Su pelea fue defender el regreso de los estudiantes a clases presenciales, por lo cual recibió varias críticas, e incluso enfrentó una acusación constitucional.

El ministro de Educación, Raúl Figueroa, en esta entrevista, es uno de los primeros ministros en involucrarse en el contenido de la nueva Carta Política que deberá resolver la Convención Constitucional. Y, en este escenario, manifiesta su inquietud ante el rechazo en la comisión de reglamento del organismo de una indicación sobre la “libertad de enseñanza y el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos” como tema a tratar por la eventual comisión permanente de Derechos Fundamentales.

Hace un par de semanas en la comisión del reglamento de la Convención Constitucional dejó fuera una indicación que habían impulsado convencionales del oficialismo relativa a la libertad de enseñanza. ¿Qué diagnóstico tiene al respecto?

Ciertamente, nos preocupa lo que ocurrió en la comisión de reglamento al excluir la libertad de enseñanza y el derecho preferente de los padres como elementos a discutir. Por supuesto entendemos que esos temas van a estar presentes en la discusión general, pero creo que la señal que se dio al excluirlo de la comisión de reglamento es negativa, porque la libertad de enseñanza, el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, no solo son derechos fundamentales que han estado siempre consagrados en nuestra legislación. Además tienen un fuerte amparo en el derecho internacional de los derechos humanos y, sobre todo, están muy arraigados en la cultura de los chilenos.

¿Por qué cree que es preocupante?

Por varias razones. Primero porque hablar de libertad de enseñanza significa un concepto mucho más amplio. La libertad de enseñanza va íntimamente ligada al derecho efectivo a la educación y también a una idea de sociedad diversa y libre y, por lo tanto, cuando se excluyen estos temas del debate, lo que se afecta no son solo estos derechos específicos, sino que además una mirada global de una sociedad que es a la cual todos los chilenos aspiran.

La Conacep dijo que sólo en “regímenes totalitarios no se respeta y se reconoce el derecho de los padres a decidir sobre la educación de sus hijos”, ¿comparte eso o es extremar el debate?

Sin libertad, el derecho a la educación excluye a la persona y deja de estar a su servicio y, por eso, es fundamental que este debate esté siempre presente.

¿A qué cree que responde esta idea de dejarlo fuera? Quienes se oponían a este tema plantean que esto debería estar supeditado al tema del derecho a la educación.

Hay que distinguir dos cosas. Primero, la discusión de fondo, que tiene que ver con la íntima relación entre la libertad de enseñanza y el derecho a la educación donde, insisto, para resguardar a plenitud el derecho a la educación se requiere resguardar la libertad de enseñanza. Al excluir la libertad de enseñanza de la discusión de la comisión de reglamento, los constituyentes están dando una señal preocupante al país, que es contradictoria con lo que los chilenos esperan de la nueva Constitución. Lo que los chilenos esperamos de ella es que los derechos fundamentales estén garantizados en su ejercicio y no que se limite. Por lo tanto, uno puede interpretar esta exclusión desde dos puntos de vista. Uno, a mi juicio un poco ingenua, de que es tan evidente que estos derechos son esenciales que no hay que entrar en esos debates. Otro, que me preocupa, que atendida la carga ideológica que para algunos tienen estos derechos, se busque efectivamente restringirlos, lo que se traduce inevitablemente en una sociedad más restringida en lo que a diversidad y libertad se refiere.

Lo que siempre se ha dicho es que detrás de esta idea de libertad de enseñanza lo que esconde la derecha es resguardar el modelo particular subvencionado, relacionado con los negocios en la educación.

La libertad de enseñanza como la conocemos en Chile se consagró en la Constitución en el año 1871, se confirmó en la ley de instrucción primaria obligatoria del año 20. Formó parte de las reformas constitucionales que se incorporaron bajo el gobierno de Allende y en la misma lógica se replica en la Constitución del 80. Por lo tanto, no es una cuestión de derechas o de izquierdas, sino que tiene que ver fundamentalmente con mecanismos concretos para garantizar el derecho a la educación y la existencia de una sociedad diversa.

