Con la victoria de Gustavo Petro y su compañera de fórmula, Francia Márquez, este domingo, la consultora internacional Control Risks hizo circular un análisis en que mostraban los “principales riesgos” a tener en cuenta tras la llegada al poder del primer gobierno de izquierda en la historia colombiana.

En entrevista con La Tercera, la analista senior y líder en análisis de riesgo político para Colombia, Silvina Amaya, quien participó en la elaboración de este informe, comenta el panorama que se avecina en el país sudamericano.

En su análisis del resultado de las elecciones, Control Risks asegura que Petro contará con un “mandato popular limitado y un Congreso fragmentado”. ¿En qué influirá esta situación, donde el Pacto Histórico no cuenta con la mayoría, para el gobierno del nuevo presidente?

Nosotros vemos que hay un Congreso fragmentado, aunque todavía no tenemos los resultados finales para saber cómo va a quedar compuesto el Senado, pero sabemos que el Pacto Histórico no tendrá más de 20 a 21 senadores, y en Cámara Baja se habla, dependiendo de las alianzas políticas que se cierren, de unos 50 representantes. Esto, inclusive haciendo alianzas con partidos tradicionales, como el Liberal o el Partido Verde, llevará a que no tenga una mayoría simple en el Congreso, lo que hará difícil que se aprueben los proyectos de ley importantes, las reformas clave que Petro ha hablado en su programa de gobierno.

Se habla de una reforma tributaria, de una reforma de pensiones, a la salud, a la justicia: todas esas reformas son muy difíciles de ser aprobadas tal cual como lo pretende el gobierno de Petro, ya que efectivamente tendrá que hacer concesiones especiales dentro del proceso del Congreso, y no tendrá un apoyo lo suficientemente fuerte como para tener una agenda legislativa a su favor.

En ese sentido, va a haber muchos obstáculos para los aspectos más “radicales” de cada reforma.

Y porque, además, vía decreto, que es una posibilidad que tiene el Ejecutivo, no podrá realizar grandes reformas o temas sustanciales del modelo socioeconómico del país, por lo que se verá mucho más limitado. Por eso es que hablamos de “mandato popular limitado” en nuestro análisis.

También mencionan la posibilidad del uso de estados de excepción. ¿Por qué ocurriría eso?

En la Constitución colombiana tenemos considerados tres estados de emergencia, siendo uno de ellos la emergencia económica, social y ambiental, y que fue usada por última vez durante el gobierno de Iván Duque, por la pandemia. Se necesita tener una causa que justifique alta gravedad para la estabilidad, y da poderes extraordinarios al Poder Ejecutivo para sacar proyectos de decreto con fuerza de ley, sin que pase por el Congreso, y con un plazo máximo de 30 días, prorrogables por dos plazos adicionales.

Petro ha hablado de usar esta herramienta para atacar la emergencia económica, en virtud de la inflación, los altos costos de la comida en Colombia y el hambre en algunas partes del país. Y él ha dicho que eso se va a hacer en cuanto se posicione en su gobierno. Entonces vemos esto como un riesgo, porque sí sería saltarse los frenos y contrapesos que daba el Congreso, dándole mayor poder al Ejecutivo: solo por 90 días, pero tendría esa facultad.

Petro dijo que era posible usar este estado de excepción, no lo confirmó, pero lo está contemplando. Falta entender también cómo va a ser la composición de su gabinete, que tiene que firmar este estado de excepción, para saber cuáles van a ser sus prioridades dentro de sus primeros meses de gobierno.

¿Se verá obligado a negociar, Petro, a la hora de formar su gabinete?

Todavía no está muy claro. En su discurso de victoria, el domingo, Petro habló de un diálogo nacional, sobre tener en cuenta otros sectores de la política. Sin embargo, Petro llega muy endeudado políticamente: tiene muchos compromisos que adquirió en la campaña para poder ganar la presidencia. Va a ser difícil que nombre a muchas personas fuera del Pacto Histórico. Pero, por ejemplo, se espera que los apoyos nuevos o más recientes, como es el caso de Alejandro Gaviria, una persona que tiene mucho voto de opinión, que genera confianza en los mercados, lo ponga en su gabinete y esto daría algo de tranquilidad. Lo mismo con otros nombres, pero no creo que nombre a gente muy lejana.

