Ya parece una constante. Y al contrario de lo que se podría anticipar debido a la crisis económica por la que se está atravesando, las solicitudes de liquidación de empresas muestran otra realidad: en julio tuvieron su mayor caída en doce meses desde noviembre del año pasado. De acuerdo a cifras de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento en el séptimo mes del año, los procesos de quiebras cayeron 25% al registrarse sólo 105 procedimientos. Esa es la cifra más baja desde noviembre de 2018.

Al analizar el acumulado del año, entre enero y julio de 2021 se han inscrito 928 lo que se traduce en una baja de 6% en relación al mismo período de 2020. De ese total, 622 corresponde a empresas donde hay contribuyentes de segunda categoría (personas), mientras que 30 grandes empresas, 35 medianas y 161 pequeñas y 80 micro empresas.

Asimismo, por sector económico, comercio encabeza la lista con 151 firmas, le sigue actividades profesionales y científicas con 115 y construcción con 86 compañías. Un poco más atrás se sitúa la industria manufacturera con 80 y actividades de atención de salud humana y de asistencia social con 64.

Ahora, la situación a nivel de personas, mantiene esta misma tendencia. En julio se registraron 284 procesos de liquidación lo que se traduce en una caída de 26% en relación a julio del año pasado. En el acumulado anual, en 2021 se contabilizaron 2.348, lo que es una merma de 23,1% en comparación a enero-julio de 2020.

Los expertos y en el gobierno coinciden en que esto se debe principalmente a las ayudas estatales que se han entregado junto con los retiros del 10% de los fondos de pensiones y los desconfinamientos.

Desde el Ejecutivo, el ministro de Economía, Lucas Palacios, sostuvo que “como gobierno hemos ido generando medidas para apoyar a las empresas y a las personas durante la pandemia, todo lo cual tiene un impacto económico. Estas medidas se han ido complementando y extendiendo de acuerdo a las necesidades, evitando así que tanto los emprendedores como las familias pasen a la iliquidez producto de los efectos de la pandemia”. En ese sentido detalló la entrega del bono de alivio por 1 millón de pesos para micro y pequeñas empresas junto a las medidas tributarias para mipymes, el fortalecimiento del Fogape, el nuevo IFE Laboral, entre varias otras medidas que permitirán una recuperación económica potente por el lado de la oferta, incluyendo la creación de nuevos puestos de trabajo.

Tomás Flores, economista de LyD afirma que “la caída de quiebra de personas y empresas, así como la reducción de la cantidad de personas en Dicom, dan cuenta del sustancial impulso fiscal y los retiros de AFPs. Basta recordar que hace un año atrás, un mes de IFE implicaba un gasto cercano a los US$750 millones, mientras que en la actualidad asciende a US$3.200 millones mensuales”. Esa misma visión entrega el académico de la Universidad de Chile, Alejandro Alarcón quien menciona que “los retiros y la entrega de IFE han permitido amortiguar la compleja situación”. Sin embargo, advierte que “el desafío es elevar el crecimiento tendencial y apuntalar la economía el próximo año para evitar que haya un rebrote de quiebras”.

Pedro Eguiguren, socio de Eguiguren Abogados dice que “el sobre endeudamiento está presente más que nunca, por lo que creo que las personas y empresas agobiadas, al ver las distintas ayudas estatales y que las instituciones bancarias y financieras se demoran meses en iniciar acciones de cobro, es que han postergado su decisión de acogerse a la Ley de Insolvencia y Reemprendimiento”.

Cristián Carpentier del estudio de Arteaga Gorziglia entrega otro punto de vista: “Aquellos negocios que antes estaban mejor situados y han podido, aún con dificultades, adaptarse, ya han logrado un cierto equilibrio que, junto a las ayudas fiscales, hacen que los números empiecen a revertir. Por otro lado, la expectativa de una recuperación económica en el mediano plazo hace asimismo a los acreedores más propensos a esperar y otorgar facilidades a las empresas, con la expectativa de lograr una mejor recuperación que ante un procedimiento de liquidación”.

La ayuda estatal y los retiros no estarán presentes para siempre. Por ello, el foco del análisis está puesto ahora en lo que pueda pasar en 2022. En este punto Palacios asevera que “desde el Ministerio de Economía hemos sacado adelante una agenda de desburocratización que se ha ido incrementado, con el fin de favorecer y agilizar los procesos de inversión. Todo esto prepara a nuestro país hacia una recuperación potente este año, lo cual será un buen punto de partida para que el 2022 la economía tenga el impulso suficiente”.

Un escenario menos auspicioso presenta Eguiguren quien indica que “como la plata no es infinita, los subsidios estatales se van a acabar y los periodos de gracias de los créditos con aval del Estado, van a terminar y los juicios de cobro por parte de los bancos se dejarán caer en los deudores moroso. Cuando esto ocurra, aumentarán en forma considerable las solicitudes de liquidaciones de empresa y persona, ya que el daño que dejó la pandemia a nivel local y mundial es gigantesco, cuyos efectos o secuelas no las palmamos aun en todo su empleador”,

Otra posición menciona Carpentier, quien argumenta que “esperaría que, de no empeorar la situación actual, por ejemplo, con cuarentenas de larga duración por nuevas variantes, la disminución gradual de dichas ayudas no implicará un aumento en el número de procedimientos concursales”.