Las bencinas siguen subiendo y no hay señales que indiquen que esta racha alcista que ya completa 47 semanas vaya a terminar en el corto plazo. Esta semana los precios subieron $13 promedio y hoy en la Región Metropolitana se ubica que los $1.212 para la de 93 octanos; $1.233 para la de 95 octanos y en $1.257 la de 97 octanos.

Un debate que sigue presente es la presión que siguen ejerciendo algunos sectores políticos para que el gobierno reduzca o elimine el impuesto específico a los combustibles y con ello reducir el precio. Sin embargo, debido a la fuerte alza en el precio del petróleo que ha subido casi un 60% entre noviembre de 2021 y junio de 2022, el Mecanismo de Estabilización del Precio de los Combustibles (Mepco) ha estado activamente operando. De hecho, el componente base (positivo) superó en monto al componente variable (negativo), cosa que nunca había sucedido desde su creación en 2014.

De esta manera, de acuerdo a un informe de Libertad y Desarrollo, el Impuesto Específico total pasó a ser negativo, es decir, no se está cobrando por lo que no solo no se está recaudando, sino que se está entregando un subsidio de $152 por litro en gasolina 93, $247 por litro en gasolina 97 y $406 por litro en el caso del diésel.

“Hoy no hay espacio para una reducción o devolución de este impuesto -como han pedido algunos parlamentarios- ya que actualmente no se está cobrando impuesto específico. De hecho, si se eliminara, el Mepco dejaría de operar y los combustibles subirían en los montos del subsidio arriba mencionado”, sostiene el informe.

De acuerdo al análisis de LyD, entre enero y junio de 2022, el efecto para la billetera fiscal que ha significado el Mepco ha sido aproximadamente de US$2.290 millones, lo que equivalente a casi 10 hospitales de alta complejidad como el Hospital Salvador o un 52% más que el presupuesto destinado para financiar la gratuidad para la educación superior durante este año. También equivale a casi el doble de los recursos del plan de Ayuda de Invierno, dado a conocer esta semana por Hacienda (US$1.200 millones).

Según se detalla, esta cifra está compuesta en partes iguales por subsidios que ha entregado el Estado y los recursos que ha dejado de recaudar: US$1.145 millones en subsidios que ha entregado el Estado y en US$1.142 millones que ha dejado de recaudar en impuesto específico en su componente fijo.

El documento destaca que el monto del Mepco acumulado desde 2014 hasta a fines de junio una disminución en los recursos por US$ -2.677 millones, ubicándose “muy cerca del tope inferior” de US$ 3.000 Millones que tiene el Mepco para gastar. Por ello, en LyD advierten que ese tope se “alcanzaría durante las próximas semanas, por lo que, probablemente el gobierno deberá inyectar más fondos si quiere mantener este mecanismo”.

Se precisa que este año el monto límite de operación del mecanismo se ha modificado en 3 ocasiones. En enero, pasó US$ 500 millones a US$ 750 millones. Luego en marzo este aumentó a US$ 1.500 millones. Por último, a fines de mayo se aprobó la ampliación del techo del Mepco de US$ 1.500 millones a US$ 3.000 millones.

“Estos datos demuestran que el gasto público destinado para controlar el precio de los combustibles es extremadamente elevado. Es por ello que el gobierno debe evaluar la conveniencia de gastar estos millonarios recursos en subsidiar los combustibles y buscar mecanismos más focalizados que permitan ir en ayuda de quienes más lo necesitan”, puntualiza el análisis LyD.

Soledad Monge, economista de Libertad y Desarrollo (L&D), explica que dado este escenario de mayores precios si bien “el Mepco es un buen instrumento, su costo lo está haciendo inviable. El sistema fue neutral (algunas semanas recaudaba y otras subsidiaba) hasta hace unos meses, pero con la brusca alza del precio del petróleo y el dólar, lo ha transformado en un costoso subsidio del Estado de aproximadamente US$1.145 millones”.

Por esa razón Monge dice que es momento de que se deba “repensar los parámetros para permitir que el precio al usuario refleje mejor el precio internacional y complementariamente ir en ayuda de quienes más lo necesiten”.

La economista plantea que el crecimiento económico de las últimas décadas ha permitido que el uso del automóvil sea masivo y que puedan optar a él personas de menores ingresos. Según un estudio de Cadem, el 71% de los hogares tiene auto y el porcentaje en los niveles socioeconómicos D y E (de menores ingresos) es de 61%, por lo que “el aumento del nivel de la bencina golpea transversalmente. Sin embargo, dado el monto de los subsidios involucrados, vale la pena preguntarse si tiene sentido subsidiar también a los hogares de mayores ingresos, que además tienen más vehículos”.

En ese sentido, dado este contexto, “el gobierno podría hacer transferencias directas a aquellos hogares que no tienen alternativa al uso de un vehículo y a las personas vulnerables que usan el auto para trabajar”, pero ¿cómo hacerlo? “Por ejemplo, se podría utilizar incluir en el paquete de ayudas que reciben los hogares que reciben el subsidio familiar como se hizo con el aporte a la Canasta Básica de Alimentos que buscó compensar el aumento de su precio, que se legisló en el aumento del sueldo mínimo”.