-¿Cuánto me sale un pasaje a Holanda?

+ ¿Para cuándo?

- Para mañana.

El funcionario de KLM, la principal aerolínea de Países Bajos, la observó y algo sorprendido le señaló el precio. No es usual que alguien, de un día para otro, compre un ticket de vuelo para un destino tan lejano. Parecía urgente. Detrás del counter la exalcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo Venegas (41), sacó dinero en efectivo y canceló la suma de $954.844.

+¿Fecha de retorno?

- El 10 de abril.

Lo cierto es que sus más cercanos sabían que no regresaría. Desde hace semanas la exjefa comunal venía planificando esta huida. Sus esperanzas estaban cifradas en la sala penal de la Corte Suprema, a la que había recurrido su abogado César Ramos -del estudio Bofill, Escobar, Silva- para anular la condena de cinco años y un día de presidio efectivo a la que había sido sentenciada por el Tribunal Oral de Antofagasta, el 31 de diciembre de 2020 -en plena víspera de Año Nuevo- por un caso de corrupción. Quienes la conocen saben que Rojo, reservista del Ejército, no soportaría ingresar a una cárcel y optó por declararse en rebeldía y dejar atrás toda su vida en Chile. Y así lo hizo.

Información policial da cuenta de que con pasaje en mano llegó pasadas las 10.00 AM del miércoles 23 hasta el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez, en Santiago. Para esa jornada el máximo tribunal tenía agendado dar a conocer su sentencia, pero Rojo no esperó. A las 11.20 horas pasó por la cabina de la PDI. Mostró su pasaporte, el oficial ingresó sus datos, no había impedimentos para que saliera. Pese a la pena que arriesgaba no contaba con medida cautelar alguna, ni la más básica, que es la prohibición de salir del país. A las 13.15 horas el vuelo 704, abordado exitosamente en la puerta E06 del terminal aéreo, despegó con destino final en Ámsterdam. Tres minutos antes, según se lee en la sentencia, los jueces de la Segunda Sala de la Corte Suprema firmaban el dictamen que rechazaba el recurso de nulidad y dejaba firme su condena a cárcel efectiva por fraude al Fisco. De esto, Rojo sólo se enteraría en una breve escala que su avión hizo en Brasil, pero ya estaba a más de tres mil kilómetros de Chile.

Desde el entorno de la exautoridad comentan que Rojo se sentía víctima de una persecución política. Lo elevada de su pena, dicen, era algo que la aquejaba y por eso nunca se resignó a convertirse en una especie de “ícono de la corrupción”. La fiscalía la acusó de fraude al Fisco debido a que contrató a un asesor político y comunicacional de forma indirecta a través de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Antofagasta, órgano que recibe dineros del Ministerio de Educación y de Salud. Es decir, el asesor no cumplía funciones para la corporación, sino que sus servicios eran para el beneficio personal de la exalcaldesa, quien en esa época estaba pensando en su reelección como edil. El fraude, según el fallo, fue de casi $ 23 millones. “¡Es una exageración!”, clamaba a fines de diciembre del 2020, cuando fue declarada culpable.

Los primeros en dar la alerta de su fuga fueron los medios regionales. Cada episodio del caso que involucraba a la exalcaldesa era seguido por los periodistas de Antofagasta. Pasado el mediodía del jueves 24 comenzó a difundirse la información sobre su escape. En estricto rigor, la imputada aún no debía hacer ingreso al penal que debía asignar Gendarmería. Una vez que se comunica una sentencia pasan un par de días hasta que el juez de primera instancia dicta el “cúmplase” y se da ingreso al ahora “reo”. Pese a estos trámites administrativos, el caso de Rojo develó una irregularidad no menor. La Fiscalía de Antofagasta no había solicitado revisar la medida cautelar de la acusada desde el 2018. De hecho, incluso cuando resultó condenada y en el entendido de que arriesgaba una pena de cárcel efectiva, tampoco se solicitó nada. Tampoco lo hizo el CDE, que obra como querellante en el caso. “Se presentó siempre a todos los actos del procedimiento, no había peligro de fuga”, explica una fuente del Ministerio Público, que justifica el actuar del ente perseguidor penal.

La última vez que Rojo estuvo con una medida cautelar fue el 22 de junio de 2018. Ese día, la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Antofagasta revocó la resolución del Juzgado de Garantía de Antofagasta que, una semana antes, había decretado la medida cautelar de arraigo nacional. Los ministros Óscar Clavería, Virginia Soublette y Manuel Díaz estimaron que no era necesario dictar la prohibición de salir del país, ya que -a su juicio- no serviría para cumplir el objetivo de garantizar los fines de la investigación, ni tampoco mantener la seguridad de la sociedad. Conocedores del proceso comentaron que el 31 de diciembre de 2020, cuando el Tribunal Oral en lo Penal de Antofagasta leyó el veredicto condenatorio, era el momento en que la fiscalía debió haber solicitado la cautelar de arraigo nacional. Había cambiado la situación procesal de la acusada. No lo hizo, y dos años después esa omisión permitió que la exalcaldesa pudiera pasar, sin sobresaltos, el control de fronteras de la PDI y así eludir la justicia.

Apenas se confirmó que Rojo ya no estaba en territorio chileno, se solicitó orden de detención -en el Juzgado de Antofagasta- y luego se ofició a la PDI que -a solicitud del Ministerio Público- despachó a la Secretaría General de Interpol en Francia que se publicara una notificación roja en contra de la exjefa comunal. El aviso estará disponible para los 194 países que integran Interpol. “Chile solicita en particular la ubicación e identificación de esta persona para que en nuestro país pueda enfrentar su proceso penal. Que esta notificación roja se haya emitido a nivel mundial nos va a permitir que cuando esta persona sea detectada en un control policial o movimiento migratorio, se emitan las alertas respectivas”, explicó el jefe de la oficina central nacional de Interpol Santiago, el prefecto Maximiliano Macnamara.

Muchas dudas giran en torno a por qué eligió Holanda como refugio. Algunos en el Ministerio Público especulan que lo hizo porque es un país con el cual no existen tratados vigentes de extradición. Para eludir la justicia chilena, y que la causa prescriba, deberían pasar al menos 20 años, durante los cuales Rojo no puede ser detenida, para así poder retornar cuando su causa esté extinta. La exalcaldesa no tiene hijos. Se divorció el 2017 y actualmente mantiene una relación con Javier Brevis, quien es un uniformado del Ejército. Este último está en el país. Se quedó.

Durante toda la jornada este medio intentó comunicarse con la defensa de la exautoridad. Sin respuesta. Entre los abogados de la plaza se comenta que es muy probable que el estudio Bofill revoque el patrocinio y deje de representar a Rojo. Esto, porque en el ambiente penal es muy mal visto cuando un cliente “se escapa” de la justicia, no logrando ellos -como asesores legales- ser garantes de los acusados en un proceso judicial.

Desde la Fiscalía Nacional aseguraron que una vez que puedan ubicar a Rojo, iniciarán un proceso de extradición para traerla de vuelta a Chile para que cumpla su condena.

Sobre el momento y la oportunidad para escapar, horas antes de que la Corte Suprema entregara el fallo, algunos plantean que se deberá investigar si la mujer tuvo antes conocimiento privilegiado del fallo que puso lápida a sus intentos de libertad.