Cinco meses le tomó al Ministerio Público y el OS-9 de Carabineros lograr la detención de uno de los tres sospechosos del crimen del cabo Eugenio Naín, en octubre de 2020. En esa oportunidad la patente de la camioneta en que se desplazaban los imputados resultó clave; solo este antecedente llevó a los investigadores a un teléfono celular, la revisión de mensajería WhastApp, seguimientos y una serie de diligencias en relación al caso.

La investigación del crimen del cabo Naín tiene más de una coincidencia con las circunstancias que rodearon la muerte del sargento Francisco Benavides, el lunes en Collipulli, en La Araucanía. Disparos en la carretera, una protesta en el camino y más de un sospechoso en la mira.

Por lo mismo, el Ministerio Público decidió entregarle la dedicación exclusiva de esta causa al mismo persecutor que indagó la muerte del cabo Naín, Carlos Bustos, quien, a su vez, trabajará con el mismo equipo del OS-9 de Carabineros que trabajó con él en esta investigación.

El caso es complejo, por lo mismo, la Fiscalía y Carabineros reconocen que no será una tarea fácil y rápida. Es por eso que ya comenzaron a decretarse diligencias relativas a cercar la investigación: lo primero, según fuentes conocedoras de la investigación, fue ordenar la revisión de las cámaras de los funcionarios que estaban junto al uniformado asesinado.

Estos registros ya fueron trasladados desde Temuco a Santiago, lo que obedece a un protocolo instaurado en el ente persecutor desde el caso Catrillanca (investigación donde algunos medios de prueba fueron adulterados por los imputados). El objetivo de esta diligencia es lograr visualizar alguna imagen que dé cuenta desde dónde salió el disparo que mató al sargento Benavides.

En esa misma línea, el OS-9 de Carabineros ya requisó los celulares de los tres detenidos por desórdenes y agresión a la policía, el día de los hechos. Los investigadores ya accedieron a la información del “gps” de uno de los teléfonos que arrojó como resultado que uno de los sospechosos estuvo todo el día en la Ruta R-35, caminando siempre en ese lugar. Esto no lo vincula automáticamente en el crimen, sin embargo, es de ayuda para los investigadores para comprobar que sí estuvo en el momento de las barricadas y cortes de ruta, previo al atentado al uniformado. Lo que pasó en las manifestaciones y enfrentamientos con carabineros en la carretera es clave, por eso, también se solicitaron las cámaras y antenas telefónicas del sector.

La manifestación previa a la muerte del carabinero es otro elemento fundamental para la investigación. Por lo mismo, Carabineros levantó una bitácora de todo lo ocurrido el lunes en la vía, donde las protestas comenzaron a las 6.20 de la mañana. Ese día un grupo de 60 manifestantes estuvo prácticamente todo el día reclamando la instalación del Parque Eólico Malleco y la vinculación de uno de sus funcionarios en un accidente de tránsito que terminó con el fallecimiento de un residente de Collipulli.

En relación a este hecho hay un dato que no es menor para los investigadores. Según antecedentes del caso, cerca de las 15.50 de la tarde del lunes, el vehículo policial de la Segunda Comisaría de Pailahueque, donde iba el sargento Benavides junto a otros tres compañeros, salieron del Parque Eólico en dirección al cruce de la Ruta R-35 y R-339.

En el trayecto, los policías, de acuerdo a los primeros reportes de Carabineros, vieron a tres autos particulares conduciendo a gran velocidad, por lo que les pidieron bajarla. De acuerdo a los mismos antecedentes, cuando los uniformados llegaron a un segundo corte de ruta, desde un sector boscoso y a la altura de dos metros de distancia, fueron emboscados y recibieron por el costado derecho varios disparos. Ahí fue cuando los compañeros del carabinero fallecido se dieron cuenta de la gravedad de las lesiones de Benavides y lo trasladaron a un centro asistencial, ya que no reaccionaba.

Otro dato relevante en la investigación es que desde las 11 de la mañana de ese día, uno de los carabineros del lugar vio la activa presencia de cinco sujetos a rostro cubierto, ocultos entre los aromos del lugar, dentro de los cuales destacaba uno con vestimentas de color rojo, quien portaba una escopeta, efectuando disparos contra el personal policial.

Si bien en un comienzo se habló de la posible presencia de armamento de guerra, entre investigadores surgió la hipótesis de que la bala que mató al sargento sea una de calibre menor, sin embargo, los peritajes, hasta el cierre de esta edición aún estaban en desarrollo por parte del Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar).

Lo que sí se pudo establecer fue el nivel de impacto de la bala en el sargento Benavides. Se trató de un disparo -eyectado desde 10 metros- que atravesó al policía, por el costado izquierdo de una de sus costillas, justamente donde el chaleco antibalas no cubre. Precisión letal.

Para hacerse parte de la causa, el Ministerio del Interior interpuso una querella criminal por homicidio contra quienes resulten responsables.

“Los hechos acá descritos son de una gravedad mayor, es por ello que no es posible sustraerse a la persecución penal por delitos de esta naturaleza y mantener el Estado de Derecho democrático en la nación de manera incólume, sabiendo el fundado temor de un sector de la población en ser víctima de este tipo de actos, más cuando se ha puesto en riesgo la vida de los funcionarios policiales que precisamente buscan velar con el orden y tranquilidad públicas”, dice la acción judicial.

Entre las diligencias que Interior pide a la fiscalía están solicitar la ficha clínica de atención de urgencia dada a todas las víctimas, la fallecida y las lesionadas; que tome declaración a los funcionarios de Carabineros que concurrieron al lugar de los hechos y se entrevistaron con los testigos y encontraron las evidencias en el lugar.

Además, el gobierno pidió que se tome declaración Erwin Anabalón Burgos, “quien se identificó ante Carabineros como representante de las comunidades Juan Ailla Varela, Caillin, Choin Lafkenche, cuyos reclamos habrían dado origen a los cortes de ruta el día de los hechos”, y que “se consulte por la presencia en el lugar de los hechos, con indicación de la hora, y actividad precisa que le vieron realizar respecto de Víctor Ancalaf Llaupe”, exintegrante de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM).