En algunos días se cumplirán 17 meses del gobierno de Gabriel Boric, llegando a casi un año y medio en el que aún no se tienen novedades de la promesa sobre la condonación del Crédito con Aval del Estado (CAE). Justamente, la elaboración de ese plan, enmarcado en la creación de un nuevo sistema de financiamiento, fue una de las principales misiones con las que llegó hace cinco meses Víctor Orellana (Comunes) a la Subsecretaría de Educación Superior, desde donde el sociólogo quiere empujar una modernización del sector.

¿Cuál es el balance de estos meses?

Hemos puesto mucho trabajo y corazón, y hemos ido construyendo un diálogo que permite la base para lo que llamamos un proceso de modernización. Hay un diagnóstico de que hemos llegado a un punto de inflexión en la educación superior, de la época en que se entendió como una actividad comercial más, a una etapa en que la tenemos que vincularla mucho más con el desarrollo del país, que tiene que cumplir una función pública mucho más clara. He visto respaldo y apoyo de distintos sectores, de gente que podría discrepar mucho en lo político o lo ideológico, pero que respecto de poner el conocimiento al servicio del desarrollo tienen elementos en común.

¿Y se ha encontrado con gente que se resiste?

No he conocido un actor relevante en la educación superior que no comparta que estamos en un punto de inflexión y que requerimos un nuevo impulso.

¿Cómo pretende avanzar hacia esta modernización?

Le llamamos modernización de la educación superior a un proceso que nos permita, durante el gobierno del Presidente Boric, sentar las condiciones normativas y legales para una transición en el medio plazo y que la educación superior pueda ponerse de manera mucho más cercana al servicio del bienestar de las personas para que Chile sea un país desarrollado. Esa es nuestra gran misión. Y para ello hablamos de tres ejes fundamentales de trabajo: modernización académica, modernización institucional y de financiamiento, y de un componente de emancipación y democratización, que tiene que ampliarse, consolidar los avances en igualdad de género, con interculturalidad.

¿Cómo entra en esta ecuación la educación pública?

Es fundamental que una democracia sana tenga una educación pública fuerte. Tenemos un sistema mixto y considerando eso es fundamental fortalecer la misión pública y, además, darle mayor protagonismo en los procesos sociales. Cuando decimos fortalecerla, es una mayor articulación sistémica, de tal manera que con su diversidad y capacidad institucional pueda responder a problemas que nos impiden llegar al desarrollo como país, por supuesto junto al aporte de instituciones privadas. Dicho esto, es totalmente legítimo tener una política específica para el desarrollo de la educación superior pública.

Es imposible apartar de esta intención el nuevo proceso constituyente. ¿Cuán difícil se hace pensar el futuro sin bases claras? ¿Conversa su idea con lo que se sabe de una posible nueva Constitución?

Creo que el país tiene un consenso en torno a los derechos sociales. No hay desacuerdo que tengamos un sistema de provisión mixta, no es eso lo que nos divide, por lo tanto, tenemos el desafío como país de garantizar la provisión de derechos sociales en nuestro marco constitucional. Si ello no ocurre creo que es malo para la sociedad.

¿Tampoco ve en juego el fortalecimiento de la educación pública?

No he escuchado a nadie que haya planteado que es malo que un país tenga una educación pública fuerte y protagonista. Todos tenemos un consenso en que las políticas de las últimas décadas han dificultado el desarrollo de la educación pública. El fortalecimiento de la educación superior pública es un planteamiento que hoy no es sólo de un sector. Hay un consenso transversal -lo he visto en el Parlamento- respecto de la necesidad de ir más allá de instrumentos de financiamiento. Diría que hay una base para un mayor desarrollo de la educación pública y para salir de instrumentos que contribuyeron a la concepción de la educación superior como una actividad comercial más.

¿Cómo concretará este diagnóstico?

Tenemos distintas mesas de trabajo con distintos actores de la educación superior. Estamos creando condiciones para, en diciembre, tener una propuesta de modernización integral. Durante 2024 y 2025 vamos a materializar esa propuesta con este respaldo transversal, primero, en ajustes normativos que nos permitan darles libertad a las comunidades. Y, por otra parte, queremos hacer experiencias piloto. Ya hay algunas instituciones innovando. Queremos recolectar esas experiencias y al examinarlas, hacia el final del gobierno, con los ajustes normativos, diseñar una hoja de ruta que esperamos sea una política de Estado y que permita transitar de este punto de inflexión, por supuesto con un mayor protagonismo de la educación superior pública.

Dentro de los ejes mencionó la modernización del financiamiento. ¿Cómo avanza?

Estamos avanzando en los aranceles regulados de gratuidad. Además tenemos contemplado, como ha sido el compromiso del Presidente Boric, la superación del CAE y un plan de condonación una vez tengamos resuelto el pacto tributario. También estamos revisando los fondos institucionales y quisiéramos, durante 2024 y 2025, llevar adelante una reorganización del financiamiento.