¿Espera que se corrija esto en el pleno de la Convención?

Por supuesto, confío que estos derechos van a no solo formar parte de la discusión en el pleno, sino que sobre todo van a quedar consagrados con fuerza en la nueva Constitución y para ello todavía tenemos un amplio margen de tiempo.

¿Y ha conversado con los convencionales del sector al respecto?

He seguido con atención el debate, pero no he intervenido directamente y además entiendo que los convencionales hoy día están abocados a lo que ellos mismos se han entregado como mandato, que es contar a la brevedad con un reglamento que permita darle continuidad a ese proceso.

Se lo pregunto porque plantear el punto ahora cuando el gobierno ha dicho que la Convención es autónoma, que no quieren tener injerencia, de alguna manera es meterse en el debate…

Creo que es fundamental que cuando se trata de derechos tan importantes para la ciudadanía no dejemos de promoverlos y de velar por su concesión en todo tiempo y lugar. No se trata aquí de intervenir en el trabajo de la Convención, sino que de mantener vivo un debate que excede por mucho lo que ocurre hoy día en la constituyente y se refiere a la raíz cultural de nuestro país. Tenemos la obligación de velar siempre porque los derechos esenciales, en este caso la libertad de enseñanza y el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, se mantengan en un primer nivel y dar también por todas las vías seguridad de que vamos a insistir en que esas garantías estén siempre presentes.

¿Va a intentar influir en el debate de alguna manera más directa?

Más que intervenir directamente en la Convención, nuestro rol está en asegurar hoy día que esos derechos efectivamente se puedan ejercer.

En algún momento el Presidente Piñera dijo que iba a enviar propuestas de contenido, lo que se terminó diluyendo en base al argumento de la autonomía de la Convención. ¿Fue la decisión correcta?

El Presidente entregó a través de distintas vías una serie de elementos que consideraba fundamentales para una discusión constitucional. En paralelo, la Convención ya ha tomado forma y está trabajando en esa línea, por lo tanto, la postura que ha tomado el gobierno es la correcta, de generar todas las condiciones para que la Convención haga su trabajo y también transmitir cuáles son los ideales de una sociedad libre que queremos que se mantenga.

En el oficialismo preocupa cómo se está llevando adelante la discusión en la Convención, por ejemplo, al quitar conceptos como república. ¿Qué piensa al respecto?

Me preocupa y me llama la atención que lo que aparece públicamente como el hilo conductor del trabajo de la Convención, dice más bien con la exclusión de una serie de temas en vez de la inclusión de los mismos. En vez de incluir todas las posiciones, hemos visto desde el punto de vista de algunos constituyentes, una mirada más bien excluyente y yo espero que eso se corrija. Todos esperamos y confiamos que el proceso constituyente apunte, entre otras materias, a incluir a la mayor cantidad de personas y asegurar por esa vía el adecuado ejercicio de derechos fundamentales que deben estar ahí consagrados.

¿Y a qué cree que responde esta mirada, a su juicio, excluyente?

Tiene varias causas, pero me da la sensación que apunta a ciertas miradas preconcebidas de la manera de entender la sociedad y, por lo tanto, da la sensación que hay ciertos procesos que se están saltando. Lo razonable es tener el debate y sobre la base de eso llegar a una conclusión. Yo veo en el caso de algunos constituyentes que vienen con sus conclusiones hechas y han hecho esfuerzos por imponerlas sin que ni siquiera esa conversación se pueda llevar adelante.

¿Cree que se están dando las garantías para el proceso?

Lo que hemos visto en el último tiempo ciertamente son señales preocupantes que, a mi juicio, la Convención va a saber sortear adecuadamente. El hecho que estemos prontos ya a tener un reglamento, va a permitir también encauzar el debate interno, pero ciertamente es fundamental que esta conversación se genere en el marco de la inclusión de la mayor cantidad de puntos de vista y no de exclusiones.