El abogado Sebastián Soto conoce de cerca el proceso constituyente. No solo porque es experto en derecho constitucional y director del Departamento de Derecho Público de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, sino que también por el rol que jugó como integrante de la mesa técnica que en 2019 elaboró la reforma constitucional que le abrió camino al proceso constituyente que derivó en la Convención.

El académico no se ha alejado del tema. Es una de las voces que aconseja esporádicamente al presidente de la UDI, Javier Macaya, durante el proceso de negociación para lograr un nuevo acuerdo constitucional. En esta entrevista con La Tercera Soto se muestra esperanzado de que las conversaciones lleguen a buen puerto. “Las negociaciones muestran un ánimo de acuerdo que debe ser muy bien recibido, porque deja atrás ese discurso polarizante que invadió la política por tanto tiempo”, afirma el abogado. Además desarrolla lo que, desde su punto de vista, es el espíritu que guíe al futuro órgano redactor.

¿En cuál de las dos veredas se ubica usted? ¿Es de los que siguen convencidos de que se necesita una nueva Constitución? Se lo pregunto por las voces minoritarias de la centroderecha que sugieren que el problema constituyente dejó de ser una urgencia social.

Yo sigo creyendo que Chile necesita una nueva Constitución. Asumí esta necesidad poco después del 18-O en 2019. Creo que vivimos el ocaso de la Constitución vigente. En la centroderecha debemos tener cuidado con cometer algunos pecados. Uno es la nostalgia y otro es la inercia. Pienso que los últimos 30 años, a quienes somos de centroderecha, nos muestran la necesidad de reaccionar con prontitud y aprovechando también los contextos a los desafíos y hoy día un desafío evidente es el cambio constitucional para de una vez superemos este tema y que la política empiece a preocuparse de aquello que es realmente acuciante.

Hasta el momento hay dos asuntos zanjados, al menos preliminarmente. Uno de ellos son las bases institucionales. ¿Cuál es su opinión de esas bases?

Las bases son un aporte al proceso que viene porque permiten dar señales que yo juzgo como fundamentales. La primera es una señal de contención muy necesaria después de un proceso que careció severamente de contención. Una segunda señal es de continuidad republicana, es decir, aquí se está afirmando que no estamos construyendo una nueva nación, sino que estamos avanzando en una senda ya abierta. Las bases, en gran medida, nos muestran esa continuidad republicana. También hay una tercera señal, más jurídica, y que quiere decir que las bases permiten decir que el nuevo proceso tiene límites. Por lo tanto, las bases nos ayudarán a superar los peores defectos del proceso de la Convención.

El segundo tema que se ha instalado es la necesidad de tener un árbitro que fiscalice que esos bordes se cumplan. ¿Cree que es necesario dejar amarrado un mecanismo de control?

El nuevo proceso debe avanzar a generar bases con mayor vinculatoriedad, siempre considerando que estas bases están diseñadas como principios y no como reglas completamente determinadas. Sí es importante la existencia de lo que se ha denominado un árbitro, es decir, una entidad, ojalá no incumbente, que sea capaz de señalar, después de un proceso, cuando una determinada disposición está o no conforme a esas bases. A mí me parece que tan importante como la existencia de este árbitro o entidad es el proceso de decisión, el proceso que utilice el futuro órgano para decidir.

¿En qué sentido?

Este proceso debe lograr generar deliberación y escrutinio sobre el trabajo del órgano. Digámoslo de otra forma, que logre generar ruido y ese ruido, esa mirada atenta sobre lo que está haciendo el órgano redactor, es lo que nos va a permitir darnos cuenta si es que está haciendo bien su trabajo o no y así escrutarlo.

Es como lo que ocurrió a nivel de debate público cuando la propuesta de la Convención ya estaba cerrada. ¿Usted dice que eso debe ocurrir antes para así tener espacio para hacer las correcciones necesarias?

