Julio Ventura Becerra (81), arquitecto de la Universidad de Chile (sede Valparaíso), casado, masón. Pintor de acuarelas. Ingenioso. Muy estudioso y lector. Chapado a la antigua. Cercanos cuentan que en su oficina en la Dirección de Obras Municipales (DOM) de Viña del Mar no tiene computador, sólo una regla sobre su escritorio. Revisa los planos en papel y hasta hace un tiempo no usaba teléfono móvil. Quitado de bulla. Una persona que no se jacta de sus conocimientos. Y aunque asumió como director de la DOM en plena dictadura (1981), no es de derecha.
“Él es reconocidamente de izquierda. Su familia es de sensibilidad de izquierda”, asegura René Lues (DC), concejal viñamarino.
Por estos días, Ventura está en el ojo del huracán. Ha sido cuestionado -injustamente, dice Lues- por haber autorizado la construcción de una decena de edificios en el área de las dunas de Viña del Mar, donde las últimas semanas hubo dos socavones que amenazan la estabilidad de al menos cuatro construcciones: Kandinsky, dos torres del Miramar Reñaca y Santorini Norte, todos ubicados en la calle Costa Montemar, sector de Cochoa.
“Él no es responsable de la construcción de edificios en el campo dunar”, asegura Lues. Y añade: “La responsable es la norma que él tiene que aplicar. Y la norma la crea el Parlamento en conjunto con el gobierno, y el concejo municipal cuando aprueba el Plan Regulador Comunal (PRC). Tampoco la interpreta, porque si tiene alguna duda la que interpreta es la seremi Minvu. Si la norma permite entregar un permiso, él no puede negarlo. Y si la norma lo impide, él no puede entregarlo. Así de sencillo. Él se limita a aplicar. De hecho, la forma en que se ve el resultado de su aplicación es que cuando han llegado denuncias a la justicia (por la entrega de permisos) a él siempre se le ha dado la razón. Porque además el DOM es responsable, con su patrimonio, de un permiso mal dado. Por eso se cuidan tanto de entregarlos bien”.
Para el concejal, la calificación que ha hecho de su trabajo la alcaldesa Macarena Ripamonti (RD), así como las declaraciones vertidas en su contra, representan “una persecución funcionaria brutal. Si queremos que entregue permisos distintos, bueno, cambiemos la norma”.
La jefa comunal ha asegurado que Ventura no responde órdenes de servicio, y que ha recibido en su despacho a constructoras y desarrolladores inmobiliarios que no pasan por lobby. Ripamonti busca su destitución por la vía administrativa, pero además le abrió un flanco por la vía judicial, cuando derivó al Ministerio Público una denuncia de una vecina, con fecha 6 de abril de este año, que pide que se investigue la motivación del DOM para negarse a emitir un certificado. En paralelo, su administración abrió, el 20 de marzo pasado, un sumario al interior del departamento por una eventual conexión entre profesionales de la DOM y el departamento de Asesoría Urbana, en la aprobación de un proyecto, lo que configuraría -se señala en el documento- “un nudo crítico ético como funcional”.
Eso no es todo. Por el lado ciudadano, el movimiento Duna Viva lo denunció a Contraloría por eventuales faltas a la probidad administrativa en la tramitación de los permisos de obras otorgados a proyectos en las cercanías del Santuario de la Naturaleza La Punta de Concón.
El abogado de la organización, Gabriel Muñoz, explica a La Tercera que al menos cuatro de los once edificios construidos en el sector (comuna de Viña del Mar) han sido aprobados o recepcionados con la venia de Ventura: el polémico Kandinsky, Mackroceano, Alto Santorini y Hoy Eluchans. Asimismo, acusa que el actuar del directivo ha sido poco transparente. Que desde que entró en vigencia la Ley de Lobby (2014), sólo ha registrado tres audiencias, en 2016.
“En su cargo él tiene la obligación de ser transparente. Pero no ha estado a la altura del cargo. Cómo es posible que conociendo dónde se puede construir en Viña del Mar, aún así autorice esos proyectos. Lo más grave es que esta falta de transparencia da para pensar que hay signos de corrupción, porque no sabemos quién tiene influencia directamente en el DOM para conseguir permisos de obras”, detalla Muñoz.
Sin embargo, en la otra vereda, hay personas a quienes su desempeño ha dejado una buena impresión. Como el arquitecto Ignacio Panatt, quien cuenta que trabajó con Ventura “para el restorán Tierra del Fuego, pero fue hace hartos años ya. Al menos yo tuve una buena experiencia. Lo vi como una persona preocupada de hacer un proyecto que aportara a la ciudad. Ese proyecto en particular lo ganamos por una licitación que hizo la municipalidad, para el borde costero de la playa Acapulco, que consistía en un paseo peatonal con un restorán y una heladería con baños públicos. Para ese proyecto, al estar en el borde costero, aplicaba la Ley Lorca, que da atribución de opinión al DOM en aspectos técnicos y estéticos. Entonces, durante un año me junté al menos una vez al mes con el equipo y con él para revisar el proyecto. Era casi como un taller de universidad. Hoy es popular hablar mal de él. Pero yo lo conozco en ese ámbito y mi experiencia fue agradable. El tipo buscaba hacer algo de buena calidad”.