¿Cómo se espera la relación entre el gobierno y los medios de comunicación colombianos?

Digamos que existe un poco el miedo a una posible censura, una limitación al derecho de libertad de expresión: él ha tenido peleas muy específicas con algunas casas de medios, digamos la revista Semana. La directora de Semana y Petro han tenido riñas públicas a través de Twitter, y se sabe que tienen una relación difícil.

Entonces existe ese miedo de que Petro pueda negarse a dar entrevistas, o se niegue un poco a hablar con ciertos medios, lo que iría un tanto contra el derecho a la libertad de información también. Y que pueda llegar a censurar a algunos medios, entonces en nuestro informe lo quisimos resaltar como uno de los posibles riesgos: esto no significa que vaya a pasar, sino que el riesgo existe, para estar atento y monitorearlo.

¿Qué se espera de la situación con la guerrilla, y en específico con el ELN, ahora que será Petro y no Rodolfo Hernández quien esté en el poder?

Hace una diferencia grande, porque el ELN sí manifestó una preferencia por Petro para que fuese elegido presidente. Petro ha sido muy enfático en que él va a hacer un proceso de paz con el ELN apenas empiece su gobierno. Entonces estaríamos esperando una aproximación, una apertura de una mesa, tal vez en los primeros meses de su gobierno, y eso es un proceso que se lleva alargando mucho tiempo. Duque tuvo un proceso muy fallido, donde no hubo voluntad política ni por su parte ni por la del ELN, de tener ningún dialogo.

Ahora vemos que sí existe esta posibilidad de que se dé, o materialice, un posible diálogo. También es cierto que puede haber un cese el fuego por parte del ELN, digamos que “en bienvenida” al gobierno de Petro, para darles un poco más de tranquilidad a los colombianos de que esto se va a llevar seriamente. No estamos seguros de que vaya a pasar, pero es una posibilidad mucho más real de lo que hubiera sido si hubiese ganado Hernández. El ELN tiene más voluntad política para negociar con un gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez.

¿Qué constituiría la situación ideal, el éxito de estas negociaciones con el ELN?

Podría llegar a ser algo así como lo que estamos viendo con las Farc, algo similar, y que se materialice una representación política, porque de todas maneras el ELN, igual que las Farc, es una guerrilla que tiene motivaciones políticas. Muy diferentes es el caso del Clan del Golfo, que es este grupo paramilitar al que solo le interesa continuar con el negocio del narcotráfico, y que no tiene una agenda política. Ahí sí que hay una diferencia importante.

En su informe mencionan una relación “antagónica” con el empresariado, que afectaría al ambiente para hacer negocios. ¿En qué se expresa eso, y en qué se basan para predecir eso?

Petro ha sido muy crítico del gran poder que tienen los bancos en Colombia, se trata de un sector que tiene muchísimo poder, y él hablado de cómo esto se debe limitar. Lo mismo con las situaciones extractivas: Colombia es un país que produce y exporta petróleo, y eso importa mucho en la economía del país, pero él ha hablado de limitar la exploración petrolera y la exploración minera, sobre todo a cielo abierto. Entonces, esta relación antagónica puede venir de los cambios en las reglas de juego, tanto en los sectores extractivos como para sectores como el financiero, donde puede que se den nuevas estructuras, y ahí vemos la relación antagónica entre el empresariado, y lo que será el nuevo gobierno de Gustavo Petro.

¿Qué ha dicho Petro sobre la idea de realizar una nueva Constitución? En su estudio ponen con alerta de riesgo “alto” que haya un “planteamiento de constituyente o plebiscito”, a pesar de que hace unos días declaró que gobernará “con respeto absoluto” a la actual Carta Magna.