¿Hay novedades del CAE? ¿Sigue supeditado a un pacto tributario? El Presidente Boric no dijo nada al respecto en el anuncio del pacto fiscal.

Seguimos trabajando en la línea que lo hemos venido haciendo y nuestro compromiso sigue en pie. Lo dijo el Presidente, lo ha dicho el ministro de Educación y lo ha dicho el ministro Marcel. Tenemos total convicción de que el país va a avanzar en un pacto tributario y estamos trabajando en esa línea. Esto es importante aclararlo: la superación del CAE no se va a financiar con la reforma tributaria, porque la necesitamos para garantías y derechos sociales para los cuales hoy no tenemos recursos. Lo que ocurre con la educación superior es diferente: ya gastamos mucho en CAE y en el medio plazo vamos a gastar más. Superar el CAE y tener un plan de condonación es para, en el medio plazo, gastar menos y destinar esos recursos al desarrollo de la educación superior. La razón por la cual, en términos de secuencia, vamos a abordarlo una vez tengamos el pacto tributario es porque queremos hacerlo con responsabilidad y tener claridad de las arcas fiscales. Y también porque nos interesa dejar muy claro como gobierno la necesidad de un pacto fiscal, de lo contrario es muy difícil llevar los cambios que son consenso para la ciudadanía.

Como el pacto fiscal no depende del gobierno, ¿la promesa que usted hizo sigue siendo presentar la propuesta de condonación a fines de 2023?

Vamos a poner en manos del gobierno nuestros diseños y propuestas como hemos venido planteándolo. La presentación del proyecto de ley concreto va a depender, por supuesto, de las definiciones que tome el gobierno, pero como subsecretaría seguimos trabajando en esa línea.

Para tener el marco en diciembre.

Sigo trabajando en los plazos establecidos, pero esto es importante: el momento en que el gobierno decida poner en tramitación parlamentaria el proyecto depende de la definición política que tome el Presidente, pero mi trabajo como subsecretario es tener en disposición esa propuesta. Y por una razón muy simple: para que entre en régimen un nuevo sistema de financiamiento se requiere bastante tiempo.

¿Y en diciembre se le dará a conocer esa propuesta a la ciudadanía?

Esas son materias que tiene que definir el Presidente.

Entonces puede pasar que a fin de año la gente todavía no sepa del CAE.

Tenemos el compromiso de qué hacer una vez tengamos pacto tributario.

¿Pone plazos para la fijación de aranceles regulados?

Esperemos que la regulación arancelaria se complete durante el gobierno del Presidente Boric. Queremos darle certezas al sistema lo más rápido que podamos, de modo que las instituciones puedan proyectar su desarrollo. Esto ya se lo hemos comunicado al Consejo de Rectores (Cruch), con quienes hemos tenido un diálogo fluido.

También tiene que conversar con el mundo parlamentario para esta modernización del financiamiento porque al final todo es político. ¿Ve que se podrá avanzar?

Sí, lo veo. Es más, diría que en los diálogos con distintos sectores nos damos cuenta que discusiones que en algún rato parecían cargadas de ideología, hoy veo un espacio más transversal de acuerdo. En este diálogo no sólo veo posibilidades de un mayor consenso, sino también conciencia de la responsabilidad que tiene la educación superior con el país.

¿Están al tanto de las situaciones financieras de las universidades Austral, de Aysén y Bolivariana? ¿Hay riesgo de cierres?

En estas situaciones siempre hay un componente que obedece naturalmente a la gestión y el organismo fiscalizador es la Superintendencia y está actuando. Pero también hay un componente estructural que tiene que ver las políticas, tanto de financiamiento como públicas, que llevaron a entender la educación superior como una actividad comercial y la debilitaron en regiones, o a una serie de proyectos con menor densidad académica, o a grupos controladores que van y vienen y se produce inestabilidad. En el caso de las universidades Austral y de Aysén, no contemplamos, ni como mera hipótesis, el cierre. Respecto de la Bolivariana, que no recibe aportes institucionales ni está dentro del Cruch, prefiero que se pronuncie la Superintendencia.

¿Cómo tomó la acusación en contra de Carlos Ruiz?

Siempre las situaciones de violencia producen dolor, sobre todo aquellas que tienen que ver con la violencia de género. Tenemos que condenar todas esas situaciones. Los lineamientos del gobierno respecto de ese caso los ha dado la ministra Orellana y me corresponde sumarme. Eso es lo que puedo decir como subsecretario.

¿Pero ha conversado con él? Hoy todos lo desconocen.

No he vuelto a conversar con Carlos desde abril de 2021 y me sumo al planteamiento del gobierno con la condena de los hechos de violencia.