En tanto, el geógrafo Luis Álvarez, quien trabajó con Ventura en la Secretaría de Planificación (Secpla), señala que el DOM es una “persona afable y de buen trato, que aplica la norma y la ley. Y lo tiene muy claro: no puede interpretarla”.
En la Secpla, “trabajamos modificando, por ejemplo, el trazado del Troncal Sur, que no consideraba los valores ambientales del estero. Entonces se veía que tenía mucha experiencia. Un conocedor de Viña del Mar, donde ha sido vecino”. Además, agrega Álvarez, “en su primera época (en la DOM) aplicó el principio de desarrollo de interior de manzana, es decir, entregar al uso público las galerías del centro de la ciudad, entramado clásico de la vida cotidiana a partir de los años 80 en Viña del Mar y Providencia”.
Desde que es concejal (2016), Carlos Williams (Ind.) señala que sólo lo ha visto una vez: “Durante la actual administración, el señor Ventura fue a exponer al concejo para tratar el proyecto del mall de Agua Santa. Me llamó la atención porque era ‘la’ oportunidad de conocerlo. Yo lo noté como una persona muy quitada de bulla, que se limitó a exponer el tema que se estaba tratando. Demostró con pocas palabras ser dominador del tema. Me pareció una persona absolutamente normal en su trato y forma de comunicarse”.
¿Una historia de más de 40 años?
Un exfuncionario del municipio, que trabajó con Ventura por más de una década, cuenta que él llegó al cargo por su experiencia, pues antes de llegar a la alcaldía, en la década del ‘70, trabajó en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Así, cuando la municipalidad decretó el primer PRC de la ciudad, en 1980, fue llamado a dirigir la dirección de Obras para tramitar todos los proyectos que habían sido presentados previa aprobación de ese nuevo instrumento (PRC) y que se regían por la anterior normativa: el Plan Intercomunal de Valparaíso (PIV).
Como Ventura había trabajado en el Minvu, conocía el PIV. “Él era un buen planificador, lo que hizo fue ayudar a interpretar las normas del Plan Intercomunal que ya conocía”, dice la misma fuente. Sin embargo, cuestionamientos respecto a la aplicación de la antigua y la nueva normativa desencadenaron la apertura de un sumario en la década del ‘90, que lo llevó a ser suspendido de su cargo y derivado a la Secpla, estima, entre 1995 y 2010. Durante ese período asumió como subrogante Fernando Durán, pero cuando éste decidió renunciar, Ventura volvió al cargo. El sumario, asegura el exfuncionario, fue cerrado sin sanciones.
En ese sentido, aclara que al contrario de lo que se ha señalado, Ventura no ha dirigido la DOM por 40 años. Al igual que Lues, insiste en que lo que ha hecho es aplicar la normativa: tanto la Ley General de Urbanismo y Construcciones, como el PRC, cuya segunda versión fue aprobada en 2002.
Sin embargo, volviendo a las dunas, al arquitecto se le cuestiona haber aprobado permisos sin requerir la debida evaluación ambiental, al menos desde la promulgación de la Ley 20.417, en 2010, que modificó la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente, e integró la Evaluación Ambiental Estratégica como un nuevo instrumento de gestión ambiental a incorporar en la formulación de políticas y planes con impacto en el medio ambiente o sustentabilidad.
Como el PRC de la comuna anterior a dicha modificación carece de la EAE, el abogado de Duna Viva ha planteado que los proyectos debiesen ingresar al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). Y así lo ratifica el consejero regional Manuel Millones (Ind.): “En este caso la DOM debió exigir a ellos requerir un estudio o permiso ambiental, y los propietarios debieron ir al SEA y preguntar si requerían el estudio. Y se entiende que eso no se hizo. Ahí está la responsabilidad de la DOM y del SEA”.
De todas maneras, agrega Millones, “no corresponde que la alcaldesa Ripamonti le haga un juicio público al DOM. ¿Dónde está el debido proceso? Antes debe existir una investigación judicial y esta concluir en las responsabilidades institucionales y individuales, aún cuando ya la ministra de Obras Públicas (Jessica López) y la alcaldesa han reconocido de manera pública las responsabilidades de sus entidades y esas afirmaciones tendrán efectos en las acciones judiciales”.
