De forma inédita durante 2020, las isapres definieron postergar el alza en los planes estipulada para el período 2020-2021. En ese entonces, el presidente del gremio, Gonzalo Simón, aclaró que “esto significa que en lo que respecta al proceso de adecuación de precios de 2020-2021, las isapres no los van subir, sino hasta un año después del periodo original en el que debiera haberse producido”.

Cumplida ya la prórroga -y aunque para el próximo proceso de 2021 a 2022 las aseguradoras anunciaron que no subirán los precios- los afiliados a los distintos seguros de salud privados ya comenzaron a recibir las cartas de adecuación de sus planes, haciendo efectivo el reajuste correspondiente al proceso 2020-2021, que rige a partir de julio del presente año y que promedia un 4%.

Frente a este escenario, los afiliados tienen dos vías para frenar el alza. El más utilizado hasta ahora es el recurso de protección interpuesto en la Corte de Apelaciones, en los primeros 30 días tras la recepción de la notificación que deben enviar las isapres a los domicilios de los afiliados. El otro mecanismo es a través de la Superintendencia de Salud - vía página web o a través de su app-, donde el trámite puede realizarse con Clave Única o con el carnet de identidad, en un plazo de hasta 90 días corridos desde el envío del documento por parte de la isapre.

La plataforma, explica el superintendente de Salud, Patricio Fernández, surge a raíz de la necesidad de no judicializar estas causas -en año previos las cortes se han visto atestada de recursos- y a la vez tener una respuesta más expedita para los afiliados. “Bastó ver el discurso de inicio del año judicial del presidente de la Corte Suprema: los recursos contra las isapres por alza de precio de los planes impactan en la gestión de las cortes. Viendo eso, quisimos tener a a disposición de las personas una herramienta fácil, sin necesidad de abogado de por medio, que les permite tener una respuesta más ágil que intentar un recurso de protección”, comenta.

En casi un mes -desde el 14 de abril a la fecha- el sitio de la entidad reguladora ya cuenta con 11.437 reclamos por alzas injustificadas. Esto se traduce en un promedio de casi 600 ingresos diarios. Y el peak de ingresos se registró el lunes de esta semana, cuando ingresaron 1.269 requerimientos. Si bien la Superintendencia tiene un plazo autoimpuesto de respuesta de 30 días corridos, Fernández estima que las resoluciones se están obteniendo en 18 días en promedio e incluso menos. Y todas en favor de los asegurados.

“Hasta ahora hay 3.708 reclamos ya con sentencia, yo diría que en un 100% a favor del afiliado”, destaca.

Si bien aún no hay datos desde el Poder Judicial de cuántos recursos de protección se han interpuesto durante este período, solo durante enero y julio de 2020 ingresaron 119.568 recursos de protección contra las isapres por este motivo, alcanzando un pago de costas judiciales por sobre los US$ 65 millones en perjuicio de las aseguradores. Y frente a esos números, la Superintendencia espera un volumen de reclamos aún mayor durante las próximas semanas, a medida que estas cartas vayan llegando a los afiliados.

“Los primeros mil reclamos casi en su totalidad fueron contra la isapre Colmena, porque mandaron antes la carta de adecuación”, comenta Fernández.

Crítico de estas alzas es el exsuperintendente de isapres, Héctor Sánchez. El académico explica que aunque esta adecuación de precios corresponde a la postergación del año anterior, no debería hacerse efectiva a propósito de la amplia suspensión de la actividad médica no Covid-19 que provocó la pandemia.

“Por una decisión de la autoridad se resolvió que no se prestaran servicios de salud habituales a la población. La gente dejó de consultar, tuvo menos licencias médicas y no pudo realizarse todas las intervenciones quirúrgicas que normalmente se realizaban. Entonces, durante el 2020 los resultados para las isapres han sido buenos, no por su gestión, sino porque hubo una decisión de la autoridad sanitaria frente a la pandemia de que no utilizaran sus servicios. Aplicar el alza es injusto, es un incremento de un costo por un servicio que no se prestó en una gran cantidad de personas, de un seguro que no se utilizó”, plantea.

Para Sánchez, esto acarreará un incremento de la judicialización, y además “se profundiza el rechazo social que actualmente las isapres están teniendo. Esa situación va a terminar con alguna reforma legal que las va a limitar sustancialmente o, derechamente, las va a eliminar como entidad aseguradora”.

En esta línea, el senador Rabindranath Quinteros (PS) presentó una indicación -que se discutirá durante esta jornada en la Comisión de Salud- para quitar la facultad de las isapres de elevar sus precios de manera unilateral. Quinteros espera que, de aprobarse, “no solamente sea aplicable durante la pandemia, sino que para siempre. No puede ser que las únicas instituciones que autorregulen sus valores sean las isapres”, aborda.

A esta indicación, señala el parlamentario, se han sumado la senadora Carolina Goic (DC) y el senador Guido Girardi (PPD).

Frente a esto, el superintendente expresa que “creemos que aquí hay una oportunidad para resolver este tema de fondo: nosotros siempre hemos impulsado la existencia de un indicador que permita determinar con parámetros y antecedentes objetivos la reajustabilidad de los planes, pues es natural que se reajusten. Pero lo que no es natural es que se reajuste por arbitrio de la isapre sin considerar estos elementos”.

Consultada la Asociación de isapres, explicaron que se encuentran analizando el proyecto en tramitación, no obstante, señalan que “siempre están disponibles para asistir al Congreso y aportar en la discusión parlamentaria con información técnica”.