de manera gradual en la medida que cuenten con distintas alternativas de adaptabilidad que puedan ser pactadas entre trabajadores y empleadores”.

Uno de los temas que preocupaba a los empresarios es que el proyecto tuviera una gradualidad en su aplicación para aminorar los impactos en el empleo, sobre todo en este año de recesión. El gobierno consideró esos planteamientos, ya que estableció un mecanismo de implementación de cinco años.

Así, si el proyecto, como lo quiere el gobierno, comienza a regir en mayo, la reducción a 40 horas se completará en mayo de 2028. Este plazo para el Ejecutivo es más que suficiente para que las empresas se adapten y así evitar efectos en el empleo, dicen. De esta manera, en mayo de 2024 se llegaría a 44 horas, luego, en mayo de 2026, se pasaría a 42 horas y en mayo de 2028 a las 40 horas.

“Una reducción tan importante de la jornada laboral, que nos llevaría a tener una jornada menor de 42 horas que es el promedio de la Ocde (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), requiere de una extensa gradualidad y monitoreo, para evitar que termine afectando la sostenibilidad de las empresas y el empleo”, afirma Mewes.

Para el líder empresarial, es importante que exista un seguimiento y revisión permanente de la implementación de esta ley: “Pienso que es importante que a medida que se vaya reduciendo la jornada laboral, se vayan evaluando sus efectos en la productividad y el empleo”.

Otras indicaciones que el gobierno fue incorporando mediante avanzaba la discusión dicen relación con las jornadas laborales para trabajadores del sector transporte de carga, de pasajeros interprovinciales, de ferrocarriles y de pasajeros rurales. También se ingresó otra que apunta a mantener el rol de la Dirección del Trabajo para entregar autorización en jornadas excepcionales y crear una regla compensatoria por días trabajados. En las indicaciones también se especifican las normas transitorias de gradualidad y no afectación de la remuneración.

Además, se crean bandas de horario para el inicio y término de jornada para madres, padres y personas cuidadoras de menores de 12 años, y se establece la posibilidad de compensar horas extraordinarias por hasta cinco días de feriado adicional.