El Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda) presentó un estudio sobre consumo de drogas en detenidos en el país. La investigación, que fue realizada en 11 comisarías de la Región Metropolitana, consistió en la toma de muestras de orina a 141 voluntarios, además de encuestas anónimas en sujetos que fueron arrestados en delitos flagrantes.

El análisis realizado en coordinación con el Ministerio Público, Carabineros y la Defensoría Penal Pública reveló que al 65% de las personas que son aprehendidas de les detectó al menos una droga. Categorizados por delitos, el 82% de los ingresados por la Ley de Drogas declara ser, además de comerciante, un consumidor, seguido por el 75% de aquellos imputados por “delitos de mayor connotación social” y, finalmente, un 43% de las personas que fueron arrestadas por violencia intrafamiliar estaban bajo la influencia de alguna sustancia ilícita.

Carlos Charme, director del Senda, asegura que el análisis permite ratificar opiniones que no estaban probadas a través de estudios en el país. Según la autoridad, con esto se demuestra “que las personas que cometen delitos tienen una mayor prevalencia al consumo que el resto de la población o que al momento de cometer un delito estaban bajo los efectos de la droga”.

El director de Senda, además, sostiene que el análisis permite “entender mejor por qué ocurren los delitos, cuáles son los factores que más influyen en los delitos y cómo podemos tener más datos de quienes comenten estos delitos”. A esto se suma que con este diagnóstico se van a poder buscar opciones para tratar este fenómeno.

Para el psicólogo del Grupo Mentaliza, especialistas en el tratamiento de adicciones, Christian Spuler, si bien puede existir una relación entre el consumo y la comisión de delitos, aquellos de carácter más violentos son los que dan “cuenta de la necesidad del uso de sustancias ilícitas como para poder obtener efectos como la pérdida del miedo y estar en una condición de atención y de concentración mayor”. Aunque el profesional aclara que no todo consumidor tendrá conductas delictuales.

El 45% de los detenidos bajo la Ley 20.000 declaró consumir de dos a cuatro drogas. En esa misma categoría se encuentra el 41% de los aprendidos por delitos de mayor connotación social y el 21% en causas de violencia intrafamiliar.

El examen de orina al que fueron sometidos los voluntarios demostró que el 58% de los estupefacientes detectados corresponde a marihuana, seguidos de la cocaína (30%), benzodiacepinas (11%), anfetaminas (4%) y finalmente las metanfetaminas con un 3%.

Si en términos generales el mayor uso de drogas se da en los hombres, estos tienen un amplio margen con las mujeres en el uso de marihuana, pasta base, cocaína y metanfetaminas. Situación que se revierte completamente en el caso de las anfetaminas y benzodiacepinas, que son consumidas mayormente por este segundo grupo (ver infografía).

Para Luis Toledo, director de la Unidad Tráfico Ilícito de Drogas de la Fiscalía Nacional, el estudio es “coincidente también con la mayor cantidad de incautaciones que tenemos en el país; hoy la mayor droga que se incauta en el país es la marihuana”.

Otro de los datos relevantes entregados por la investigación es la relación del tipo de droga y la edad del consumidor. En ese sentido, la marihuana prevalece principalmente en los jóvenes y va disminuyendo a medida que se avanza de edad. Caso contrario a lo que ocurre con la cocaína y pasta base, la que aumenta mientras las personas son mayores y comienza a descender después de los 45 años.

Los Tribunales de Tratamientos de Drogas (TTD) son un programa coordinado por el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Defensoría y Senda, con el cual se ofrece la salida de suspensión condicional del procedimiento para aquellos imputados que cometen delitos de baja intensidad. El acceso a esta salida judicial alternativa tiene como condición el acceso a un tratamiento por el consumo problemático de quien se ha visto detenido en alguna causa criminal.

A más de 10 años de su creación, y según datos del Senda, hasta la fecha 424 personas han accedido a este programa. De estas, 276 corresponden a adultos y 148 jóvenes, quienes están incluidos en la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. Actualmente, existen 33 TTD que operan en 11 regiones del país.

Director nacional de Senda llama aprobar el proyecto de ley, ya que la iniciativa legislativa respecto a TTD no fue impulsada con la decisión que se necesitaba por el subsecretario Valenzuela. El apoyo a la iniciativa permitiría avanzar para seguir entregando tratamiento a estas personas.

En esa línea, Toledo advierte que “si no tomamos medidas tempranas en relación con el consumo de drogas dentro del proceso penal, nuestro país no va a tener una buena respuesta, porque la persona sigue vinculada y atada a la droga”.