Lo ponemos en alerta, aunque tiene una probabilidad mucho más baja. No creemos que sea factible. Petro ha dicho en algunas ocasiones, sobre todo en 2022, que está de acuerdo con la Constitución de 1991. Sin embargo en 2018, habló en un momento de llamar a una constituyente, pero es muy poco factible, además de que no tendría el apoyo necesario para lograrlo. Pero sí lo identificamos como un posible riesgo, porque tanto el empresariado como la ciudadanía se cuestionan si se llegaría a presentar esa probabilidad, aunque nosotros veamos esa probabilidad como baja.

¿Cuál es la relación de Petro con la Constitución del 91?

Petro no participó personalmente como constituyente el 91, pero como salió del M-19, hay que decir que el M-19 fue uno de los grupos (guerrilleros) que más participó e injerencia tuvo en la redacción de 1991. Entonces, emblemáticamente para él, por haber pertenecido a ese grupo, tiene representación importante de lo que salió en el texto final, y que es una Constitución que se considera muy progresista, entonces no hay un afán de cambiarla, porque no se trata de una perspectiva ni muy clásica ni muy conservadora, ni que no reconozca los derechos. Yo creo que es difícil que se crea entonces que deba ser cambiada, porque él mismo participó de este proceso.

¿Cómo habían apreciado los gobiernos anteriores la Constitución del 91, tanto desde Duque como Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe?

En general, siempre ha habido una satisfacción muy grande con la Constitución, inclusive dentro del estallido social, tanto en 2019 como en 2021. Nunca nadie alzó la voz diciendo que había que cambiarla, nunca ha sido un tema que llame la atención. La Constitución es percibida como algo muy estable.

El domingo Petro pidió a Fiscalía, a su modo, la liberación de los presos de los estallidos sociales. ¿Será posible que pase eso? ¿Afectará un gesto como ese la relación con el Poder Judicial?

Es casi absolutamente imposible. En Colombia esas decisiones políticas no intervienen en la justicia, y es precisamente por la separación de poderes. Justo el domingo, en el discurso él hizo referencia a esto, y el fiscal salió a responder que no iba a poder ser, que para eso necesitaría cambiar la ley, entonces ahí hay una clara respuesta de que la independencia del sistema judicial en Colombia es importante y se debe mantener y respetar. Creo que fue más una cosa, no sé, simbólica, dentro de su discurso: una cosa para dejar en claro que él estaba en desacuerdo en cómo se manejaron las protestas, más que algo a la espera de un resultado.

Siempre al final de este tipo de elecciones, se habla de “incertidumbre” en el ámbito económico, pero esa ola baja rápidamente con el paso de los días. ¿Cuál es la situación durante este tiempo en Colombia?

Creo que la incertidumbre va a persistir, al menos en los primeros meses. No hay que olvidar que Colombia es un país que nunca ha tenido un gobierno de izquierda, que le tiene miedo a la izquierda, que relaciona la izquierda no solo con los guerrilleros como el ELN y las Farc, sino también lo que pasó en Venezuela con el chavismo, y con los grupos marxistas y la revolución cubana. Entonces estos legados van a seguir existiendo, y la incertidumbre y el miedo va a persistir.

Pero eso puede mitigarse un poco, dependiendo del nombramiento del gabinete de Petro. Eso sería lo que diese más señales de tranquilidad. Por el contrario, daría más señales de preocupación dependiendo de a quién nombre en puestos claves, como el Ministerio de Hacienda, de Interior, de Defensa y Cancillería. Esos son como los cuatro claves.

¿Ha habido señales en alguna dirección?

Sobre todo nombres importantes en el Ministerio de Hacienda: suena el nombre de Alejandro Gaviria, que es un nombre que daría muchísima tranquilidad; suena también el de José Antonio Ocampo, que fue ministro de Hacienda también, y es una persona mucho más conservadora. Entonces eso sería lo que podría calmar los mercados. Pero no hemos tenido muchas más idea de cómo podría ser su gabinete.