El vandalismo al Cenotafio (monumento a los caídos) y a la estatua del exprimer ministro Winston Churchill el año pasado en Londres provocaron la indignación del gobierno británico. Por ello, desde ahora quienes dañen de manera criminal monumentos conmemorativos enfrentarán hasta 10 años de cárcel bajo una nueva ley.

Así lo dio a conocer el diario The Telegraph, que señaló que el gobierno va a eliminar la regla actual que limita las penas de cárcel a un máximo de solo tres meses, a menos que se causen daños por más de cinco mil libras (US$ 6.950). Esto significa que desde ahora enfrentarán hasta 10 años de cárcel y/o una multa de hasta 2.500 libras (US$ 3.475) independientemente del valor del daño a un monumento.

La nueva ofensa no solo sanciona los daños a los monumentos de guerra u otros conmemorativos, sino que también jardines y flores o coronas colocadas en lápidas, estatuas o estructuras importantes. La legislación, que forma parte del proyecto de ley de policía, delitos, sentencias y tribunales del gobierno, incluirá a quienes orinan o defecan en una estatua, aunque debido a que el delito se relaciona con daños criminales, es más probable que estén cubiertos por delitos de orden público.

No es la única normativa en este sentido en el mundo. En junio del año pasado, el entonces Presidente de Estados Unidos Donald Trump anunció, vía Twitter, que quien destrozara “cualquier monumento, estatua u otra propiedad federal similar” sería arrestado y enfrentaría hasta 10 años de prisión.

Su anuncio se produjo después de que condenó un intento de los manifestantes por quitar una estatua del expresidente Andrew Jackson que se encuentra frente a la Casa Blanca. Haciendo referencia a la Ley de Preservación del Monumento a los Veteranos, Trump advirtió a los manifestantes: “¡Cuidado!”.

El mandatario hizo mención a una ley aprobada en 2003, que establece que una persona que “intencionalmente dañe o destruya, o intente dañar o destruir, cualquier estructura, placa, estatua u otro monumento en propiedad pública que conmemora el servicio de cualquier persona o personas en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos será multado bajo este título, encarcelado no más de 10 años, o ambos”.

La ley fue aprobada con apoyo bipartidista luego de actos de vandalismo en varios cementerios de veteranos.

Más de 70 monumentos confederados han sido derribados desde el tiroteo de 2015 en una iglesia de Charleston, Carolina del Sur, según datos compilados por el diario The Washington Post. El periódico dijo que alrededor de un tercio de esos monumentos fueron derribados en las semanas posteriores a la muerte en mayo del año pasado de George Floyd, un hombre afroamericano que falleció cuando un oficial de policía le puso una rodilla en el cuello durante más de ocho minutos.

La muerte de Floyd provocó una ola de protestas contra la injusticia racial, cuando los manifestantes salieron a las calles para protestar contra la supremacía blanca y la brutalidad policial. Algunas manifestaciones derivaron en la destrucción de varios monumentos confederados.

En ese entonces, la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, pidió que se retiraran las estatuas de soldados y funcionarios confederados de los terrenos del Capitolio de Estados Unidos. Sin embargo, los opositores argumentan que los monumentos deberían permanecer en su lugar como un recordatorio de la historia de este país.

En marzo de 2019, la fachada de la Catedral de Santiago de Compostela amaneció rayada, provocando la indignación de la comunidad. La protección de los Bienes de Interés Cultural en España se encuentra resguardada por las leyes de patrimonio que posee cada comunidad autonómica y es allí donde están establecidos los castigos por vandalismo.

Según explica Europa Press, cada ley hace una separación en las infracciones de acuerdo a si se conoce cuál es el valor de los daños, por lo que el causante tiene una multa proporcional. En todo caso, se le considera como una infracción administrativa o falta penal en función de la cuantía de los daños producidos.

En Francia, el Código Penal hace mención a los grafitis específicamente, estipulando sanciones de hasta 3.750 euros (US$ 4.465) y trabajos para la comunidad a los que hagan sin autorización “inscripciones, signos o dibujos en fachadas, vehículos, vías públicas o mobiliario urbano” de carácter leve. Las multas llegan a 15.000 euros (US$ 17.850) si se dañan casas habitadas o si se hacen rayados en grupo o encapuchados. Pero si se deteriora gravemente el soporte pintado, Francia abre la posibilidad de imponer hasta dos años de prisión y multas de 30.000 euros (US$ 35.700).