Exacto. Ese ruido debe ser a través de un proceso institucional que permita abrir la deliberación hacia las decisiones que está tomando el órgano redactor, ver si estas dialogan con nuestra tradición constitucional, si están conforme con el constitucionalismo global o si son simples decisiones extremas y radicales.

La semana pasada se llegó al acuerdo de que el árbitro tiene que ser una comisión especial ad hoc. Se descartó la Suprema, el Tribunal Constitucional y el Congreso. ¿Le parece una buena idea?

Me parece que es una buena idea que sea un órgano no incumbente, como hubiera sido la Corte Suprema o el Congreso. A mí me gusta que sea un órgano ad hoc, es decir, integrado por personas que solo van a cumplir ese rol. Es muy relevante quiénes van a ser esas personas, porque deben dar garantías de seriedad y ponderación pues eso va a permitir acrecentar la legitimidad de sus decisiones.

¿Cómo debería ser esa comisión?

Los partidos deberán evaluar las fórmulas. Debiera ser una especie de reflejo de la mejor tradición presente en el Congreso Nacional, es decir, personas que también puedan hablarle a los distintos grupos políticos, pero que coinciden por su saber técnico, por su prestigio, por la seriedad del trabajo que están haciendo.

¿Debería actuar antes, después del borrador, a requerimiento de partes, de oficio?

Debiera actuar a medida que vaya siendo escrito el borrador, sobre todo cuando surja alguna controversia sobre la vulneración de las bases acordadas. Me parece que en su actuación debe ser capaz de fomentar la deliberación y el escrutinio, no solamente decidir. Probablemente la decisión sea la última etapa de un largo proceso previo donde intente analizar si es que el trabajo del órgano redactor está conforme a estas bases o no. Incluso, tal vez, la decisión no deba ser como la de un tribunal en la que se la da razón a una parte o a otra, sino que puede ser una decisión en donde recomienda un camino intermedio. El árbitro de las bases debe ser vinculante y fomentar la deliberación y el escrutinio, no solamente decidir eventuales transgresiones.

¿Mantendría la reclamación procedimental en la Suprema como fue en el proceso pasado?

Sí, la existencia de un reclamo a la Corte Suprema solo en caso de discrepancias sobre aspectos procedimentales es muy necesaria para resguardar el debido proceso al interior del nuevo órgano redactor. A diferencia de las bases, los vicios de procedimiento son evidentemente una cuestión mucho más jurídica.

Hay un asunto que todos reconocen que es la gran batalla: el mecanismo. ¿De cuántas personas debería ser el nuevo órgano? ¿Debería ser 100% electo?

Tenemos que tener cuidado en transformar todo en una cuestión de principios. La definición del mecanismo, cuando hemos acordado ya la necesidad de un cambio constitucional, no me parece que sea una cuestión de principios, sino que es algo funcional al objetivo que es escribir una Constitución de consenso. Entonces para escribir una Constitución de consenso, el mejor procedimiento es aquel que más consenso reúne. Para no repetir los errores que la Convención desnudó con tanta claridad, el órgano debiera ser más pequeño, que trabaje menos tiempo y que sea más institucional en cuanto a que tenga mayor proximidad con los partidos políticos.

¿Y qué hacer con los expertos? Se ha hablado de un consejo de expertos que acompañe al órgano redactor, pero no hay consenso en si su función será solo de asesoría o si sus decisiones serán vinculantes.

En la Convención hubo muchos expertos que lamentablemente se atrincheraron en posiciones extremas y no fueron capaces de iluminar con moderación ningún debate, por eso yo miro con distancia esa confianza excesiva en los expertos. A mí me parece que a los expertos hay que escucharlos y no mucho más, y que la política es la que debe tomar las decisiones relevantes, más aún cuando durante muchos años demasiados profesores de derecho constitucionales vienen predicando que la solución de todos nuestros problemas son cambios constitucionales. El nuevo proceso tiene que dejarle aire a la decisión en la política, con espacios institucionales para oír a los expertos.